Hay una lógica por la cual las cárceles tienen que dar algo de miedo: si son colonias de vacaciones con cursos de oficios y esparcimiento, no surtirían el efecto de amedrentamiento que se persigue con la amenaza de encierro como sanción a un delincuente. No la tienen que pasar bárbaro los presos. Si no, ¿cómo sería una herramienta disuasoria un agravamiento de las penas de prisión para algunos delitos, como un legislador imagina que puede incidir en la reducción de la inseguridad?
Pero una cosa es que no sean una estancia de placer -algo que es una especie de consenso tácito, pero que no figura en la ley que exige cárceles seguras y limpias, para la reeducación y no para el castigo- y otra que se conviertan en lugares de terror sádico, como el que presupone la acusación de torturas seguida de muerte. Esa es la figura con la que el fiscal provincial José Mana calificó el caso de César Moreno y mandó a detener al director de un módulo, seis agentes penitenciarios y dos psiquiatras que trabajan en el penal de Bouwer, en la periferia sur de la ciudad de Córdoba
Esta acusación -que remite a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura- corona una increíble secuencia de imputaciones contra empleados y directivos penitenciarios, que derivó en el descabezamiento de su conducción, que durante 15 años estuvo en manos de Juan María “el Johnny” Bouvier.
La seguidilla anterior de escándalos remitía a otro tipo de hechos de corrupción. Y más que mostrar malos tratos con los presos, evidenciaban lo contrario: connivencia para distintos delitos, desde la venta de drogas y celulares, buenas calificaciones para conseguir beneficios de libertad y hasta la habilitación de call centers tumberos para hacer estafas telefónicas.
Sin poner las manos en el fuego por nadie, el interventor del Servicio Penitenciario Provincial, Gustavo Vidal Lascano, salió a ofrecer una versión diferente al relato de Mana: había golpes previos al ingreso de Moreno, constatados por el forense de Tribunales, y un psiquiatra ordenó las medidas de sujeción que la fiscalía entiende como un vejamen.
No niega Vidal Lascano que pueda existir alguna conducta que merezca reproche: de hecho, el propio Órgano de Control de las Fuerzas de Seguridad ordenó el pase a situación pasiva de uno de los agentes que participó de una instancia en la que Moreno fue reducido, presuntamente luego de atacar a otro agente, en medio de un brote psicótico. El empleado habría pisado, con más fuerza de la necesaria para mantenerlo sujeto, a Moreno y eso le valió la suspensión. Ahora, es parte de los nueve imputados por apremios ilegales por Mana.
El experimentado fiscal, que fue quien investigó y consolidó la figura de violencia institucional en el caso Blas Correas, debería tener respuestas en su expediente -bajo secreto sumarial- a las preguntas que ofrece la versión divergente del SPC: cuándo y quién golpeó a Moreno; quién decidió que vaya a Bouwer a pesar de no tener antecedentes, haber sido detenido por una lesión leve y padecer un desorden mental; quién solicitó las medidas de sujeción, y por qué murió, y si esa muerte tuvo o no que ver con los golpes, la sujeción, o el estrés de la situación.
Lo que apunta a discutir el Gobierno es la idea de otro episodio, en otra institución, de violencia institucional. Que Moreno no es otro Blas, se podría resumir.
Y no es que no hayan ocurrido casos de brutalidades penitenciarias. La directora general del Órgano de Control Disciplinario, Ivana Rossi, informó que antes de estos casos había siete empleados penitenciarios en situación pasiva por denuncias de malos tratos a “severidades”, la falta que alude a algún ejercicio de la violencia contra un interno.
Son todos casos individuales, no en grupo. Y sobre un plantel de cuatro mil empleados, resaltan. Lo aceptable es cero, pero la tasa sería baja, sugieren.
La decisión que tomó apenas asumido el gobernador Martín Llaryora de intervenir el SPC por seis meses por el descabezamiento de su longeva conducción para reordenar la cadena de mandos empieza a mostrar que el objetivo se quedó corto: ya se ve la necesidad de una profunda depuración.
