La Legislatura de Córdoba aprobó por mayoría, durante la noche del miércoles, el proyecto de ley de implementación de la “Gestión integrada de cuencas” que tiene como finalidad un nuevo enfoque integral de las cuencas hídricas, claves para el mapa del agua en Córdoba, y apunta al “desarrollo sostenible de la producción agropecuaria”.
Uno de los objetivos que plantea la reciente norma es fomentar un cambio cultural en los sistemas de producción agropecuaria, con criterios de sustentabilidad, incluyendo la medición de variables productivas, sociales y ambientales. Comprende el diagnóstico, la planificación, la gestión de recursos y la ejecución de obras e infraestructura.
Desde los inicios de la discusión legislativa, el Foro Ambiental Córdoba (FAC) y la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam) expusieron reparos y reclamaron formar parte de la discusión porque consideran que no es posible una gestión integrada de cuencas sin proteger la vegetación nativa de las cabeceras en las Sierras, y no menciona la cuestión ambiental y protección de boques nativos.
Algo que también plantean diferentes investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba, quienes presentaron sus inquietudes, mediante una carta, al presidente de la Legislatura, Manuel Calvo, porque infieren que no contempla a las cuencas hídricas como sistemas hidro(bio)-sociales que requieren una gestión enfocada en la sostenibilidad de la vida y en la distribución equitativa de este bien común.
Y por el contrario, “el manejo de las cuencas hídricas centrado en torno al interés productivo, pone en riesgo su funcionamiento ecosistémico y las contribuciones de la naturaleza que éstas proveen. Este nuevo ente ‘Autoridad de Cuencas’ está integrado con mayoría de miembros de sectores productivos, cuyo objetivo principal es lograr el máximo nivel de aprovechamiento sustentable de los recursos disponibles (artículo 12)”, advierten los firmantes Silvana Halac, del Centro de Investigaciones de Ciencias de la Tierra (Conicet-UNC), María Victoria Vaieretti, investigadora adjunta del Conicet, Marcos Tatián, del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (Conicet-UNC), Eliana Lacombe, coordinadora del área Ambiente, Sociedad y Territorios de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Paula Marcora, investigadora adjunta del Conicet, Gilda Collo, de la Comisión Socioambiental del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (Conicet-UNC), Luciana Torre del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (Conicet-UNC), Hebe A. Carreras, directora del IMBIV(Conicet-UNC), Natalia Perez Harguindeguy, vicedirectora del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-Conicet-UNC) y Valeria Brusco, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC.
A la vez, remarcan que este enfoque sumado a la derogación de los comités de cuencas preexistentes (artículo 11) son aspectos que resultan “muy preocupantes” a los fines de considerar un manejo sostenible de las cuencas como territorios hidro(bio)-sociales. Y “en el contexto de crisis hídrica que atraviesa la provincia de Córdoba, señalamos la necesidad urgente de realizar una planificación del uso integral de las cuencas hídricas provinciales, centradas en la preservación y cuidado de las mismas con la participación activa de la ciudadanía”, afirman.
También agregan que este punto es de suma importancia, ya que “discutir de forma apresurada y sin participación ciudadana” leyes de tal envergadura para la sociedad y las sostenibilidad de la vida en el futuro próximo y a mediano plazo, resulta contrario a las legislaciones ambientales provinciales, nacionales e internacionales vigentes, y “constituye un atropello a los derechos de la ciudadanía”.
Por que la “protección y gestión integral de las cuencas hídricas resulta un tema central para garantizar la sostenibilidad de toda la vida en la Tierra. El agua no sólo es un recurso sino fundamentalmente un bien común cuya equitativa distribución y consumo responsable, debe ser garantizado por el Estado con absoluta transparencia y participación ciudadana y de ningún modo puede quedar en manos de Agencias ni autoridades de aplicación con foco en la producción”.
Y “los planes de gestión de las áreas protegidas que resguardan las cuencas hídricas, cumplen muchas de las funciones propuestas por los proyectos de ley aquí mencionados, por lo cual garantizar la ejecución de dichos planes permitirá un manejo integral y participativo de las cuencas”.
Por último, “manifestamos nuestra disposición e interés en aportar en la elaboración de un proyecto de ley participativo centrado en el cuidado de las cuencas hídricas y en la distribución equitativa de este bien común”.
Sobre la ley
El ingeniero Marcos Blanda, secretario de Agricultura de la Provincia, indicó a La Voz que no se trata de reemplazar un sistema legal por otro sino de mejorar el trabajo que ya se viene haciendo y darle un nuevo encuadre normativo. Y aclaró que el proyecto en debate no es sobre las cuencas de los embalses serranos.
“Estamos definiendo un territorio que hace tiempo lo venimos utilizando en emergencia agropecuaria, cuando es por anegamiento, en la conformación de los consorcios de suelo, en la conformación de los consorcios canaleros, en la conformación de la ley agroforestal”, afirmó la semana pasada.
A la vez, remarcó que la finalidad es sobre “el agua que llueve”, que se infiltra en los campos, que hace los caminos intransitables, para que los excesos hídricos sean conducidos de una forma ordenada, y no a través de los caminos.
De este modo, negó que tenga impacto sobre las cuencas serranas.
