Si hay algo que aprendimos en años de avances en la temática de violencia de género es la importancia de proteger por todos los medios a la víctima que denuncia algún delito: ya sea violencia económica, simbólica, sexual o física.
Esto implica que, ante una denuncia por lesiones o amenazas, la Justicia tome de inmediato una medida de protección para con la víctima, como la restricción de acercamiento del agresor o su exclusión del hogar, o la entrega de un botón antipánico o de una tobillera electrónica.
Lo importante es alejar al presunto agresor para no revictimizar a esa persona agredida.
En el Instituto Zipoli, de la ciudad de Córdoba, con cuatro denuncias y 15 exposiciones de situaciones de abuso, violación y acoso por parte de un alumno, las autoridades propusieron un sistema de alternancia de asistencia al colegio. Con ello, el resto del curso podría identificar quiénes son las denunciantes y cuál el agresor.
La pregunta es: ¿por qué si una chica denuncia que la violaron, ella misma tiene que cambiar su asistencia al colegio? ¿Por qué no se las hizo partícipes en la toma de una decisión, para protegerlas y resguardarlas?
En caso de niños y adolescentes es donde más deben primar los criterios de protección a la víctima y no establecer sistemas que parezcan “justos” para ambas partes. Una situación de abuso sucede porque un género ejerció poder sobre otro, violentándolo en lo más íntegro de su persona.
Si bien el presunto agresor también es menor, y su derecho a la educación debe ser garantizado, de ninguna manera esto debería resolverse por encima del derecho de resguardo de las víctimas.
