La ley de promoción saludable o más conocida como ley de etiquetado frontal, tiene como primera fecha límite de aplicación el próximo 20 de agosto. La nueva normativa tiene por objetivo garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.
El mecanismo para cumplir esas metas será usar un etiquetado que brinde información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas, para promover la toma de decisiones asertivas. Los sellos estarán en el frente del envase e indicarán la presencia de excesos de componentes críticos.
A pesar de esa fecha límite, la normativa contempla solicitudes de prórroga con justificación para el cumplimiento de la ley. Hasta ahora, hay más de 2.500 pedidos de esta índole en todo el país, pedidas en su mayoría por grandes empresas y pymes.
A modo de previa, la Anmat lanzó una calculadora de sellos con la que es posible adelantar qué productos tendrán la presencia de los octógonos en su paquete.
En el recorrido que realiza La Voz por algunos supermercados de Córdoba a principios de mes, no se han identificado productos que presenten la información en los octógonos. A su vez, si se quieren leer los ingredientes y nutrientes que presenta cada producto se trata de una tarea ardua, ya que muchos tienen la información en lugares poco accesibles y con tipografía pequeña.
Que se logre la implementación de esta normativa implica un gran paso para que ciudadanas y ciudadanos puedan tomar decisiones informadas en torno a su nutrición.
Cuáles son los frenos
Las grandes empresas tuvieron la posibilidad de presentar sus informes y pedir la prórroga hasta fines del mes de julio. Las principales razones de justificación fueron tener tiempo para agotar las grandes cantidades de stock que tenían hasta el momento y tener más tiempo para hacer los cambios en cada envoltorio o etiqueta.
Lo que sucede es que las empresas no fabrican sus propios envoltorios, sino que se trata de un trabajo realizado por un proveedor especializado. Al no haber tanta cantidad de este tipo de empresas las que hay deben encargarse de muchas compañías y los tiempos de rediseño y fabricación de las nuevas etiquetas lleva su tiempo.
En ese sentido, el común denominador es que “es imposible que los proveedores de insumos y etiquetas pudieran adecuar los rótulos en el tiempo, dado que no hay capacidad instalada para cambiar todo junto y en tan poco tiempo”.
En el mercado, cerca de decenas de miles de productos serán los alcanzados por la ley, se habla de alrededor del 70 por ciento de los procesados. Esos casos tendrán la necesidad de cambiar su paquetería. Con ese volumen, desde las empresas plantean que es imposible cumplir con el primer plazo dado por la ley.
El trabajo de rediseño e impresión lleva tiempo y para hacerlo se hacen estudios previos relacionados con el arte.
La nueva fecha límite para quienes pidieron la extensión del plazo es febrero de 2023. Aun así desde las empresas afirman que no hay una fecha cierta de lanzamiento. Desde una de las principales empresas de bebidas de Córdoba advierten que el cambio será paulatino.
Otra entidad que adelanta el carácter del cambio es la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Córdoba (Casac), “que las empresas se acomoden a la normativa será muy gradual. Por nuestra parte, vamos a poner a disposición la infraestructura necesaria para la adecuación”, explica Luciana Blas, directora General de Casac.
Además, la entidad observa que hasta ahora no están llegando productos a ningún súper con el nuevo packaging.
En el contexto de recambio de productos, cada supermercado hará el control de que el producto afectado esté en los márgenes de la ley. En ese sentido, según la directora de Casac el proceso será informar e instruir para la tarea a los agentes de compras y gestores operativos por parte de la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia.
“La intención es acompañar el espíritu de la ley que a todos nos beneficia en la salud”, remarca Blas. “Por eso, proyectamos que ocurra lo que apunta la ley: que se promueva el consumo consciente de los clientes.”
El impacto y los posibles cambios en la conducta de los consumidores será evaluado más adelante, una vez que salgan los nuevos etiquetados.
Las pymes, por su parte tienen tiempo hasta mayo del año que viene para cumplir con la primera etapa, y siguen teniendo margen para solicitar la prórroga.
Ordenanza municipal
Actualmente, rige dentro de la ciudad de Córdoba una ordenanza para que productos que no se encuentren categorizados como frutas, frutos secos, productos libres de gluten, dietéticos y similares, no se exhiban en dentro de un radio de 3 (tres) metros de la caja registradora.
La normativa involucra a supermercados, hipermercados y farmacias. Se trata de una propuesta de la municipalidad de Córdoba y controlada por la misma hace más de un año, aunque se replica en otras provincias. “Hoy observamos que se cumple en todos los establecimientos a los que alcanza la ley”, dice Blas.
