El comisario retirado Pablo Márquez fue condenado a tres años de prisión porque ordenó "ilegalmente que se realicen prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios".
Así se lee en los fundamentos del fallo de la Cámara 6ª del Crimen, que en juicio por jurados populares lo envió a la cárcel por haber ordenado a sus subordinados detenciones arbitarias de modo de mejorar las estadísticas de su dependencia.
Lo hacía, además, sin dejar constancia, "ya que las órdenes eran dadas en forma verbal y por frecuencia radial". Quienes seguían su criterio eran premiados; quienes no lo hacían, sufrían recargas de horarios y otras coacciones.
En concreto, fue condenado por varios hechos de abuso de autoridad continuado y coacción continuada. Además, se pide investigar las responsabilidades que, al momentos de los hechos (entre marzo y noviembre de 2011), puede haber tenido la cúpula policial, en aquel entonces comandada por Alejo Paredes.
La Cámara 6ª recomendó investigar a los "oficiales superiores y subalternos" de Márquez para "así separar los buenos de los malos; paso necesario pero no suficiente para producir cambios" en la fuerza de seguridad.
Los jueces Julio Guerrero Marín, Daniel Ottonello y Adriana Carranza entendieron que durante el juicio "ha quedado mostrado y demostrado que los mandos jerárquicos conocían de estas prácticas policiales ocultas, determinantes en la transmisión de valores y hábitos ajenos a un estado social y democrático de derecho".
- LA CONDENA. El fallo completo en PDF.
Detenciones arbitrarias
El tribunal destacó que Márquez "ordenaba a sus subordinados que realizarán aprehensiones de ciudadanos, aún sin causa, mediante la aplicación de distintas figuras del Código de Faltas (ley 8431), siendo las más usadas el merodeo, el escándalo en la vía pública y la ingesta de bebidas alcohólicas".
"La presión ejercida por el comisario Márquez sobre su personal era tal, que el que no cumplía con lo ordenado por él, sufría -a modo de sanción- recarga horaria, en tanto aquellos que sí lo hacían, eran premiados con francos compensatorios", se lee en los fundamentos difundidos este jueves.
Los jueces y jurados que lo condenaron sostuvieron que está probado que Márquez "reconocía" a quienes seguían sus órdenes ilegales "diplomas que se exhibían en la comisaría; donde había, a su vez, un cuadro de honor de la dupla policial destacada del mes -por la cantidad de detenidos, que con o sin causa habían logrado en dicho período".
"En efecto, se ha acreditado que el nombrado daba órdenes ilegales a sus subordinados, a quienes les exigía aprehensiones por el Código de Faltas, hubiera motivos o no para ello. También, ha quedado probado que el incoado Márquez aplicaba a modo de sanción recargas horarias a quienes no cumplían con dicha orden", se agrega en el fallo.
Funcionario público y prácticas totalitarias
El juez Daniel Ottonello, quien fundamentó la condena, consideró que Márquez, "ostentando la especial calidad de funcionario público -requerida para el tipo penal por ser un delito especial propio, traicionó la confianza depositada en él, empleando la autoridad recibida como instrumento para violar la Constitución y las leyes, cuyo guardián celoso debería ser, repercutiendo negativamente en la administración pública".
Ottonello consideró que Márquez dispuso "ilegalmente que se realicen prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido y convirtió de esta forma las previsiones constitucionales y legales sobre el particular en meras proclamaciones vacías de contenido".
Los fundamentos se conocen un día después de que en la ciudad de Córdoba se realizara la novena Marcha de la Gorra, en contra de las detenciones arbitrarias de la Policía.
