La Ley Micaela se llama así en homenaje a Micaela García, una joven de 21 años que fue víctima de femicidio en 2017. El autor del crimen, Sebastián Wagner, condenado a nueve años de prisión por la violación de dos mujeres, se encontraba en libertad condicional.
Aquel acontecimiento no fue un caso aislado: cada 30 horas una mujer es asesinada en nuestro país, y en el 60 por ciento de los casos el femicida es la pareja o expareja de la víctima, según un reciente informe del Observatorio de Feminicidios en Argentina a cargo de la ONG La Casa del Encuentro.
El movimiento y la conmoción social que generó el femicidio de Micaela puso en evidencia la necesidad de brindar una formación integral en género y violencia contra las mujeres, a los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, en todos los niveles.
En el caso del Poder Judicial, es esencial que las decisiones sean tomadas considerando los contextos particulares. Juzgar o intervenir con perspectiva de género favorece el acceso a la Justicia, disminuye barreras y evita la revictimización, lo que amplía derechos a la ciudadanía.
La capacitación obligatoria que recibe el Poder Judicial de Córdoba en el marco de la Ley Micaela consta de dos etapas, una teórica, a cargo de Oficina de la Mujer del Tribunal Superior que desarrolla capacitaciones sobre perspectiva de género: legislaciones, tratados y experiencias de expertos referidas al machismo y estereotipos. El segundo módulo es práctico, y está a cargo de la Oficina de Coordinación de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil, siendo su fin mostrar cómo se trabaja la temática en Córdoba.
Datos de la Oficina de la Mujer
Según datos de la Oficina de la Mujer, el 87 por ciento del personal judicial ha realizado las dos etapas obligatorias de la capacitación de Ley Micaela. Esto se calcula sobre el total de la planta ocupada a octubre de 2021, que asciende a 8.528 personas. El número total de personas que realizaron la capacitación es de 7.423.
La Oficina de la Mujer informó que esto significa que cumplieron con la capacitación obligatoria 2.552 magistrados/as y funcionarios/as, es decir, el 92 por ciento.
Agustina Olmedo, secretaria del Tribunal Superior a cargo de la Oficina de Coordinación de niñez, adolescencia, violencia familiar, género y penal juvenil, explicó que la importancia de la ley radica en su obligatoriedad. “Los operadores judiciales pueden advertir en casos que se presenta violencia de género y resolver conforme a los fundamentos que fueron capacitados a través de esta jornada, considerando los factores de género”, indicó Olmedo. “Capacitar a todos los operadores judiciales, permitió que esos casos fueran resueltos de una manera más justa. Porque consideraron este contexto, lo valoraron y resolvieron sus casos en este sentido también”, remarcó Agustina Olmedo.
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Gabriel Tavip, juez de Familia, explicó cómo la aplicación de la Ley Micaela implica la revisión de la propia práctica: “Todos nosotros hemos tenido que empezar a repensar prácticas, a remirar formas de hacer nuestro quehacer cotidiano, cuando se encuentran involucrados -directa, indirecta o circunstancialmente- cuestiones que hagan al género, a la violencia y a la forma de mirar el conflicto de una manera absolutamente diferente”.
“Esto -agregó- permite deconstruirnos y poder reconstruirnos en una mirada igualitaria no discriminatoria, por ninguna de las causas que históricamente se discriminaba, ya sea simbólica o concretamente”. Así, la ley permite dar cuenta de cómo se tenían incorporadas una serie de prácticas que importaban vulnerar lo que hoy se entiende como una desigualdad histórica.
La Oficina de la Mujer destaca que desde la implementación de la normativa se observó un gran impacto en la producción judicial y, particularmente dentro del área jurisdiccional. “A partir de la capacitación obligatoria comenzaron a dictarse más resoluciones con perspectiva de género y hubo más consultas de jurisprudencia especializada para aplicar en casos concretos”, indicó Ileana Guerrero, responsable de la oficina.
Guerrero detalló que su dependencia conformó un equipo de trabajo especializado en el tratamiento de las buenas prácticas para alimentar la base nacional de jurisprudencia de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Esa base contiene resoluciones de todas las jurisdicciones del país y constituye un insumo muy relevante para el desarrollo de la actividad judicial. “Es una herramienta de utilidad a la que pueden recurrir, en forma libre y gratuita, tanto quienes integran la magistratura como abogados y abogadas, para acceder a jurisprudencia nacional con perspectiva de género”, explicó Guerrero.
La revictimización es una problemática que debe ser abordada por la Justicia. ¿Cómo se trabaja en Córdoba? Así lo explica Agustina Olmedo: “En primer lugar con pautas de trabajo interdisciplinarias e interinstitucionales, y numerosos protocolos de actuación. En segundo lugar, otro de los modos de trabajo que implementó el Tribunal Superior implica la lectura de todos los expedientes en todos los fueros: tanto los funcionarios como los magistrados pueden leer el expediente que se tramita en el otro fuero”.
Esto último, agregó Olmedo, evita revictimizar a la víctima, estar informados y sobre todo no dictaminar resoluciones contrarias. “En tercer lugar, Córdoba cuenta con fiscalías y juzgados especializados en tratamiento de las temáticas de violencia de género y oficinas creadas por el Poder Judicial.”
Esta ley significa un gran avance como sociedad. Que el Poder Judicial, que es el encargado de impartir justicia, forme a sus funcionarios en género facilita el tránsito hacia una sociedad más igualitaria.
* Por Sofía Castoldi, Pablo Bertollo, Leandro Esquivel, Maira Galicia, Josefina Perassi, María del Rosarío Pizarro. Una producción especial de estudiantes del Colegio Universitario de Periodismo (CUP) y La Voz del Interior, por un mundo libre de cualquier tipo de violencias.
