La Policía de Córdoba modificó recientemente su protocolo de actuación ante casos de violencia familiar dentro de la fuerza. La medida llega luego de que las mujeres miembro de Policía lo reclamaran ya que el anterior protocolo las dejaba desprotegidas en varios aspectos, como por ejemplo el económico.
El nuevo protocolo, que fue oficializado hace pocos días, prevé la conformación de una “mesa examinadora” que analizará cada caso en particular. También prevé un mayor control en el tratamiento terapéutico del agresor, y acompañamientos más reiterados sobre la situación de la víctima.
El cambio es importante dado el contexto en el que se presenta: en 2021 el 26% de los femicidios que ocurrieron en la provincia de Córdoba fueron perpetrados por miembros de fuerzas de seguridad. El porcentaje superaba ampliamente el promedio nacional, que va entre el 10% y 15%.
Julio Faría, comisario general, licenciado en seguridad y director general de Recursos Humanos de la Policía de Córdoba, explicó los cambios que incluye esta tercera versión del protocolo.
En diálogo con La Voz, explicó que el protocolo es algo dinámico que se debe ir adaptando a la realidad social que plantea avances sobre la temática y en base a las experiencias de tratamiento de casos anteriores.
“Dados los reclamos de las propias víctimas, en este cambio se hizo hincapié en la afectación concreta que tenía el propio protocolo en la vida de la víctima, para evitar su revictimización”, indicó.
Uno de los puntos de conflicto era que una vez que una mujer denunciaba a otro miembro de la fuerza por violencia de género, el protocolo interno indicaba que –por prevención– se les retiraba el arma a ambos (denunciante y denunciado) y se los pasaba a tareas pasivas. Esto implicaba para la víctima una reducción de sus ingresos ya que no podía hacer tareas adicionales (que requieren de la portación del arma).
“En cuanto al tema financiero, se dispuso dos situaciones: si la persona denunciante realizaba adicionales, se le sigue pagando esos adicionales aunque no pueda hacerlos y a cambio esa persona debe realizar tareas administrativas con jornadas de extensión, en un lugar que a la persona le quede cercano a su domicilio o donde prefiera. Allí podrá estar más al resguardo que en alguna tarea pasiva que le toque estar sola, por ejemplo. También se contempla que podrá estar acompañada y contenida por otros colegas”, explicó Faría.
En tanto, para quienes no hacen tareas adicionales, pero les fue retirada el arma por la activación del protocolo, “se les ofrece la posibilidad de hacer jornada extendida por un monto determinado”. Esto es, servicios administrativos.
Estas dos medidas tienden a no perjudicar económicamente a la denunciante por el retiro del arma. El retiro se seguirá realizando, ya que es una medida preventiva que se toma no sólo en el caso del denunciado (que podría usar su arma reglamentaria para agredir a la otra persona) sino de la denunciante, ya que se presume que el agresor podría usar el arma de ella para agredirla.
Mesa examinadora
Sin embargo, el otro cambio que prevé el protocolo son los plazos. “El anterior protocolo determinaba que, ante la denuncia, las armas se retiraban por un período de 90 días y recién luego de ese plazo y si no había medidas judiciales que prolongaran las medidas de protección, se restituía el arma con un informe psicológico”, explicó Faría.
El nuevo cambio implica que una mesa examinadora, cuyo nombre oficial es “Mesa de evaluación de inicio del protocolo”, primero analizará si se trata de una caso de violencia de género en el que la víctima corre peligro o si es una medida de carácter civil, como el reclamo de una cuota alimentaria, ante la cual no se activa el protocolo. No obstante, el protocolo sí se activará si el “no pago” de la cuota se hace, por ejemplo en forma coercitiva, vale decir, en forma de amenaza.
Esta mesa estará conformada por personal de seis áreas diferentes que en cinco días analizará cada situación en particular que es denunciada. Estas áreas son: Dirección de Control de Conducta Policial; Dirección de Asesoría Letrada, Dirección de Sanidad (medicina laboral, psicólogo, psiquiatra), Centro de Comunicaciones y Vigilancia; Departamento de Bienestar policial (los que primero asisten a la víctima y pueden hacer una trazabilidad de la evolución de la victima en el tiempo) y Departamento de Acciones de Violencia de Genero, con asiento en el Polo de la Mujer.
Luego de que la mesa evalúe la situación, y defina si se activa el protocolo, a los 30 días se hará una entrevista con la víctima, luego del primer mes de contención, para evaluar su estado. “Si se evalúa que la persona está bien, solvente y no corre riesgo, se le devuelve el arma y vuelve a sus tareas habituales. En caso contrario, se continúa con la contención y se hace otra evaluación en los próximos 30 días. De esta manera se rompe la estructura de 90 días iniciales para todos los casos, que marcaba el protocolo anterior”, indicó Faría.
Desde la fuerza policial aclararon que estas medidas rigen como de “actuación interna”, pero que se ajustan a lo que la justicia determine en medio del proceso.
Denunciado
Al ser consultado sobre el tratamiento que se hace con la persona denunciada, Faría también dijo que el protocolo nuevo prevé otro cambio adicional: antes, el agresor estaba obligado a hacer un tratamiento terapéutico por su cuenta y definía que podría volver a trabajar luego de que un informe determinara que está en condiciones de hacerlo. Pero por el costo que esto implicaba muchos no lo cumplían.
“Por ello, decidimos que la asistencia psicológica del denunciado se haga con los psicólogos de la fuerza, que depende del departamento de Sanidad. Los profesionales deberán hacer un informe a los 30 días, elevarlo a Conducta Policial y poner a consideración de la mesa examinadora. Siempre priorizando las medidas que se tomen desde la Justicia, por ejemplo si tiene una medida cautelar, de restricción de acercamiento a la víctima, etcétera. El denunciado seguirá trabajando sin armamento hasta que cumpla con el tratamiento terapéutico”, explicó Farías.
En esos primeros 30 días el departamento de Control de Conducta Policial lo citará para pedir explicaciones de la situación y también se evaluará si corresponde un sumario administrativo. “Todo se evaluará según cada caso, que son muy variados”, advirtió el comisario.
