Cuando yo era pibe, mi madre lavaba los platos calentando agua en una pava, usaba el horno sólo para ocasiones especiales y controlaba con celo cronométrico cuánto tardaba en bañarse cada integrante de la casa. Mi familia vivía entonces en un pueblo del interior en el que no había gas natural y donde el tubo de gas o la garrafa eran productos sumamente costosos.
El cuidado con el consumo del gas era casi vital: el mes que se acababa el tubo y había que reponerlo, seguro nos obligaba a cambiar las milanesas por bifes de hígado, a reducir las meriendas del cole a galletitas de agua y a remendar por enésima vez esas zapatillas que ya no daban más. El gas envasado era tan imprescindible como caro, al punto de que sólo las familias más pudientes de la ciudad lo usaban para calefaccionar sus viviendas.
Más de 40 años después, la situación es casi la misma. Pero el que ahora extrema los cuidados con el consumo del gas soy yo. Vivo con mi familia en una ciudad del Gran Córdoba que no tiene gas de red y los inviernos se pasan “quemando” leña para la salamandra y muchas frazadas a la hora de ir a dormir. Y el calefón se prende únicamente para la hora del baño. Cambiar el tubo de gas sale entre 4.300 y 4.800 pesos y alcanza para poco más de un mes, usándolo sólo para cocinar y calentar el agua de la ducha.
Lo mismo que le pasa a mi familia le sucede hoy a miles de hogares de la provincia de Córdoba que también carecen de gas natural. Y a millones en la Argentina. Y todos asistimos por estos días, casi con asombro –y algo de indignación–, a la discusión que se plantea a nivel nacional por la ley de “zonas frías”, que el jueves obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. El debate fino está centrado en qué departamentos de las distintas provincias ingresan en esa categoría.
El proyecto plantea una rebaja sustancial en la tarifa del gas natural para los hogares de regiones del país que en invierno padecen bajas temperaturas y beneficiará a más de tres millones de usuarios residenciales. La iniciativa parlamentaria suena acertada en un momento de crisis económica producto de la pandemia, y tras el fuerte ajuste tarifario dispuesto años anteriores.
Pero al mismo tiempo deja afuera de cualquier consideración a todas las familias que usan gas envasado. Según datos del Indec, el 33 por ciento de los hogares y el 40 por ciento de la población argentina no tienen acceso al gas de red. Se trata de casi cinco millones de viviendas y más de 15 millones de personas en todo el país, muchas en la provincia de Córdoba. En esos lugares, el costo mensual en gas envasado se lleva una porción demasiado importante de los presupuestos familiares, sobre todo cuando el almanaque ronda la mitad de cada año.
En lo que va de 2021, el precio de las garrafas y de los tubos ya aumentó tres veces. El envase de 10 kilos subió un 25 por ciento, y el de 45 kilos, casi 35 por ciento. Y nadie dijo nada. Nadie se preguntó por el impacto económico de esos incrementos en millones de familias, y tampoco nadie presentó un proyecto para morigerar ese efecto. Las “zonas heladas” de este país siguen y seguirán así, como si no existieran, pagando un costo enorme por un servicio del que carecen.
Mientras tanto, en casa –y en muchísimas más–, tal como lo hacía mi “vieja”, seguiremos lavando los platos calentando agua en una pava, usando el horno para ocasiones especiales y controlando con celo cronométrico el tiempo que tardamos en ducharnos.
