La Cámara 3° del Crimen de Córdoba comenzará este lunes el juicio contra cuatro acusados por la muerte trágica del adolescente Luciano Valentín Aranda, quien falleció electrocutado en enero de 2022 cuando jugaba a la pelota en una plaza de la ciudad junto a su hermano más pequeño y a sus amigos.
En el banquillo de los acusados estarán sentados Julio Sebastián Banegas, Hugo Roberto Chocobares, Ramón Edgardo Cuello y Marcos Ariel Farioli, todos funcionarios o empleados del Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Alumbrado Público de la Municipalidad de Córdoba.
Los imputados llegan a esta instancia acusados por el presunto delito de homicidio culposo, que prevé penas de uno a cinco años de prisión. Al frente estará la familia de la víctima, que se presenta como querellante en la causa, representada por el abogado Carlos Nayi.
Luciano Aranda y la crónica de una “muerte anunciada”
El desenlace de la vida de Luciano Aranda llegó en un momento inesperado, durante una actividad netamente recreativa que finalizó de la peor manera, el 25 de enero de 2022, en una plaza pública sin nombre ubicada en Tristán Achával Rodríguez 1953, en el corazón de barrio Alto Alberdi.
Luciano tenía 14 años y había salido de su casa junto a su hermano de 12 para jugar con algunos amigos. Cuando fue a buscar una pelota, el adolescente apoyó su mano en una columna de alumbrado público de la plaza y recibió una descarga eléctrica mortal. Su hermanito y sus amigos presenciaron atónitos la dramática escena.
La noticia conmocionó por ese entonces a Córdoba y expuso la precariedad del sistema de mantenimiento eléctrico en los espacios verdes y públicos.
El abogado querellante fue contundente al describir el hecho funesto que acabó con la vida del adolescente como una “muerte anunciada”, precisamente por el contexto que rodeó a la tragedia.
“Estamos frente a la crónica de una muerte anunciada, con un Estado ausente y una conducta arbitraria de parte de los funcionarios. Desde el año 2017, esa plaza pública donde iban a jugar cientos de niños era objeto de reiteradas quejas y reclamos por cables sueltos, luminarias que no encendían, malezas altas y ausencia de mantenimiento”, expresó el letrado.
Además –dijo Nayi– allí había una caja eléctrica en una de las luminarias, precisamente la del medio del terreno, la más próxima a la calle Ingeniero López, que exhibía toda su estructura “torcida”. Fue justamente en ese poste en el que Luciano se apoyó y recibió una fuerte descarga eléctrica.
Seguridad eléctrica y responsabilidades por la muerte de Luciano Aranda
La investigación judicial posterior al hecho trágico determinó que existieron graves omisiones funcionales en el control del alumbrado público de esa plaza de barrio Alberdi, de la ciudad de Córdoba.
Los informes internos del área municipal, según los expedientes que obran en la causa, ya advertían sobre desperfectos eléctricos sin los responsables adoptaran medidas preventivas.
“Cuatro son los funcionarios que llegan a juicio oral, todos acusados por el delito de homicidio culposo. Matar por imprudentes, por negligentes”, calificó Nayi en diálogo con La Voz.
Entre los acusados en el juicio se encuentran los empleados de la Municipalidad de Córdoba Julio Sebastián Banegas, Hugo Roberto Chocobares, Ramón Edgardo Cuello y Marcos Ariel Farioli.
Según la investigación judicial, estos agentes municipales fueron los que tenían a su cargo el control de las luminarias del sector donde se encuentra emplazado el espacio público.
Durante el juicio, el fiscal que actuará como acusador público será Martín Berger, y el tribunal será presidido por Leandro Ariel Quijada. Esta instancia judicial, que había sido postergada en febrero, comenzará finalmente este lunes 13 de octubre a las 9 de la mañana.
Luciano Aranda y una cadena de omisiones
Según pudo saber este diario, durante la investigación judicial se comprobó que el sistema eléctrico de la plaza estaba totalmente fuera de norma.
Los informes técnicos mencionaron la ausencia de cumplimiento de la Resolución N° 17 del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) del 25 de marzo de 2021, y de las normas AEA, IRAM e IEC que establecen parámetros de seguridad eléctrica para instalaciones públicas.
“Todo era irregular, absolutamente todo. Después de este evento se apagaron las luces de más de 600 plazas de la ciudad de Córdoba, porque todas estaban en infracción”, expresó el abogado querellante.
Y agregó: “Este juicio debe cuidar la función pública, y debe tener un fallo ejemplar para que no lo olvide la sociedad ni los funcionarios”. Para Nayi, la muerte de Luciano Aranda tiene que significar un “Nunca más a la negligencia pública”.
“Donde la ley colocó a estos cuatro operarios, como guardianes del espacio público, no se cumplieron las tareas. Cada uno tenía la función –y no el derecho, sino el deber– de prever, controlar, disponer de las medidas de resguardo”, sostuvo el letrado que representa a la familia.
Seguridad eléctrica: la clave del juicio por la muerte de Luciano Aranda
El trágico fallecimiento de Luciano se transformó también en un pedido social por un mayor control y mantenimiento del alumbrado público en Córdoba capital.
Según el expediente, la persona que revisó la luminaria que provocó la descarga fatal sólo había aprobado un curso básico de electricidad, dictado por el Instituto de Capacitación de la Municipalidad.
Esa formación, limitada a tareas de riesgo, fue uno de los elementos señalados por el fiscal durante la instrucción como parte de una cadena de negligencias que derivaron en la tragedia que tuvo como víctima a un adolescente de apenas 14 años.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ya había ratificado la elevación a juicio del caso al rechazar un recurso presentado por la defensa de los imputados, al considerar que “no se cumplió con las obligaciones de informar y realizar relevamientos semanales”, generando así “un riesgo penalmente relevante que resultó en la muerte de Luciano”.
