La vulnerabilidad socioeconómica, familiar y afectiva no fue impedimento sino acaso una “ventaja” para una expareja de españoles que, a través de la organización Remar en la ciudad de Río Cuarto, sometió a 11 personas a trabajos forzosos, hecho por el cual fue condenada. Las víctimas recibirán 11 millones de pesos en total como resarcimiento.
Pedro Gómez Martín (60) y su expareja María Maite Varela Lorenzo (56) habían sido imputados por el delito de trata de mayores y menores de edad con fines de explotación laboral, mediante amenazas y coerciones, abuso de autoridad, abuso de situación de vulnerabilidad y por haberse consumado la explotación. En el caso de Gómez Martín, se agravó por la cantidad de víctimas y por ser ministro de culto (“pastor”).
El Tribunal Oral Federal N° 2 de la ciudad de Córdoba los absolvió en 2022. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal apeló ante la Cámara de Casación Penal y la causa recayó nuevamente en el mismo tribunal, que realizó un reciente juicio abreviado.
El fiscal general Carlos Gonella y las defensas de los españoles celebraron un acuerdo, ya no bajo la figura de trata de personas –sobre la que el acusador discrepó– sino de trabajos forzados. Argumentó que las pruebas no eran suficientes para mantener la imputación original y resaltó que las víctimas fueron engañadas y/o defraudadas en un contexto de necesidades y/o adicciones (algunas, incluso, derivadas a Remar por el Estado) con un fin económico.
Remar Río Cuarto, la ONG utilizada
La causa comenzó a partir de la denuncia de la sede Río Cuarto del Ministerio de Justicia de Córdoba, luego de que una mujer, una exinterna de Remar, solicitara asesoramiento en 2014.
Relató que en Remar Río Cuarto la sometieron a tratos inhumanos, con la aplicación de “castigos”, como negarle comida para su subsistencia, privarla de su libertad y retenerle el DNI y la credencial para poder cobrar un subsidio.
Contó que la alojaron en una quinta junto con 28 mujeres, algunas con sus pequeños hijos. Denunció que si a las familias de las “internas” les enviaban dinero, ninguna lo recibía porque se lo apropiaban el “pastor” Gómez o Varela Lorenzo. Dijo que Remar la envió al Nuevo Hospital de Río Cuarto para cuidar a una “interna” (que iba a dar a luz), por lo que pudo exponer su situación al responsable del Plan Nacer del centro de salud, que la ayudó a presentarse ante el Ministerio.
A través de una investigación, se comprobó que Remar es una ONG internacional evangélica (por entonces a cargo de los españoles en la sede de Río Cuarto), con una oficina en Roca 883 (donde funcionaba, además, una mueblería), el Lavadero Remar (en Alsina y Lamadrid), un hogar reformatorio (Alsina 737) y centros de rehabilitación en las rutas nacionales 8 y 158.
El Ministerio de Salud confirmó que Remar Río Cuarto no había sido habilitada como establecimiento de asistencia a drogadictos y que no impartía tratamientos, sino sólo se brindaba ayuda espiritual/religiosa.
El testimonio de una “interna” fue clave para la pesquisa. Relató que, debido a su drogadicción, recibió consejos sobre cómo afrontar su situación, pero que pudo corroborar una serie de reglas estrictas y punitivas que debía seguir en la ONG. Recordó que las mujeres estaban muy limitadas en su libertad, ya que si salían al hospital, siempre lo hacían acompañadas por alguien, y los permisos eran muy restringidos. Indicó que “internas” eran maltratadas psicológicamente, entre ellas, el caso de una a la que habían amenazado con separarla de sus hijos.
También manifestó que experimentó abuso de poder y maltrato y añadió que retenían el dinero de los “internos”, a la par que los imputados cobraban y utilizaban sus fondos de asignaciones sociales para cubrir gastos del centro.
Contó que les exigían trabajos de limpieza en la casa de los encargados o en la granja de la institución, en negocios vinculados con Remar (lavadero y mueblería, etcétera), sin pagarles. Destacó las condiciones de hacinamiento del centro, la diferencia entre el “lujo” del que disfrutaban los españoles en su casa, que vivían del trabajo de los demás y de las donaciones.
Se allanaron el lavadero y las otras sedes, donde encontraron a mujeres mayores y menores de edad y a otras personas. En una de las dependencias, las autoridades hallaron sospechosamente 36 DNI y una cédula de identidad. También detectaron otro inmueble, en la ruta 36, con más mujeres y menores.
Los relatos de las víctimas son coincidentes en las condiciones que debieron vivir: desde pasar frío; ser acechados por ratas; ser sometidos a un férreo control; prohibirles comunicarse con otros; intervenir sus finanzas personales y controlarles los elementos de higiene personal.
Una mujer denunció que la explotaron laboralmente y que la recaudación iba para los “pastores”. Cuando pidió irse, dijo que la abandonaron en una ruta sin dinero ni otros recursos.
El sistema del “diezmo”
Los españoles habían montado un sistema de “diezmo”, con plena vigencia desde los tres meses de ingreso. Consistía en quitarles a los “internos” un porcentaje de las asignaciones o pensiones que percibían. Una de las víctimas contó que la ONG se sostenía con el “diezmo”, con donaciones y con el trabajo de los allí alojados.
Otro alojado contó que el “pastor” y su pareja les ponían trabas cuando querían irse o reunirse con sus familias, y hasta los castigaban por pequeñas faltas obligándolos a estar de pie mirando una pared durante largos períodos. Refirió que la comida era escasa, no así para los encargados, que tenían acceso a mejores alimentos y comodidades.
Otra víctima aludió que eran obligados a lavar los platos, preparar el almuerzo y la cena, y que a algunas mujeres, como “castigo”, se las forzaba a ponerles pañales de tela a sus hijos en vez de descartables.
Un vecino de la ONG declaró que tuvo una mala relación con el español por el volumen de la música religiosa que era reiterado, las explotaciones laborales, y hasta del contraste entre las posesiones materiales de los imputados y la vida de los “internos”. Declaró que él terminó mudándose porque la situación lo afectó psicológicamente.
Los investigadores detectaron que Remar también tenía una carpintería, en Pringles 830, donde hallaron a 21 hombres, que trabajaban de 8.30 a 19, con intervalos para almorzar. El lugar contaba con poca limpieza, mucho desorden y habitaciones en pésimas condiciones.
El Ministerio de Trabajo confirmó que los “trabajadores” no estaban en relación de dependencia sino que todos dijeron ser “voluntarios”.
En otra sede de la ONG, en Roca 883, las mujeres halladas contaron que se cuidaban entre ellas y el clima comunitario era positivo. Sin embargo, la Subsecretaría de Asistencia y Trata de Personas concluyó que en Remar se había detectado una grave situación de vulnerabilidad económica, familiar y emocional de varios “internos” (algunos, judicializados).
Confirmaron que las víctimas habían sido disciplinadas y coaccionadas psicológicamente, desalentando la inserción en el sistema escolar y la vinculación con otros. Los “internos”, según el informe, estaban sometidos a una “lógica de dominación” impuesta por los imputados.
Condena por trabajos forzosos
La jueza Carolina Prado compartió el cambio de calificación propiciado por el fiscal (de trata a trabajos forzosos) y condenó a la expareja a tres años de condicional. Gómez Martín, además, deberá pagarles a las 11 víctimas $ 11 millones (en total).
“Los acusados obligaban a las víctimas a realizar trabajos y/o servicios, bajo violencia psíquica o amenaza de sufrir un daño o menoscabo, con un salario mínimo o a veces incluso sin percibir salario alguno. La situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas fue aprovechada por los imputados para ‘obligarlas’, bajo pena, a realizar ciertas tareas”, subrayó la magistrada.
“Fue probado que, por su situación de fragilidad (a causa de su edad, limitada instrucción, adicciones, precariedad y pobreza, historias de vida, etcétera), las víctimas tenían viciada su voluntad, lo que sumado a las amenazas que les profesaban los imputados y su poder de dominio sobre las víctimas —en particular, dada su condición de pastores o referentes dentro de la institución—, hizo que ellas no tuvieran otra alternativa real y aceptable que someterse al régimen que allí regía y realizar los trabajos y/o prestar los servicios que los nombrados les imponían”, remarcó.
“Los acusados obtenían un beneficio económico del trabajo o servicio que, de manera obligada, realizaban las víctimas, retenían su dinero y hasta controlaban y limitaban su libertad de movimiento”, concluyó.
