Los ciberdelitos avanzan sin freno y de manera sostenida a nivel mundial. Córdoba, como el resto del país, no son la excepción. En un escenario cada vez más digitalizado, los delitos informáticos se transformaron en una amenaza silenciosa, invisible y de un crecimiento exponencial en el último tiempo.
Así lo advirtieron referentes del ámbito académico y técnico durante la segunda edición de la Córdoba Cybersecurity Conference 2025, realizada en el campus de la Universidad Siglo 21 recientemente.
Luciano Monchiero, director de la Especialización en Cibercrimen de esa casa de estudios, explicó a La Voz que las estafas digitales siguen siendo una preocupación central para la ciudadanía y las instituciones.
“No solo hablamos del robo de datos de tarjetas o de créditos fraudulentos: hoy enfrentamos modalidades más sofisticadas, como el uso de inteligencia artificial para suplantar identidades”, alertó Monchiero sobre una realidad que avanza tan rápido como la tecnología o el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).
Una de las técnicas más peligrosas en auge es el deepfake, que permite simular rostros, voces y comportamientos humanos con una precisión inquietante.
Esta tecnología, impulsada por herramientas de IA, ya fue utilizada en la Argentina para abrir cuentas bancarias falsas y evadir los controles biométricos exigidos por las entidades financieras.
“Estas simulaciones usan imágenes o videos robados de personas reales. Cuando el banco solicita verificación facial o de voz, los delincuentes utilizan este material adulterado y superan los filtros de seguridad. Lo llamamos ‘bypassear’ en la jerga técnica”, explicó Monchiero.
La deepfake está en todos lados y no solo se da en este tipo de delitos, sino también puede generar un daño o usarse en otros ámbitos, como la política. En estos casos, por ejemplo, recientemente en Córdoba fue utilizado por el diputado nacional por Rodrigo de Loredo, con un video falso del gobernador Martín Llaryora que levantó controversias.
También otro caso emblemático del uso político de deepfake fue contra el expresidente Mauricio Macri en plena campaña electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en mayo pasado, por posteos de militantes libertarios.
Existe también en Córdoba una causa judicial por el uso de una deepfake en un ámbito estudiantil: un joven trucó las imágenes del rostro de compañeras de colegio y las subió a sitios pornográficos. El caso fue calificado como de “violencia digital de género”.
Inteligencia artificial al servicio del delito
El especialista detalló que la IA puede ser una aliada, pero también potencia los riesgos.
“Existen aplicaciones que impiden crear imágenes falsas por razones éticas, pero otras no hacen ningún filtro. Así se generan videos o avatares con la apariencia de una persona real, lo que pone en jaque la protección de datos personales”, indicó.
Ante esta problemática, planteó que es necesario que la sociedad aprenda a anticiparse: “Debemos hablar de amenazas invisibles. La ciudadanía tiene que capacitarse, informarse en medios, escuchar especialistas. El conocimiento es clave para prevenir”.
Aunque no existen estadísticas oficiales en Argentina sobre el impacto económico del cibercrimen, Monchiero citó un informe del Federal Bureau of Investigation (FBI) que mostró que las ciberestafas crecieron un 65% en 2023.
“Se estima que en 2024 ese aumento podría llegar al 80%. Córdoba no está exenta. Aunque no podamos dar un número local concreto, estos datos sirven para tener dimensión del fenómeno”, puntualizó Monchiero. Y aclaró que estas cifras van en ascenso.
Una nueva fiscalía especializada y el rol del Estado
El crecimiento del cibercrimen en Córdoba se vio reflejado también en decisiones institucionales. Por ejemplo, el anuncio del gobernador Martín Llaryora de hace unos meses para la creación de una nueva Fiscalía de Cibercrimen.
“Ese pedido no es casualidad. Es el reflejo de una demanda concreta. Las estafas digitales están generando enormes pérdidas y afectan la confianza pública”, apuntó Monchiero.
Otro dato alarmante y que siempre preocupa a los especialistas es que ya no se requieren conocimientos avanzados en informática para cometer delitos digitales.
“Antes se necesitaba un hacker profesional. Hoy cualquiera, con un teléfono, puede simular ser del banco o de una empresa de telecomunicaciones, y engañar a una víctima. Es gente que trabaja 24/7 buscando sacar ventaja y se perfecciona en el arte del engaño”, detalló el experto.
En este contexto, Monchiero remarcó la importancia de establecer políticas públicas claras, sostenidas y articuladas: “Si no hay normativa actualizada ni acciones desde el Estado, se vuelve muy difícil contrarrestar esta amenaza”, advirtió.
Los adultos mayores, principales víctimas del fraude digital
La brecha digital se profundiza en los sectores más vulnerables. Las personas mayores de 50 años y ni hablar las de más 60, que no crecieron con la tecnología, son los blancos más frecuentes de las estafas. Esto, en muchos casos, se incrementa, porque no tienen quién los ayude o les enseñe.
“No tienen la misma adaptabilidad que los jóvenes. Por eso es clave trabajar en familia. Si un adolescente sabe configurar un celular, que le enseñe al adulto mayor que hay en la casa”, propuso el especialista como una de las herramientas sencillas que se puedan usar para empezar a protegerse.
Ante estos hechos cada vez más frecuentes, desde la Universidad Siglo 21 impulsan un programa llamado “Servicio a la Comunidad”, que incluye charlas de prevención en colegios, municipalidades y organismos públicos. “Tratamos de llegar a la gente con herramientas prácticas. Pero sin políticas públicas, la ciudadanía no sabe dónde acudir cuando es víctima”, remarcó Monchiero.
Jóvenes entre 20 y 30: preparados, pero expuestos
Respecto a la franja etaria de jóvenes, Monchiero señaló que tienen mayores competencias digitales, pero también están más expuestos a riesgos, como las apuestas online.
“Saben configurar celulares y ayudar a sus padres, pero también muchos están atrapados en entornos peligrosos. Estos espacios buscan formarlos no solo en habilidades, sino en responsabilidad digital”, explicó.
Marcela Tello, vicerrectora de Innovación, Investigación y Posgrado de la Universidad Siglo 21, complementó esta visión: “La alfabetización digital no es solo técnica. También hay que enseñar el impacto ético y social de las tecnologías. Desde la universidad, trabajamos con municipios y escuelas para acercar estos conocimientos a toda la comunidad”.
Normas desactualizadas y leyes que no alcanzan
Uno de los mayores problemas en Argentina y en Córdoba es la falta de una legislación moderna en materia de ciberseguridad y protección de datos.
Monchiero destacó los avances que se realizaron en países como Chile y Brasil, donde las empresas están obligadas por ley a implementar protocolos y reportar vulnerabilidades.
“En Córdoba tenemos la Ley 10.222, en la que colaboré. También participé en la reciente ley de ludopatía en menores. Pero necesitamos actualizar estas leyes y transformarlas en planes estratégicos que articulen a los ministerios de Educación, Seguridad y al Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Monchiero.
Según pudo conocer este diario, existieron acercamientos por parte de privados para implementar una Identidad Digital Única. Respecto a esta idea que contempla el acceso biométrico a servicios públicos y privados, Monchiero fue enfático: “No estamos preparados. Sin una ley sólida de protección de datos, se corre el riesgo de que una persona malintencionada cree un avatar tuyo con IA y acceda a tus cuentas de Apross, de Epec, a tu homebanking o a una plataforma de apuestas”, sostuvo.
Uso excesivo de claves y exposición de datos personales
El exceso de usuarios y de contraseñas también expone a los ciudadanos.
“Todos usamos cientos de claves que muchas veces repetimos. Si una se filtra, se compromete toda nuestra información”, advirtió. Para reducir los riesgos, recomendó el uso de autenticación en dos pasos y tokens de seguridad, aunque reconoció que no hay un método que sea 100% infalible.
Además, alertó sobre el desconocimiento del ciudadano respecto a qué datos entrega y a quién. “Descargamos aplicaciones sin saber si están en Argentina o en otro país, sin leer términos ni condiciones. Y muchas veces esas apps nos monitorean permanentemente”, señaló.
Cómo educar y concientizar a la sociedad
Uno de los ejes del evento fue justamente la concientización. “En estos espacios, no hablamos en jerga técnica. Tratamos de llegar a la ciudadanía, a las empresas, al sector público y privado. Porque si no hay una mirada integral, es imposible combatir esta amenaza”, sostuvo Monchiero.
En tanto, Marcela Tello remarcó la necesidad de articular a todos los actores: “Los ciberataques no se pueden abordar de forma aislada. Son amenazas estructurales y globales. Requieren sinergia entre Estado, academia, empresas y organismos internacionales”.
Según explicó, la Córdoba Cybersecurity Conference nació en 2024 con apoyo del ecosistema público-privado. “Detectamos que la ciberseguridad era vista como un tema técnico e inabordable. Hoy, con la IA y las estafas cotidianas, es urgente ponerlo en agenda”, indicó.
La Universidad Siglo 21 lleva casi una década desarrollando programas específicos en cibercrimen, seguridad informática y criminología. “Tenemos más de 10 programas de formación continua, carreras de grado y posgrados, incluyendo la especialización y una maestría en Criminología”, detalló Tello.
Además, trabajan en conjunto con Interpol y Europol, y el año pasado llevaron docentes y estudiantes a la Academia Global en Singapur. “No es solo formación. Es vinculación, investigación, redes. El conocimiento tiene que circular. Eso es lo que permite abordar la complejidad de estos fenómenos”, afirmó.
Talleres, acciones y formación para las fuerzas de seguridad
Durante el evento, también se realizaron talleres cerrados para policías, gendarmes y fiscales. Uno estuvo a cargo de un agente de Europol, especialista en ciberdelitos. “Estas oportunidades no se presentan todos los días. Es formación directa para quienes tienen que intervenir ante un delito”, aseguró Tello.
También en junio, un criminólogo puertorriqueño que asesora al FBI estuvo en Córdoba en una reunión privada con estudiantes, camaristas, jueces y miembros de fuerzas de seguridad. “Trabajamos con los gobiernos, no solo de Córdoba, y con empresas privadas. Aunque a estas últimas les cuesta admitir vulnerabilidades, es necesario romper con el tabú. Nadie está exento”, planteó.
No es noticia que la problemática está creciendo y que cada vez más cerca suceden casos. Ante esto, ambos especialistas advierten que la ciberseguridad debe ser una política de Estado, con mirada federal y acciones articuladas. “Argentina necesita una ley de protección de datos moderna y una estrategia nacional de prevención. Solo así se podrá proteger de verdad a la ciudadanía”, argumentó Monchiero.
