Bolivia debe proteger a las niñas de la violencia sexual y los embarazos forzados, afirmó este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de que una adolescente de 11 años fuese violada por su abuelastro.
La niña se encuentra en un albergue de la Iglesia católica, que se niega a que se someta a un aborto. Las autoridades locales, el personal médico y la madre de la menor también se oponen.
La madre afirma que tanto ella como su hija quieren que el bebé nazca y que después decidirán si lo crían o lo dan en adopción.
“El embarazo de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual pone en riesgo su vida, salud física y mental, y afecta su autonomía integral”, recalca la CIDH.
El embarazo infantil y adolescente es un problema en el hemisferio, con cerca de 10 millones de casos al año, advierte la CIDH, en un informe sobre violencia y discriminación.
Este organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirma disponer de información según la cual en Bolivia una de cada tres niñas sufre algún tipo de violencia sexual antes de los 18 años.
Según los datos de la Fiscalía especializada en delitos de género y juvenil ha habido 561 casos de violación contra niñas, niños y adolescentes en el país hasta abril de 2021.
Dilema en Bolivia
El caso de la adolescente boliviana reabrió el debate entre quienes opinan que debe abortar (si fuera necesario iniciando un procedimiento judicial para quitarle la patria potestad a la madre) y quienes se oponen tajantemente, como el arzobispado de Santa Cruz (este), el departamento donde reside la víctima.
La Defensoría advirtió que emprenderá medidas legales para que “se reencamine el procedimiento de interrupción legal del embarazo, sin viciar el consentimiento de la menor”.
Las víctimas de violencia sexual deben acceder a los servicios de salud y a la información para “tomar las decisiones y dar el consentimiento sobre cualquier procedimiento” y el Estado debe blindarlas frente a “opiniones e información no científica”, insiste por su parte la CIDH.
La legislación boliviana estipula que el “aborto incondicional” es constitucionalmente inadmisible pero cuando es consecuencia de un delito de violación “no se aplicará sanción alguna”.
Protección de los derechos de la niña
El Gobierno de Bolivia condenó la semana pasada lo que consideró como la intromisión de la Iglesia Católica para convencer a la niña de no seguir adelante con la interrupción voluntaria de su embarazo, que ya había iniciado.
En ese marco, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó sobre la presentación de una denuncia ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz para pedir la protección de los derechos de la niña y que se sancione a terceras personas ajenas a la familia que vulneraron sus derechos.
Además, la funcionaria pidió sanciones también para las servidoras y servidores públicos, y terceros, por acciones y omisiones que vulneraron los derechos de la menor de 11 años.
Según la ministra, la convencieron con discursos que “romantizan la violación”.
Violación intrafamiliar
El caso, que sucedió en el municipio de Yapacaní -en el departamento de Santa Cruz, en el este del país-, ha tenido una fuerte repercusión en todo Bolivia en la última semana.
Durante más de nueve meses, la niña fue abusada sexualmente por el padre de la actual pareja de su madre. La familia recién lo descubrió cuando la menor sintió “movimientos extraños” en su vientre y lo contó. Para ese momento, ya tenía 21 semanas de gestación.
Una tía de la niña denunció al abusador, que fue detenido y espera ser juzgado en una cárcel. También inició el trámite para una interrupción voluntaria del embarazo, que se puso en marcha de inmediato de manera correcta.
Sin embargo, la mediatización del caso, que incluyó la divulgación de los datos personales de la menor, desataron una importante reacción de la Iglesia Católica y grupos antiderechos que lograron acceder a la niña y la convencieron de no abortar, según denunció primero la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
