Dos de los abogados querellantes que dieron este martes su alegato pidieron una mayor severidad en las penas para los funcionarios imputados en la causa del hospital Neonatal. El juicio oral y público, que se tramita en la Cámara Séptima del Crimen de la ciudad de Córdoba, investiga la muerte de cinco bebés y presuntas lesiones en ocho recién nacidos en ese centro de salud de la Capital provincial.
La defensora pública Ana Pagliano, que representa a tres bebés sobrevivientes y un fallecido, solicitó mediante una cautelar que se dicte la prisión preventiva de los imputados, en caso de que se confirme la condena.
Pagliano fundamentó su pedido debido a que en el juicio se comprobó que las entonces autoridades del hospital y los máximos representantes del Ministerio de Salud de Córdoba entorpecieron la investigación. Esto sería un indicio de posible peligro de fuga, en caso de que se confirmen las condenas a los imputados por falsedad ideológica y encubrimiento agravado.
Pagliano fundamentó el peligro de fuga con detalles que surgieron de las intervenciones telefónicas realizadas en agosto del 2022, cuando el fiscal Raúl Garzón estaba investigando. “De esas intervenciones surge que ya estaban pretendiendo ocultar cosas y no aportar datos para que la verdad se esclarezca”, dijo la defensora pública a La Voz.
De confirmarse este pedido de la cautelar, una vez que el jurado se pronuncie, algunos imputados podrían ir a la cárcel en prisión preventiva, en el caso de que se establezca una condena y penas efectivas, sea el monto que sea.
Esto le quitaría la posibilidad a los imputados de quedar en libertad hasta que la sentencia quede firme. Es decir, podría terminar este juicio oral y público con imputados detenidos. Lo más probable es que la defensa de los imputados impugne el fallo y entonces deba decidir el Tribunal Superior de Justicia.
Pagliano fundó su petición en el peligro procesal que tiene como precedente un fallo del TSJ en el denominado “autos González”.
Violencia institucional
A pedido de las familias que representa, Pagliano solicitó una mayor severidad en las penas y que estas sean de ejecución efectiva. En este sentido, coincidió con las calificaciones legales realizadas por la Fiscalía de Instrucción (ya que el fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno, había dispuesto la absolución de la doctora María Alejandra Luján en el delito de falsedad ideológica). Además solicitó una mayor severidad en las penas, esto, a criterio del Tribunal. Que sean los jueces los que decidan el monto de la pena.
Pagliano es defensora pública de los derechos de niños y niñas. Y además es querellante particular en el caso de Umma, sobreviviente del 18 de marzo del 2022. “Yo canalizo esa pretensión de las madres. Ellas han tenido la grandeza de decirme que esa mayor severidad la haga el Tribunal. Son los jueces los que mesuran dentro de la escala”.
El delito de encubrimiento agravado prevé penas de entre un año y seis de prisión efectiva.
Además del pedido de los familiares, Pagliano fundamentó una mayor severidad en las penas de los imputados, ya que encuadra este caso en una “violencia institucional”.
Su dictamen se fundamentó en los derechos de los niños y niñas que representa. “En esta situación se advierte un claro marco de violencia institucional, por por este accionar corporativo de ocultamiento que priorizó los intereses personales, de la gestión, de sus trayectorias, por sobre la vida de los niños”.
La defensora pública fue clara al describir el mecanismo y accionar que configuran la violencia institucional.
“Es una violencia ejercida por instituciones en contra de las personas, anulando el derecho a la vida, a la información y a la protección”, sostuvo.
En este sentido, los derechos que se habrían anulado mediante este “mecanismo corporativo” son tres: la vida, la información y la protección de las personas.
Pagliano comparó este caso con el de Blas Correas. En uno, se afectó la seguridad. El Neonatal “afectó la confianza de la gente en la salud pública”.
“Este encuadramiento hace que, a la hora de pedir una pena, se considere como agravante la violencia institucional. El daño que genera la comisión de estos hechos, en caso de que exista una condena, es quebrantar la confianza de la sociedad, además del daño realizado a cada una de las víctimas”.
Tras hacer una extensa y precisa línea de tiempo, Pagliano solicitó a los jurados populares que consideren la prueba en su conjunto.
“Todo el cúmulo de prueba nos lleva a la convicción, con grado de certeza, de que los hechos existieron”, finalizó.
Mayores penas
Por su parte, el abogado Carlos Nayi, querellante de tres mamás en la causa que investiga ataques a 13 bebés en el Hospital Neonatal, pidió las penas máximas para exfuncionarios y directivos del lugar.
Para la enfermera Brenda Agüero pidió prisión perpetua, igual que la fiscalía.
En la jornada del lunes 5 de mayo dio un extenso alegato sobre la causa y las participaciones de cada uno de los imputados.
Y este martes culminó su alegato con el pedido de penas, que sintetizó de esta manera:
Alicia Ariza: Omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado. Pidió cinco años de prisión cumplida efectiva.
Liliana Asis. Omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado. Pidió seis años de prisión.
Diego Cardozo. Encubrimiento doblemente agravado. Pidió seis años de prisión.
Alejandro Escudero Salama. Encubrimiento doblemente agravado y omisión de deberes de funcionario público. Pidió cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.
Alejandro Gabriel Gauto. Encubrimiento doblemente agravado. Pidió cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.
Martha Gómez Flores. Encubrimiento doblemente agravado. Omisión de deberes de funcionario público. Falsedad ideológica. Pidió seis años de prisión.
María Alejandra Luján. Omisión de deberes de funcionario público. Pidió que se mantenga su imputaci´no por falsedad ideológica. Pidió 3 años de prisión.
Adriana Moralez. Omisión de deberes de funcionario público. Encubrimiento agravado. Pidió cinco años de prisión.
Claudia Ringelheim. Omisión de deberes de funcionario público. Encubrimiento agravado. Pidió cinco años de prisión.
Pablo Carvajal. Omisión de deberes de funcionario público. Encubrimiento agravado. La pena que debe determinarse es de seis años de prisión de cumplimiento efectivo.
No se necesita tesis
El abogado querellante pidió que la prueba sea analizada a la luz de la sana crítica, con lógica y sentido común.
Comenzó desmintiendo los argumentos de la defensa de la enfermera Brenda Agüero. Dijo que el material probatorio encontrado en su aparato celular y las pruebas halladas en su casa no formaban parte de su tesis para obtener su título de grado.
Citó una nota del apoderado legal del Instituto Superior San Nicolás, Daniel Carranza, quien constató mediante un escrito que no se necesita una tesis o tesina para obtener el título de tecnicatura superior de enfermería.
“Brenda no ha realizado ninguna tesis en el Instituto Superior San Nicolás por no ser una exigencia para la carrera. Este es un indicio de mala justificación”.
Los indicios forman parte del cuerpo de elementos de prueba de los que se debe valer el tribunal para emitir una conclusión”, sostuvo Nayi.
“Pacto de silencio”
Respecto a los 10 funcionarios del Ministerio de Salud provincial, autoridades y profesionales del hospital Neonatal que resultaron imputados, Nayi pidió que se eleven las penas solicitadas por el fiscal Sergio Ruiz Moreno.
“Hubo un pacto de no agresión. A los que callaron, les pregunto: ‘¿Por qué lo hicieron?’”, remarcó.
Nayi citó el estudio de los dispositivos móviles secuestrados de los imputados, citando el análisis realizado por el ingeniero Luciano Pasquali y el técnico Raúl Pereyra.
“No es importante lo que se ha encontrado en el celular de algunos protagonistas, sino lo que no está. Lo que se eliminó”, dijo.
Nayi agregó que el 6 de junio, el día de la fatídica guardia, no hubo conversaciones sobre las muertes y descompensaciones entre la entonces directora Liliana Asis y el subdirector administrativo Alejandro Escudero Salama: “El día más crítico de los ataques a niños, los únicos mensajes registrados entre ellos tiene que ver con un caño roto en el hospital. Nada más”.
“La omisión, la actitud de trampa, lo que se borró, lo que se destruyó generó un enorme daño al Poder Judicial”, agregó.
Prueba nueva
Apuntando a la máxima autoridad que en ese entonces tenía el Ministerio de Salud de Córdoba, el abogado expresó: “Esto fue un pacto de no agresión. Esto es acordar silencio. Esta es una forma de matar también”.
Nayi dijo que existen unívocos indicios incriminantes que surgen de la tarea que llevaron a cabo los especialistas de la policía judicial, citando los estudios de Pasquali, Pereyra y el comisionado Biscotti.
“En fechas clave, cuando la parte más importante de la investigación se desarrollaba, hay pruebas que confirman el encubrimiento agravado. El título sugiere una historia perversa”, agregó.
Sobre el entonces ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, el abogado querellante pidió el máximo de la pena de ejecución concreta. “Él era el máximo responsable de la salud de Córdoba. No era solamente un médico. Este hombre es policía. Tiene el grado de oficial subinspector de la provincia de Córdoba”, indicó.
El dato surge de la incorporación de prueba nueva a lo largo del juicio oral y público.
El abogado expresó que le resulta sugestivo que se hayan reseteado los teléfonos de los imputados el mismo día o el día después de que el fiscal Raúl Garzón enviara un oficio solicitando los libros de enfermería y de partos del hospital Neonatal, desde enero a agosto del 2022. Un día después del oficio, el 14 de agosto, se produjeron dos eventos en el teléfono de Cardozo. Estoy convencido de que esto ha existido. Palabras más, palabras menos, esto tiene el objetivo de limpiar o pulverizar lo que no convenía que se sepa”.
Nayi dijo que por su cargo de oficial subispector y por su máxima jerarquía en el Ministerio de Salud provincial, Cardozo sabía lo que estaba sucediendo.
Al final de su extensa alocución, el abogado pidió elevar las penas para los imputados en la causa. Y rompió en llanto al citar una frase de la escritora Gabriela Mistral: “Ellos son ángeles que hoy nos miran desde el cielo”.
Pedido de investigación
Nayi pidió girar antecedentes para que se investigue probable una comisión de delito al jefe de Obstetricia del hospital, Obdulio Paredes y al médico Sergio Lynch. También a quien se desempeñaba como jefa de Maternidad e Infancia, Marcela Yanover y al entonces coordinador de hospitales provinciales, Esteban Ruffin.
