Exactamente dos años antes del doble femicidio que conmocionó a Córdoba el pasado sábado 11 de octubre, Luna Giardina (26) había acudido a la Justicia para denunciar el calvario que vivía junto a Pablo Laurta (40), el hombre que luego la mató junto a su madre, Mariel Zamudio (53), en su casa de barrio Villa Serrana de la ciudad de Córdoba.
La denuncia fue radicada el 17 de octubre de 2023 en la Unidad Judicial número 19, en barrio Argüello. Luna relató allí los episodios de violencia sufridos durante los cinco años de relación con Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, con quien tuvo un hijo en 2019.
En esa declaración la joven describió una convivencia atravesada por el control y las agresiones: “Me obliga a hacer cosas que no quiero. No me deja tener redes sociales, celular ni trabajar. Me pega cachetadas, pero dice que no son fuertes”, dijo en ese entonces según la denuncia que fue revelada por el diario Perfil.
Violencia física, sexual y económica
Violencia física, sexual y económica
En el expediente se registran distintas formas de violencia. Luna contó que Laurta la privaba de recursos, intentó quedarse con su vivienda y la sometía a un control constante.
También habló de agresiones sexuales y de amenazas vinculadas a su salud: “En 2020 tuve un atraso en mi periodo de menstruación, por lo que pensé que estaba embarazada y él me dijo que si yo estaba embarazada me iba a obligar a abortar”.
“Él no quería usar métodos anticonceptivos ni preservativos”, dijo en ese entonces Luna y luego dejó asentado que el hombre le impidió hacerse el control ginecológico porque, según sus palabras, “ningún hombre puede permitir que un médico pueda ver a una mujer”.
La joven manifestó temor por su vida y mencionó incluso las referencias del hombre en redes sociales, específicamente citó una publicación que Laurta había hecho en desde la cuenta de X (antes, Twitter) de la organización Varones Unidos, creada por él. En esa oportunidad, el hombre comentó una noticia sobre un femicidio en Brasil diciendo: “Lo sorprendente es que esos desenlaces no sean más comunes y que haya despistados que todavía se sigan casando”.
Medidas judiciales y antecedentes
La causa fue remitida a la Fiscalía de Distrito IV, Turno 6, a cargo de Jorgelina Gutiez, quien dispuso una restricción de acercamiento. En paralelo, el Juzgado de Violencia Familiar, a cargo de Victoria Jalil, ordenó la entrega de un botón antipánico.
Luego de esa denuncia, el 8 de enero de 2024 Laurta fue detenido tras pasar tres días oculto en el techo de una vivienda vecina a la de Luna, en clara violación de la orden judicial.
Estuvo preso un mes y fue sometido a una pericia psicológica y psiquiátrica que concluyó que “comprendía la criminalidad de sus actos” y “no presentaba peligrosidad”. Recuperó la libertad el 8 de febrero de ese año y se marchó a Uruguay antes de que pudiera colocársele la tobillera electrónica dispuesta por el Juzgado de Violencia a cargo de Victoria Jalil.
El 11 de octubre de 2025 Laurta burló los controles migratorios, cruzó la frontera en forma ilegal y fue hasta la casa de Luna donde la habría asesinado a ella y a su madre de un disparo en la cabeza.
La denuncia de Luna, y las advertencias que allí dejó asentadas, hoy forman parte del expediente judicial. Su relato, registrado un año antes del crimen, muestra con crudeza las señales que el sistema no supo o no quiso leer.
