“Si por esas casualidades le piden un ADN al Pedro cagamos, nos las quitan”. Los mensajes de una profesora que brinda apoyo a una ONG contenedora de niñas en situación de riesgo terminaron por descubrir las maniobras de una pareja para quedarse con una nena en Río Cuarto.
Las pruebas fueron cercando a los protagonistas de la historia que comenzó en 2017 y que encontró su final hace algunos días en Córdoba en la Justicia federal.
El Tribunal Federal Oral N°1 (TOF1) condenó a Pedro Enrique Lucero y a Mariela Noemí Tobaldo a tres años (de ejecución condicional) por los delitos de falsedad ideológica, supresión y alteración de identidad de una niña.
Cómo fue el caso de la profesora y el esposo
A partir del embarazo de la madre de la nena, los hermanos de la mujer se mostraron preocupados por el futuro destino de la niña. La mujer ya tenía dos hijos a los que no había podido dar contención adecuada, y buscaba realizar un tratamiento para recuperarse de la adicción a las drogas para luego dar en adopción a la beba en camino.
Sin embargo, los hermanos descubrieron que la mujer deseaba venderla, canjearla o regalarla.
Una hermanastra se enteró de que había un matrimonio –dueño de una remisería– que supuestamente quería adoptarla legalmente e incluso, la había acompañado a la última ecografía.
La nena nació en diciembre de 2017 en una maternidad local, y la hermanastra decidió presentarse ante la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad para dar aviso de la entrega de la niña a esa familia desconocida.
Cómo se descubrió el engaño
El equipo técnico averiguó que a la revisión regular en la maternidad había asistido un tal Lucero, que se había presentado como el “padre” y una mujer. Con el DNI de la madre biológica, Lucero justificó su inasistencia alegando que se había descompuesto.
Algunos meses después, en junio de 2018, una delegada de la Unidad de Desarrollo Regional de Río Cuarto –dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf)– denunció un posible delito ante el Juzgado Federal.
En el informe de elaborado por la Subsecretaría de Niñez surgió que la madre biológica dio a luz y entregó a su hija a Lucero y su esposa, Tobaldo. Una enfermera incluso comentó que la mujer le había manifestado que no quería tenerla y le habló del matrimonio interesado.
Durante una visita de la Senaf, Tobaldo dio su versión. La mujer, una docente (con dos licenciaturas) de apoyo secundario en una ONG dedicada a contener niñas en situación social riesgosa, contó que estuvo separada de su marido hasta que se reconciliaron.
Pero manifestó que durante el impasse en la relación, Lucero dejó embarazada a la madre biológica de la nena. Lucero, por su parte, contó que había conocido a la madre de la niña en un boliche, que mantuvo una relación de seis meses y que quería hacerse cargo de la pequeña.
Incluso, ratificó su convicción de paternidad al señalar que tenía la misma cara que su hija adolescente.
La madre de la nena, asimismo, relató que visitaba semanalmente a su hija recién nacida en la casa de los Lucero y que había decidido que el matrimonio la tuviera porque ella estaba bajo tratamiento antidrogas.
Pruebas en contra
La investigación de la fiscal federal de Río Cuarto, Alicia Cena, sin embargo confirmó la sospecha inicial, desvirtuando así las versiones de los imputados sobre una relación romántica entre Lucero y la madre biológica. En su casa, en cambio, la Justicia encontró un acuerdo privado de custodia planificado entre ellos y la madre.
Pero, el peritaje arrojó claridad sobre la verdad respecto a la paternidad, y confirmó que Lucero no era el padre. Quizás el segundo dato más contundente fue el de los diálogos que Tobaldo mantuvo con diferentes contactos a partir del análisis de los chats de su teléfono celular.
“¿Cómo? ¿Es tuya? ¿La adoptaste?”, le preguntó una conocida. “Sí, sí (…). Al otro día de nacida… Yo estuve en el parto”, le respondió la imputada. En la conversación, Tobaldo reconoció que conocía a su mamá biológica y que la familia estaba feliz.
La mujer también dialogó con su abogado, a quien le pidió ayuda sobre qué hacer a partir de que la Senaf judicializara el caso: “Nos gustaría juntarnos con vos para que nos orientes en los pasos a seguir”. En otro diálogo, con la madre de la pequeña, Tobaldo contestó que debían consultarle al abogado qué decir a la Senaf.
Tal vez los mensajes de mayor valor probatorio se produjeron cuando Tobaldo le dijo a una conocida: “Simplemente no le creyeron (a Lucero). No creen que Pedro sea el padre. Entonces van a pasar el caso a tribunales. Y si el juez pide el ADN, Pedro no puede decir que no se lo va a hacer. Ahí no sé qué pasaría; seguramente nos la quitarían porque el Pedro no es el padre, simple”.
A otro contacto, la acusada le mencionó lo que pensaba de la madre biológica de la niña: “Esta pendeja de mierda se desapareció. Entonces el ‘Quique’ no tuvo mejor idea que ir a tribunales (…). Si por esas casualidades, por esa mala suerte que tenemos, le piden un ADN al Pedro, cagamos: nos la quitan”.
La pareja fue imputada y la fiscal Cena elevó la causa a juicio (la madre biológica fue imputada y luego sobreseída, lo que fue apelado por el Ministerio Público, por lo que se espera una resolución de la Cámara Federal).
Acuerdo y admisión
El fiscal general ante el TOF1, Maximiliano Hairabedian, llegó a un acuerdo con los imputados en un juicio abreviado, y ambos admitieron los hechos. “Se pudo determinar que ambos acusados desde el momento mismo del nacimiento simularon la paternidad de Lucero, vulnerando la identidad de la menor”, remarcó el juez del TOF1, Julián Falcucci, quien los condenó.
“Apenas recibida el alta médica, (la nena) fue entregada a Lucero y a Tobaldo, quienes la acogieron en su domicilio, presentándola como su hija ante familiares, amigos, personal de Senaf y médicos a los que recurrían para efectuarle los controles post nacimiento”, afirmó.
“Es decir que, la modificación en la verdadera identidad de la menor se configuró cuando los imputados (la) recibieron en su domicilio luego de nacida, a mediados del mes de diciembre de 2017, dándole apariencia de familiar con comportamientos concretos de simulación de paternidad y escondiendo su verdadero origen a terceros”, señaló el juez.
“A su vez –agregó– tenían en su poder la documentación respaldatoria del alumbramiento para efectuar los trámites pertinentes e incluso, alegando su condición de progenitor, Lucero firmó un acuerdo de custodia con la madre” de la pequeña, echando por tierra la “invención” del relato de que Lucero era el padre.
Así, los imputados “dificultaron la asignación del vínculo paterno que realmente correspondía a la menor, con actos que tornaron incierta su identidad” y alteraron. Lucero falsamente declaró ser el padre ante el Registro Civil a fin de inscribirla como hija biológica (obtuvo el acta de nacimiento), “menoscabando así su derecho a la identidad”.
La nena actualmente quedó bajo la tutela de la tía (hermanastra de la madre biológica) denunciante y el juez ordenó asentar en la partida la declaración de filiación paterna inexistente.
