La Justicia federal, a cargo del fiscal Maximiliano Hairabedian imputó a Carlos Alberto Ferreyra, historiador, museólogo y director de la Estancia Jesuítica de Jesús María por poner en peligro la integridad del museo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Al respecto, Josefina Piana, reconocida investigadora del patrimonio histórico y cultural cordobés, detalló a La Voz cuáles son las normas de protección infligidas en la Estancia Jesuítica de Jesús María.
La denuncia fue presentada tras la realización de una fiesta multitudinaria, que contó con más de dos mil asistentes en el lugar para celebrar el año nuevo.
Además, tres empresarios nocturnos de la región: Gustavo Cadamuro, Mariano Miretti y Carlos Garrido, también están imputados.
Piana sostuvo que la Estancia es Patrimonio de la Humanidad y como tal está regido por normas y convenciones resueltas por especialistas internacionales.
Se trata de espacios “irrepetibles y únicos” —subrayó— que indican el desarrollo de la humanidad.
“En este caso la Estancia Jesús María es uno de esos patrimonios que forman parte del conjunto de edificaciones rurales que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000″, sentenció.
Además, la experta confirmó que la fiesta se realizó en una “zona roja” donde está prohibido.
Explicó que cuando la Unesco declara un sitio como Patrimonio de la Humanidad fija una zona, la que se denomina “roja”, para determinarla como un espacio “de alto cuidado”, y otra zona “de contención” para proteger o defender el entorno de la primera zona.
Sumado a esto, Ferreyra enfrenta otra imputación por autorizar la construcción de una cancha de fútbol dentro del predio protegido, espacio que Piana confirmó como otra zona roja.
Estancias Jesuíticas
En el caso de las Estancias Jesuíticas de Córdoba, en especial en la manzana jesuítica de Jesús María es “prudente, lógico y aceptable” que se permita la realización de otro tipo de actividades como los conciertos instrumentales o corales .
Pero, en este caso, hay otra norma que también se incumplió y fue el cobro de entradas para una fiesta ilegal, ya que se trata de un bien público con administración pública nacional.
“Es algo que no pueden hacer los directores de ningún área porque están manejando un bien que es público. No pueden alquilar un predio para una fiesta porque el predio no es de él, es del Estado nacional ”, insistió la investigadora.
Piana, aseguró que lejos de justificar cualquier recorte presupuestario a la cultura, ningún director del Estado nacional ni provincial puede entablar actividades económicas al margen de esto.
También agregó que pese a que la Comisión Nacional de Museos rechazó el permiso, el evento se realizó ignorando un órgano que controla el manejo de estos bienes para que no se los destruya.
Y remarcó que el número de visitantes que resisten estos sitios son limitados. Cuentan con una “carga de peso” que no pueden exceder.
A la vez, remarcó que la respiración de los asistentes y la comida son factores contaminantes que afectan al lugar. En este caso, la fiesta multitudinaria convocó a más de dos mil personas y contaba con asadores y puestos de bebidas.
“Indudablemente, se excedió el peso de visitantes que soporta ese sitio”, manifestó.
Finalmente, la experta contó que durante el mes de enero visitó la Estancia para realizar una inspección junto a Policía de Delitos Culturales, a pedido de la Comisión Nacional de Museos. Y corroboró que los 26 empleados estaban cobrando sus salarios “religiosamente”, pagados por Nación.
Aunque no encontró a Ferreyra por su período de vacaciones.
