“-¿En alguna oportunidad tuvo que recurrir a un hospital público para atender un problema de salud?
Sí. No”.
Está marcado en un círculo “Sí”.
“-En caso positivo, ¿cómo fue tratado y cómo vivió la experiencia?
-He sido bien tratada, pero también maltratada. Aun así, elijo el sistema público en tema salud".
Este es un extracto del cuestionario que respondió Melina Abril Soria, la integrante del jurado popular que decidió condenas y absoluciones en el juicio del Neonatal y ahora aparece cuestionada por la defensa de la enfermera Brenda Agüero. ¿La causa? Haber omitido contar lo que dijo en una entrevista con el semanario Perfil tras la difusión del veredicto y de sus fundamentos: que hizo los controles de embarazo en el Neonatal hasta agosto de 2022 y cuando se enteró de lo que ocurría -según ella, por los medios- dejó de asistir al lugar.
Esto, para el abogado Gustavo Nievas, la predispuso a identificarse con las madres que perdieron hijos en el hospital. Pudo sentir, según el abogado, que el hijo que tuvo pudo ser parte de la saga de víctimas de quien fue condenada a prisión perpetua como “asesina serial de bebés”.
En sentido estricto, el extracto muestra que Melina contestó lo que se le preguntó. No hay una pregunta concreta en el cuestionario sobre si se atendió o no en el Neonatal. Eso podría haber saltado, sí, con las preguntas de las partes en las audiencias de selección de testigos. No sólo de parte de los defensores, sino del Ministerio Público Fiscal (MPF). De hecho, dentro de la Cámara Séptima del Crimen hay quienes lamentan que esto no haya sido advertido por el fiscal Sergio Ruiz Moreno, quien aparece ahora en medio de dos posiciones incómodas: si lo sabía, como parte de una especie de conspiración para la inclusión de una jurado “topo” entre quienes votaron; si no (como en verdad se cree), cometiendo un error que mete un ruido que no tendría que existir en ninguna causa, pero menos aún en una con tal nivel de exposición pública.
Fuentes de la Cámara explicaron que las audiencias de selección de jurados son para las partes. Lo único que hizo el tribunal fue facilitar los interrogatorios a los ciudadanos sorteados para integrar el jurado con preguntas básicas de guía, pero el examen en profundidad de posibles conflictos de interés es una tarea que está reservada a las defensas y a los acusadores, públicos y privados.
Nievas justificó que no la interrogaron a Melina en profundidad porque recibieron los cuestionarios muy sobre la hora, no notaron en sus respuestas algo llamativo y porque el foco de las oposiciones, en su caso, estaba puesto en evitar que ingresaran al jurado personas que perdieron algún hijo, algo que entendían que nublaría cualquier posibilidad de juicio objetivo de un jurado no técnico. De hecho, la única recusación que hicieron fue para un aspirante con este antecedente en su vida personal.
Melina puso que era estudiante de Enfermería. Pero eso no era un problema para la defensa de Agüero: habían decidido no objetar jurados médicos o personal de salud. Creían, incluso, que podrían ser de ayuda para entender algunos planteos de cuestionamiento científico a la prueba que jugaron en las distintas instancias del debate. Luego se conoció que una de las acusadas en el juicio, la exjefa de Enfermería del Neonatal, Alicia Ariza, iba a ser profesora de Melina. Ella explicó que no la conocía por nombre y que cuando empezó el juicio avisó al tribunal de esta situación. Desde la Cámara confiaron que no se la apartó porque en rigor no tenía relación: aún no había sido su docente y no tuvo ningún trato personal.
El planteo de nulidad que prepara la defensa de la enfermera no hace eje sólo en el voto de Melina, sino en su posible influencia sobre el resto de los integrantes del jurado popular.
Para probar esa cuestión, se debería investigar si Melina ejerció en forma concreta alguna presión o influencia sobre sus pares; no alcanzaría con hacer una conjetura. Eso sólo se podría dilucidar vulnerando algo que es secreto: el contenido de la deliberación de los jurados.
Lo que se conoce de lo que ocurrió entre ellos es lo que dijeron los demás jurados populares en notas posteriores a la que ofreció Melina: que nadie buscó influenciarlos, que votaron según sus criterios y percepciones, y que si bien en las deliberaciones hubo discusiones, por momentos tensas, nadie impuso ni se dejó imponer una opinión en el momento de tener que tomar la decisión final.
Tal vez el testimonio más relevante entre quienes hablaron sea el de Mateo Hollman, un cocinero que tiene 28 años y que votó por la absolución de Brenda Agüero y de los exfuncionarios ministeriales y del hospital. Es decir, votó en forma diferente a Melina.
“La única presión que sentimos es la social. Los jueces, la Oficina de Jurados Populares, nos dejaron mucha libertad para pensar; sólo nos daban indicaciones muy puntuales. Y eso se ve reflejado en cómo salió la votación, lo que da indicios de que nadie nos presionó: cuatro contra cuatro”, comentó.
El joven cocinero fue más allá: “Yo no soy de las conspiraciones; creo que todo fue limpio, y si alguien tomó decisiones que yo creo equivocadas, estoy seguro que fue motu proprio”.
El planteo de nulidad corre en paralelo a las apelaciones que prepara la defensa de Agüero, pero que también harían los demás condenados. El MPF, por su parte, pediría la casación de la absolución del exministro de Salud de la Provincia Diego Cardozo, absuelto por la unanimidad de los jurados populares, pero con la condena de los dos jueces técnicos que votaron, José Daniel Cesano y Laura Huberman. Los abogados que representan a Cardozo presentarán un escrito cuestionando los fundamentos de estos camaristas, “sólo para no dejar esas consideraciones sin oposición”.
