“Cuando se juntan la ignorancia con los prejuicios, pasan estas cosas”. Eso afirma la psicóloga Milena Pozo (51), principal imputada en lo que será el primer juicio en tribunales cordobeses por cannabis medicinal.
El 4 de noviembre de 2017, Pozo tuvo un brusco despertar en su casa de barrio Pinares, en la ciudad de Almafuerte: a las 7.10 tres móviles con varios agentes encapuchados y con armas largas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), irrumpieron a patadas en su puerta.
“Sí, yo tengo; ahí está”, fue su respuesta inmediata, cuando le plantearon que el operativo había sido motorizado por una denuncia sobre prescripción de cannabis medicinal.
Asegura que tenía el producto para uso personal y familiar y varios goteros para sus pacientes. Niega haberlos comercializado como indica la imputación: explica que solamente agilizaba el acceso, en tiempos en que aún era más complicado que ahora obtenerlo. Según asevera, no lucraba con eso.
Hace cuatro años
“Me detuvieron y liberaron al día siguiente, no había razón para detenerme; en mi casa encontraron aceite de cannabis, no había drogas, ni armas, ni plantaciones, ni nada de lo que buscaban de forma descontrolada”. Allanaron, de forma simultánea, sus consultorios de Almafuerte y en Rio Tercero.
La denuncia fue radicada por una paciente que sufría fibromialgia, que acudió a su consultorio por terapia y buscando cannabis para paliar sus dolencias. Al sentirse mal, a los dos días de haber comenzado a ingerir las gotas, hizo una consulta en el hospital local. Allí una médica le recomendó que denunciara a la psicóloga, por considerar que los síntomas estaban relacionados con el uso del aceite.
En ese momento –asegura Pozo- se unieron los prejuicios con la ignorancia, y desencadenaron el proceso judicial.
La psicóloga todavía no recuperó el celular, la notebook y el automóvil que le secuestraron cuatro años atrás. Pero sí recibe “multas” por el rodado.
Nadia Podsiadlo, la abogada que la defiende, anticipa que en el proceso judicial se abrirá un debate médico para desestimar que la ingesta de gotas fue la causa del malestar de la paciente, sino que padeció síntomas propios de la fibromialgia.
La imputación que pesa sobre Pozo es de “comercialización de sustancias estupefacientes agravada”, “ejercicio ilegal de la medicina” y “lesiones leves”.
Su defensa irá por la absolución y no duda en afirmar que “apelará las instancias que se requieran para lograrlo”. Si es condenada, podría recibir una pena que va de los seis a los 20 años de prisión. La imputación se agravó durante la instrucción, al incluir a tres personas más (su pareja en ese momento y una pareja amiga) en la causa.
“No trabajé con cannabis para tener ganancias económicas, yo vivía de mi profesión, sólo busqué ayudar a la gente a mitigar su dolor, y la gente venía a buscarme, yo no salí a buscar a nadie; esto no es una cuestión de narcotráfico, sino de ayuda y acompañamiento a gente que estaba sufriendo”, insiste la psicóloga.
La mujer no tuvo ninguna consecuencia en su matrícula profesional y siguió ejerciendo su profesión como perito y en distintos consultorios privados. Sólo su actividad en el Epae (repartición que depende del Ministerio de Educación), quedó en suspenso hasta que finalice el proceso, pero mantiene cargo y sueldo.
¿A contramano?
Esta causa judicial avanzó en un contexto de apertura y aceptación legal y científica hacia el uso terapéutico del cannabis.
Argentina aprobó en 2017 la ley 27350 de “investigación médica y científica de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados”, que el Gobierno reglamentó en noviembre de 2020. Córdoba adhirió a la norma en 2021.
Existe un Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), que es un respaldo legal para que los pacientes puedan utilizar aceite y los habilita al autocultivo. Se creó también la cámara empresaria nacional de cannabis y Córdoba ya tiene la propia.
A su vez, dos recientes fallos absolutorios de la Justicia Federal, en casos resonantes, se destacan como antecedentes a este proceso. En esas resoluciones, el cannabis medicinal no es considerado una sustancia estupefaciente, como sí lo es en la requisitoria del juicio que se debatirá en el fuero provincial.
En este sentido, la defensa plantea que “la expectativa es el derecho de igualdad ante la ley en el mismo territorio de la provincia respecto a los fallos federales y en interpelar a la Justicia de Córdoba a tener un sesgo de racionalidad en relación al cannabis medicinal. Hay cursos, asociaciones cannábicas, sectores productivos del cannabis, en breve habrá cooperativas, autorizaciones de Reprocann y todavía seguimos criminalizando a una persona por ayudar y hacerle bien a otras”, agrega la abogada, que a su vez es referente y activista en la temática.
Podsiadlo señala que las más de 15 organizaciones cannábicas de Córdoba, presentarán en el juicio un comunicado apoyando la absolución.
“El tema no es con nosotros, el tema es el reclamo de cada una de las personas que va a ir al juicio y hoy están tomando cannabis”, concluye la letrada.
El juicio, en febrero
La primera audiencia del juicio, que se ventilará en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Tercero, será el 17 de febrero de 2022. Estaba prevista para los primeros días de diciembre, pero por un pedido de la defensa, se reprogramó.
La causa fue instruida por Luis Roberto Pizarro, fiscal de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico de la Décima Circunscripción Judicial.
En su requisitoria, el fiscal describe tres hechos: en el primero, común a los cuatro imputados, sospecha que “en forma conjunta y/o alternada, previa división de tareas, con el objeto de obtener una ganancia y de manera habitual, comercializaron sustancias estupefacientes, aceite de cannabis y otras preparaciones tales como cremas y tinturas a base de cannabis”.
El segundo hecho es atribuido sólo a la psicóloga: “Mediante comunicaciones telefónicas, en distintos días, previo pago de la consulta y sin poseer título habilitante ni autorización para el ejercicio de la medicina, prescribió y administró de manera habitual tratamientos curativos, ajenos a su formación profesional, así como pretendidos medicamentos a base de sustancias alternativas derivadas del cannabis sativa a distintas personas que le consultaban so pretexto de un tratamiento de las patologías que padecían”, describe el escrito.
El tercer hecho implica a la otra mujer imputada en la causa y sostiene que también ejerció de forma ilegal la medicina. “Sin poseer título habilitante ni autorización para el ejercicio del arte de curar, Nora Isabel Almeida prescribió y administró de manera habitual tratamientos curativos de sustancias alternativas derivadas”, expresa otro fragmento.
En la causa, el fiscal sumó testimonios, conversaciones telefónicas y datos de computadoras secuestradas durante la investigación.
En el pedido a juicio, estableció que Pozo “le había vendido” a la denunciante “sustancias estupefacientes - aceite de cannabis- tal como surge del acta de secuestro del gotero entregado espontáneamente por la denunciante”.
