En marzo del año pasado, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó una modificación a la ordenanza 8.133 de Patrones de Uso de Suelo. Se trata de la normativa que regula qué tipo de actividad se puede desarrollar en el territorio: urbana, comercial, industrial o rural.
El objetivo fundamental de ese cambio fue frenar la expansión de la mancha urbana, promoviendo la ocupación de los vacíos que iban quedando a medida que se ampliaba la mancha urbana.
Pero también se marcó la necesidad de preservar el suelo rural.
En la fundamentación que realizaron desde la Secretaría de Desarrollo Urbano, se planteó que de la superficie de la ciudad de Córdoba, aún más de la mitad es de uso rural. El 49 por ciento está activa, mientas que un ocho por ciento más está vacante.
En ese diagnóstico, se planteaba la pérdida del suelo rural productivo, la retraccion de la actividad productiva de alimentos de cercanía, menos oferta de agua para riego y fricción en la frontera agropecuaria y urbana.
La modificación de la normativa actualizó los patrones a lo que existe en la actualidad. Los usos rurales se concentran en el sudeste y en el noreste del ejido capitalino.
Se establecieron 9.733 hectáreas que constituyen el “Área de Protección Rural
Productiva” donde se permiten actividades de producción rural con orientación agroecológica, actividades ecoproductivas, recreativas, deportivas, agroeducativas, paisajísticas e industriales de bajo impacto.
Se encuentran en el vértice noreste de la ciudad, por fuera de Circunvalación, en el cuadrante delimitado por avenida Las Malvinas y la ruta 9 Norte.
También en el sudeste, entre la ruta 9 Sur y el camino a San Carlos.
Luego hay 623 hectáreas suelos con usos periurbanos productivos, que también se permiten las mismas actividades que en los de protección rural, y que están en la zona de Villa Esquiú.
Suman 10.356 hectáreas que debieran utilizarse para asegurar el suministro de alimentos a la ciudad.
Las 27 hectáreas que cultiva Antonio
Si bien existe esa protección, el Estado no articula otras medidas para promover la actividad agrícola en esos sectores. Al contrario, los productores atraviesan situaciones cada vez más complejas.
Antonio Córdoba es parte de la Cooperativa San Carlos, un emprendimiento agroecológico que se encuentra en el kilómetro 10,5 de Camino a San Carlos, en la zona sur de la ciudad. “Estamos apretados por un lado por la soja, y por el otro por los barrios privados”, describe.
Antonio alquila la mayor parte de las tierras que cultiva. Tuvo que resignar 10 hectáreas porque no pudo alquilarlas más, por el precio que adquirieron las rentas.
“Se nos complica mucho, pagamos cada vez más cara la tierra. No hay forma de sostener la producción”, describe. La situación es compleja: se dificulta a la hora de reemplazar herramientas que se rompen, y ni hablar de incorporar tecnología para eficientizar la producción.
“El cinturón verde de Córdoba está en peligro, vamos a terminar comiendo verduras más caras porque las traen de otras provincias”, agregó.
Antonio cuenta que mantuvo reuniones con autoridades municipales, pero que aún no hay políticas que promuevan la actividad.
