Dos de los abogados querellantes que dieron este martes su alegato en la causa del hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba pidieron una mayor severidad en las penas para los funcionarios imputados. El juicio oral y público, que se tramita en la Cámara Séptima del Crimen de la Capital provincial investiga la muerte de cinco bebés y presuntas lesiones en ocho recién nacidos en ese centro de salud.
La defensora pública Ana Pagliano, que representa a tres bebés sobrevivientes y un fallecido, solicitó mediante una cautelar que se dicte la prisión preventiva de los imputados en caso de que se confirme la condena.
Nayi, por su parte, solicitó prisión efectiva y el máximo de la pena prevista para la figura de encubrimiento contra el exministro de Salud, Diego Cardozo y otros acusados.
Pagliano fundamentó su pedido en que durante el juicio se comprobó que las entonces autoridades del hospital y los máximos representantes del Ministerio de Salud de Córdoba entorpecieron la investigación. Esto sería un indicio de posible peligro de fuga en caso de que se confirmen las condenas por falsedad ideológica y encubrimiento agravado.
La abogada explicó el peligro de fuga con detalles que surgieron de las intervenciones telefónicas realizadas en agosto de 2022, cuando el fiscal Raúl Garzón estaba investigando. “De esas intervenciones surge que ya estaban pretendiendo ocultar cosas y no aportar datos para que la verdad se esclarezca”, dijo la defensora pública a La Voz.
Violencia institucional
A pedido de las familias que representa, Pagliano solicitó una mayor severidad en las penas y que estas sean de ejecución efectiva. En este sentido, coincidió con las calificaciones legales realizadas por la Fiscalía de Instrucción (ya que el fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno, había dispuesto la absolución de la doctora María Alejandra Luján en el delito de falsedad ideológica). Además, solicitó una mayor severidad en las penas; esto, a criterio del Tribunal. Que sean los jueces quienes decidan el monto de la pena.
Pagliano es defensora pública de los derechos de niños y niñas. Además, es querellante particular en el caso de U.M., sobreviviente del 18 de marzo de 2022. “Yo canalizo esa pretensión de las madres. Ellas tuvieron la grandeza de decirme que esa mayor severidad la haga el Tribunal. Son los jueces quienes mesuran dentro de la escala”.
El delito de encubrimiento agravado prevé penas de entre un año y seis de prisión.
Además del pedido de los familiares, Pagliano fundamentó una mayor severidad en las penas de los imputados, ya que encuadra este caso en una “violencia institucional”.
Su dictamen se fundamentó en los derechos de los niños y niñas que representa. “En esta situación se advierte un claro marco de violencia institucional, por este accionar corporativo de ocultamiento que priorizó los intereses personales, de la gestión, de sus trayectorias, por sobre la vida de los niños”.
“Es una violencia ejercida por instituciones en contra de las personas, anulando el derecho a la vida, a la información y a la protección”, sostuvo.
Pagliano comparó este caso con el de Blas Correas. En uno, se afectó la seguridad. El Neonatal “afectó la confianza de la gente en la salud pública”.
“El daño que genera la comisión de estos hechos, en caso de que exista una condena, es quebrantar la confianza de la sociedad, además del daño realizado a cada una de las víctimas”, aseveró.
Tras hacer una extensa y precisa línea de tiempo, Pagliano solicitó a los jurados populares que consideren la prueba en su conjunto.
Mayores penas
Por su parte, el abogado Carlos Nayi, querellante de tres mamás en la causa que investiga ataques a 13 bebés en el hospital Neonatal, pidió las penas máximas previstas para las figuras penales por las que se los acusa para exfuncionarios y directivos del lugar.
Para la enfermera Brenda Agüero pidió prisión perpetua, igual que la fiscalía.
En la jornada del lunes 5 de mayo dio un extenso alegato sobre la causa y las participaciones de cada uno de los imputados y este martes culminó con el pedido de penas, que sintetizó de esta manera:
Alicia Ariza: omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado. Pidió cinco años de prisión cumplida efectiva.
Liliana Asis: omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado. Pidió seis años de prisión.
Diego Cardozo: encubrimiento doblemente agravado. Pidió seis años de prisión.
Alejandro Escudero Salama: encubrimiento doblemente agravado y omisión de deberes de funcionario público. Pidió cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.
Alejandro Gabriel Gauto: encubrimiento doblemente agravado. Pidió cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.
Martha Gómez Flores: encubrimiento doblemente agravado. Omisión de deberes de funcionario público. Falsedad ideológica. Pidió seis años de prisión.
María Alejandra Luján: omisión de deberes de funcionario público. Pidió que se mantenga su imputación por falsedad ideológica. Pidió tres años de prisión.
Adriana Moralez: omisión de deberes de funcionario público. Encubrimiento agravado. Pidió cinco años de prisión.
Claudia Ringelheim: omisión de deberes de funcionario público. Encubrimiento agravado. Pidió cinco años de prisión.
Pablo Carvajal: omisión de deberes de funcionario público. Encubrimiento agravado. La pena que debe determinarse es de seis años de prisión de cumplimiento efectivo.
No se necesita tesis
El abogado comenzó refutando algunos de los argumentos de la defensa de la enfermera Brenda Agüero. Dijo que el material probatorio encontrado en su aparato celular y las pruebas halladas en su casa no formaban parte de su tesis para obtener su título de grado.
Citó una nota del apoderado legal del Instituto Superior San Nicolás, Daniel Carranza, quien constató mediante un escrito que no se necesita una tesis o tesina para obtener el título de tecnicatura superior de enfermería.
“Brenda no ha realizado ninguna tesis en el Instituto Superior San Nicolás por no ser una exigencia para la carrera. Este es un indicio de mala justificación”.
Los indicios forman parte del cuerpo de elementos de prueba de los que se debe valer el tribunal para emitir una conclusión”, sostuvo Nayi.
“Pacto de silencio”
Respecto de los 10 funcionarios del Ministerio de Salud provincial, autoridades y profesionales del hospital Neonatal, Nayi pidió que se eleven las penas solicitadas por el fiscal Sergio Ruiz Moreno.
“Hubo un pacto de no agresión. A quienes callaron, les pregunto: ‘¿Por qué lo hicieron?’”, remarcó.
Nayi citó el estudio de los dispositivos móviles secuestrados a los imputados, y citó el análisis realizado por el ingeniero Luciano Pasquali y el técnico Raúl Pereyra.
“No es importante lo que se ha encontrado en el celular de algunos protagonistas, sino lo que no está. Lo que se eliminó”, dijo.
Nayi agregó que el 6 de junio, el día de la fatídica guardia, no hubo conversaciones sobre las muertes y descompensaciones entre la entonces directora Liliana Asis y quien era subdirector administrativo, Alejandro Escudero Salama: “El día más crítico de los ataques a niños, los únicos mensajes registrados entre ellos tiene que ver con un caño roto en el hospital. Nada más”.
“La omisión, la actitud de trampa, lo que se borró, lo que se destruyó, generó un enorme daño al Poder Judicial”, agregó.
El rol de Cardozo
Sobre el entonces ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, el abogado querellante pidió el máximo de la pena de ejecución concreta. “Él era el máximo responsable de la salud de Córdoba. No es sólo un médico. Este hombre es policía. Tiene el grado de oficial subinspector de la provincia de Córdoba”, indicó.
Nayi dijo que por su cargo de oficial subispector y por su máxima jerarquía en el Ministerio de Salud provincial, Cardozo sabía lo que estaba sucediendo.
El abogado expresó que le resulta sugestivo que se hayan reseteado los teléfonos de los imputados el mismo día o el día después de que el fiscal Raúl Garzón enviara un oficio para solicitar los libros de enfermería y de partos del hospital Neonatal desde enero a agosto de 2022. Un día después del oficio, el 14 de agosto, se produjeron dos eventos en el teléfono de Cardozo. “Palabras más, palabras menos, esto tiene el objetivo de limpiar o pulverizar lo que no convenía que se supiera”, dijo.
Al final de su alocución, el abogado pidió elevar las penas para los imputados en la causa. Y rompió en llanto al citar una frase de la escritora Gabriela Mistral: “Ellos son ángeles que hoy nos miran desde el cielo”.
Pedido de investigación
Nayi pidió girar antecedentes para que se investigue la probable comisión de delito de parte del jefe de Obstetricia del hospital, Obdulio Paredes, y el médico Sergio Lynch. También a quien se desempeñaba como jefa de Maternidad e Infancia, Marcela Yanover, y al entonces coordinador de hospitales provinciales, Esteban Ruffin. A su vez, solicitó que se investigue a jefa de guardia de Obstetricia, Patricia Norma Pereyra, a la ex jefa de Enfermería provincial, Genoveva Ávila, a la directora de Asuntos Legales del Ministerio, Mariana Figueroa y a Valeria Quiroga, la médica que el 6 de junio realizó una denuncia descontextualizada, sólo para salvar responsabilidades personales y no para ayudar a que se conozca la verdad, según el abogado querellante.
