A pocos días de conocerse el doble femicidio de Córdoba en el que un niño de 5 años quedó huérfano tras el asesinato de su mamá, Luna Giardina, y de su abuela, Mariel Zamudio, el país se pregunta sobre el destino de este niño que quedó sin referentes de apego cercanos y con un progenitor preso y acusado por los femicidios.
P. es uno de los más de 200 niños que suelen quedar en esa situación en el país por año. Madre asesinada, padre preso y tías, abuelas o vecinas que se predisponen a su cuidado.
En general, los días posteriores a un femicidio, cuando las sirenas se apagan y las cámaras se van, empieza otra historia. Una historia que se escribe sin flashes ni titulares: la de los niños que quedaron sin madre, y la de quienes, sin pensarlo, deben rehacer su vida alrededor del cuidado.
Cada caso revela una trama de pérdidas: la madre asesinada, el padre (cuando fue el agresor) preso o muerto, y una familia que intenta sostener lo que queda. Para los cuidadores, la vida se redefine entre la urgencia y el amor.
Según los datos del informe de femicidios de la Corte Suprema de Justicia, en 2024 un total de 204 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos de madre a raíz del femicidio. Es un número que se mantiene cada año.
En la mayoría de los casos, son tías o abuelas maternas las que asumen la crianza, cargando con el duelo, la burocracia y el peso emocional de un trauma que atraviesa generaciones y hasta disputas con familiares del padre agresor en torno a lo que les cuentan a los niños.
En Córdoba, un reciente fallo de los Tribunales de Familia negó al abuelo paterno de dos niñas, hijas de una víctima de femicidio, el contacto con sus nietas.
La jueza de Primera Nominación de Córdoba, Belén Mignón, consideró que esa vinculación podía revictimizarlas y obstaculizar su proceso de recuperación. No habían tenido contacto con él antes, pero el hombre reclamaba por el vínculo.
Otra alta fuente judicial explicó, en diálogo con La Voz que estos casos se enmarcan en una reforma clave del Código Civil y Comercial: “El artículo 700 bis, incorporado en 2017, establece la privación automática de la responsabilidad parental en los casos de femicidio. Es decir, cuando un progenitor mata al otro, la ley presume la incapacidad absoluta de ejercer derechos sobre los hijos”.
“La mayoría de los niños quedan al cuidado de la familia materna, por sentido común y por salud emocional. Es muy fuerte que queden con la familia paterna. No todos los abuelos pueden asumir que su hijo es un femicida, y muchas veces eso deriva en negación o en narrativas falsas hacia los chicos”, explicó un magistrado quien prefirió reservar su identidad.
Sobre el cuidado, fue claro: “Es muy fuerte que queden bajo el cuidado de la familia paterna… no todos los abuelos van a decir ‘mi hijo es un femicida’, razón por la cual puede haber negación”.
En algunos expedientes, incluso, detectó que los niños permanecían con abuelos paternos que “no solo negaban lo ocurrido, sino que les decían que la madre se había muerto en un accidente o quemada, e intentaban mantenerlos en contacto con el padre preso”. “En esos casos, ordenamos con carácter urgente la tutela a favor de las hermanas mayores o de las tías maternas, junto con un tratamiento psicológico”, señaló.
Para el especialista el desafío judicial aparece cuando los familiares paternos reclaman visitas: “No se extingue el vínculo de parentesco, pero hay que evaluar si esos contactos representan un beneficio o un riesgo. En muchos casos, lo más saludable es no someter a los niños a revinculaciones forzadas que solo reviven el trauma”.
La resolución vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que pocas veces se formula en voz alta: ¿qué pasa con los hijos o las hijas de las víctimas de femicidio cuando el crimen se apaga en la agenda pública?
La historia de Carolina
Carolina es la tía de las niñas de las que habla el fallo de Tribunales de Familia narrado en los primeros párrafos.
Carolina fue policía y bombera voluntaria durante tres décadas. Pensó que conocía todos los rostros del dolor, hasta el 25 de diciembre de 2023, cuando su hermana Andrea fue asesinada por su pareja y padre de sus dos hijas, en Salsipuedes.
El agresor también murió esa noche, abatido por la Policía. Desde entonces, Carolina, viuda y madre de cuatro hijos, se hizo cargo de sus dos sobrinas, que hoy tienen 11 y 13 años.
“Tuve que vender el auto para poder mantenernos”, dice en diálogo con La Voz. Las niñas no solo presenciaron toda la escena, sino que también fueron heridas durante el ataque.
Lo que siguió fue una maraña de trámites: la tutela, la Ley Brisa, la declaratoria de herederos, las gestiones en Anses, en el Renaper y en los Tribunales de Familia y Civil. Todo demoró meses.
“El agresor había sido adoptado por un exmilitar en la época de la dictadura y sus huellas no coincidían con el DNI. Entonces el Renaper tardó en darlo por fallecido. Sin eso, no salía ningún trámite”, recordó.
Recién este año comenzó a percibir la reparación de la Ley Brisa. “Yo no pedía un favor, pedía que se cumpliera una ley. Las nenas están bien, estudian, se ríen, pero cada vez que tenemos que ir a Tribunales, es como revivir todo. Creo que el Estado debería acompañar más a quienes sostenemos la vida de estos chicos”.
El duelo postergado
Las historias de cuidado se repiten con matices. Ruth Ahrensburg, fundadora de la Asociación Con Voz, acompañó varios de estos procesos. “Los femicidios no solo dejan a los chicos sin madre, también destruyen la estructura familiar. Los abuelos o tíos deben hacerse cargo en medio del shock y del dolor. No hay tiempo para duelar, porque hay que cocinar, acompañar a la escuela, tramitar papeles. Se impone un rol para el que nadie está preparado”, explicó.
Ahrensburg detalló que, en muchos casos, los cuidadores son adultos mayores. “Personas que estaban jubiladas, con sus propios problemas de salud, que de pronto deben criar otra vez. Eso altera su vida, sus derechos y su economía. Muchos dependen de pensiones mínimas o de trabajos informales para sostener hogares ampliados”, agregó.
También mencionó el impacto en los niños. “Estos chicos pierden todo: su madre, su casa, su escuela, sus amigos, su perro. Son mudanzas abruptas, cortes de vínculos, nuevas rutinas. Todo eso tiene consecuencias emocionales profundas”.
Desde el Estado provincial, el equipo de Violencias Extremas del Polo de la Mujer interviene en los primeros momentos posteriores a un femicidio. Noelia Pagani, integrante del área, explicó que su tarea es “brindar acompañamiento psicosocial y técnico inmediato a las familias y promover estrategias integrales de cuidado, reparación y restitución de derechos”.
“La necesidad que creemos más urgente, posterior al hecho, es la de contención y resguardo. Vamos inmediatamente al lugar del hecho o donde se encuentre la familia, y brindamos contención y escucha activa”, señaló. Luego, detalló, aparecen dificultades “económicas o habitacionales”, y el equipo gestiona “programas provinciales, incorporación a Apross, si se requiere, y apoyos de emergencia social”.
También acompañan “la guarda provisoria o tutela” junto con la Unidad de la Defensa de Víctimas, articulan “tratamiento especializado en salud mental, y un acompañamiento regular y sostenido en el tiempo”, y ayudan a reunir la documentación para tramitar la reparación económica RENNYA/Ley Brisa ante Anses. Sobre quiénes asumen el cuidado, Pagani precisó: “Observamos que, en la mayoría de los casos, los niños y las niñas quedan en el resguardo de las familias maternas: tías, abuelas, hermanas o hermanos mayores de edad. En menor medida quedan con familiares paternos; allí suele requerirse evaluación judicial de riesgo”. Y advirtió que en entornos paternos “predomina el no hablar, el silencio o la negación”, incluso “manteniendo contacto telefónico con el femicida desde la cárcel”, situaciones que motivan intervenciones para restituir derechos y proteger a la infancia.
“Tuve que correr mi duelo para atender a las nenas”
Romina también lo sabe. El 3 de enero de 2020, su hermana Sabrina fue asesinada frente a la casa familiar en una localidad de la provincia de Buenos Aires (preservamos detalles para no identificar a las niñas ni a su entorno). El femicida, su pareja y padre de las dos niñas, fue condenado a perpetua.
Romina, que tenía un hijo de 5 años, se hizo cargo de las pequeñas, de 4 y 2 años.
“Tuve que correr mi duelo para atenderlas. Ahora están muy bien, pero al principio no dormían, lloraban, estaban en shock. La más grande tenía alucinaciones. Me pedía que le mostrara las puertas cerradas porque creía que el papá iba a venir a matarla”, recordó en diálogo con La Voz.
Su vida se transformó por completo. “Vivía en una pieza con mi hijo. De repente éramos cuatro. Me quedé sin trabajo por la pandemia, sin ayuda familiar. Tuve que ir a vivir a lo de una amiga. Nadie me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, eran solo reclamos... y todo en el contexto de la pandemia”.
Con acompañamiento del Consejo de la Mujer, Romina consiguió acelerar sus trámites y hoy agradece no haberse tenido que encargar de lleno de eso. Consiguió la tenencia definitiva y accedió a la ayuda económica que prevé el programa RENNYA, conocido como “Ley Brisa”.
Sumado a todo ello, tuvo que denunciar por amenazas a una tía paterna de las niñas, quien, a pesar de que no había tenido mucha vinculación anterior con las niñas, le exigía a Romina tener contacto con las nenas “por las buenas o por las malas”.
A cinco años del crimen, recuerda cada una de esas etapas y los grandes obstáculos que tuvo que sortear para poder hoy llegar a estar bien.
“Hoy las nenas están bien, con buenas notas y amigos. Pero fue un camino larguísimo. Una tuvo principio de epilepsia; la otra, crisis asmáticas cada Día de la Madre o cumpleaños de su mamá. Eso fue desapareciendo con el tiempo y la terapia”, explicó.
“Los chicos no son un botín de guerra”
La ONG Atravesados por el Femicidio acompaña a cientos de familias como las de Romina y de Carolina. Una de sus fundadoras, Marcela Morera, explicó que, además de la carga emocional, aparecen disputas familiares que reabren heridas.
“En muchos casos, las abuelas o las tías paternas quieren revincular a los niños con el femicida o con su familia. Algunos intentan imponer el relato de que la madre se suicidó o estaba ‘loca’. Es muy grave: los chicos terminan escuchando versiones que niegan la violencia que vivieron”, señala.
Morera dice que hay niñas y niños que se niegan a hablar con el padre preso o a verlo por videollamada, pero “la familia paterna los presiona”. “Los chicos no son un botín de guerra. Lo que necesitan es contención, no disputas ni negacionismo”, dijo en conversación con La Voz.
También explicó que muchas familias maternas viven bajo amenaza. “Hasta que consiguen la guarda definitiva, muchas abuelas o tías no se animan a hablar. Temen que les quiten a los chicos. La Justicia debería dar prioridad al bienestar de los niños, no al formalismo biológico”.
Las especialistas en general coinciden en que aún falta un abordaje integral para estos casos. “No hay un protocolo unificado para el acompañamiento de los hijos de víctimas de femicidio. Se necesita una respuesta articulada entre la Justicia, el Poder Ejecutivo y los organismos de niñez”, remarcó la jueza.
Ahrensburg agregó que, pese al trabajo en territorio, “los recursos son insuficientes y el acompañamiento se diluye con el tiempo”. Y concluyó: “El Estado tiene que sostener, no solo asistir en la urgencia. Cada niño que sobrevive a un femicidio necesita un cuidado sostenido, porque es una víctima directa de esa violencia”.
La dimensión invisible del femicidio
“Las familias hacen malabares para sobrevivir. La ayuda está al principio, pero se diluye con el tiempo”, dijo Ahrensburg.
“Criar después del horror es vivir con la memoria encendida. Yo elegí hacerme cargo de ellas, pero me cambió la vida al cien por ciento. Vivís para ellos. No hay tiempo para vos”, recordó Romina.
Carolina lo resumió con la serenidad de quien resiste: “Las nenas vivieron en un ambiente de gritos y miedo. Acá volvimos a empezar: no se grita, no se discute. Pero cada trámite, cada audiencia, es volver al punto cero”.
Las organizaciones coinciden en que, aunque hay organismos que brindan ayuda inicial, Argentina carece de un protocolo integral para el cuidado y el acompañamiento de los hijos de víctimas de femicidio en forma unificada.
“Son consecuencias directas del femicidio: alteraciones de las estructuras familiares, duelos suspendidos, roles impuestos y una vida entera reconfigurada alrededor del dolor”, explicó Ahrensburg.
“Nosotros seguimos vivos, dijo Romina, pero nunca salimos del todo. Criar después del horror es sostener la vida con lo que queda: con amor, con cansancio, con fe. Y con una ausencia que nunca se va”.
