Todos los protagonistas del mercado inmobiliario desconocen el rumbo que tomará el Gobierno nacional respecto de la Ley de Alquileres. Mientras tanto, las versiones que marcan que la Casa Rosada decidirá suspender la actual normativa vigente toma cada vez más cuerpo pero no llegan a materializarse lo que genera incertidumbre en el sector
Frente a este escenario inestable, corredores inmobiliarios, inquilinos y propietarios por estas horas ven como algunas operaciones comienzan a frenarse a la espera de la introducción de cambios o la suspensión por 180 días de la actual normativa, como señalan algunas versiones.
El titular de la asociación Inquilinos Córdoba, Maximiliano Vittar, fue crítico con la falta de definiciones y el compás de espera que se produjo por la filtración del posible anuncio por parte del ministro de Economía, Sergio Massa. “Esto de no saber cómo serán los cambios genera un conflicto en un sector sensible como es la vivienda y la gente que alquila”, dijo el referente.
“En esta coyuntura -apuntó Vittar- la gente que estaba firmando o ingresando no sabe a qué precio lo hace. La gente no sabe si se muda o no. Después esto no avanza y genera tensión en el sector y siempre la parte más desfavorecida de la relación es el inquilino”.
Para Lucas Bergo, titular Cámara de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba (Cacic), la posibilidad de un anuncio tiene un doble impacto. “Recibimos la noticia con expectativa por que los sectores coinciden en la necesidad de un cambio y esta ley hizo mucho daño al mercado y por otro lado con mucha cautela”, dijo el dirigente.
Y agregó: “Hasta el momento es una intención pero no estuvo acompañada con información precisa y oficial. Es necesario entender cuál es el proyecto y la alternativa”.
Paso seguido advirtió sobre el impacto negativo que causa que el anuncio no se concrete. “Esto genera una parálisis en la actividad. No se puede dejar la ventana abierta mucho tiempo. Hay contratos que se iban a firmar esta semana y quedaron en stand by y frente a esta situación”, apuntó Bergo en coincidencia con Vittar.
Críticas
Todos los sectores se quejan de algunos aspectos de la ley vigente. Coinciden en líneas generales, pero por diferentes razones la normativa fracasó.
Los puntos más criticados son: la extensión de dos a tres años de los contratos de alquiler; la actualización anual y la obligación de declarar ante la Afip los contratos.
Los propietarios critican el primero porque bloquean la disponibilidad del bien por tres años. Mientras que para los inquilinos implica un desembolso mayor a la hora de ingresar ya que las comisiones se calculan en función de los tres años.
La actualización anual regulada tiene si se quiere una ventaja contempla la inflación y la actualización salarial. Este año la suba de ese indicador estuvo por debajo de la inflación anual. En abril se espera que ese índice llegue al 92 por ciento, mientras la inflación desde febrero ya supera el 100 por ciento anual. No obstante, el salto de un año a otro tiene un impacto brutal en el bolsillo de los inquilinos.
Frente a la imposibilidad de actualizar semestralmente -como se hacía con la anterior ley- los precios iniciales se dispararon y generaron una contracción en la oferta de viviendas
Solo como ejemplo: a principio de año, el alquiler de un departamento en Nueva Córdoba, la unidad modelo para tomar la temperatura del mercado cordobés, estuvo por encima de los 100 mil pesos.
Vigencia
La actual ley comenzó a gestarse a fines del 2019, impulsada por el legislador del PRO, Daniel Lipovetzky. Ese año recibió la media sanción de la Cámara de Diputados. Meses más tarde, durante el Gobierno de Alberto Fernández, se completó su aprobación en la Cámara de Senadores.
Durante la pandemia se aplicó un régimen especial que hizo que recién en 2022 tuviera vigencia plena.
