La realidad suele desconcertar a los teóricos que observan los objetos de estudio desde hipótesis basadas en supuestos ideales.
A esta altura del desarrollo de la pandemia, y de la consecuente educación virtual, hoy es “noticia” la manera rudimentaria en la que deben desarrollar sus prácticas algunos docentes y profesores de escuelas de zonas empobrecidas.
Ya existe cierto consenso, basado en evidencias, de que la educación virtual, o “la escuela en casa”, es un derecho de una parte de la sociedad con recursos suficientes para afrontarla.
La otra porción de la población transita la virtualidad sólo como una “educación a distancia”, geográficamente limitada a las posibilidades socio-económicas, culturales y de alfabetización.
Hay un espacio difuso, un límite lábil entre ambos escenarios, donde se ensayan estrategias para no profundizar el abismo.
La escuela estatal sigue siendo el único espacio público que transitan muchos niños y familias. Es allí donde los alumnos aprenden, pero también es el lugar al que concurren los padres (en especial, las madres) cuando necesitan asesoramiento, consuelo, orientación para un trámite, para una denuncia de violencia familiar o para cualquier otra cosa.
Las maestras conocen la realidad de sus territorios, a distancias siderales de ciertos enunciados teóricos.
En esos ámbitos, aun en el siglo 21, renace la tarea artesanal de confeccionar compendios de contenidos en el antiguo soporte papel para acercar, al menos un poco, el aula a los hogares.
Es el papel –tangible, democrático y sensible– el que lleva y trae tareas. O a veces sólo las lleva a los hogares, con la ilusión de sostener un vínculo amoroso hasta que pase el temporal.
