La causa por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal no produjo las novedades “cantadas” la semana pasada, por un motivo: la fotocopiadora de Tribunales II, la única autorizada para entregar los juegos de copias a querellantes y defensores, con cadena de custodia y contrato de confidencialidad, tardó más de siete días en imprimir los 16 cuerpos y medio que acumula el expediente, casi 3.300 hojas para cada abogado.
Sin los papeles en las manos, el defensor de la acusada por los homicidios, Brenda Agüero; los representantes legales de los seis funcionarios involucrados por omisión de deberes y falsedad ideológica; los tres abogados que son querellantes en representación de madres y padres de bebés fallecidos o que sufrieron descompensaciones en la misma serie bajo investigación argumentaron que no podían decidir si planteaban nulidades, pedían ampliar declaraciones u ofrecían nuevas evidencias.
Es por esto que se produjo esta dilación. El tiempo de espera, sin embargo, fue productivo para el fiscal Raúl Garzón, quien aguarda que se incorporen para su análisis los resultados de dos estudios que considera claves para definir si dicta o no la prisión preventiva de Agüero y si, eventualmente, le amplía los cargos para hacerla responsable no sólo de las muertes de las dos bebés sobre las que hay autopsias sino sobre los cinco casos sospechosos de marzo a junio y las tentativas por los otros ocho bebés descompuestos misteriosamente que sobrevivieron.
Garzón tiene ya un avance del informe forense que encontró que había patrones comunes entre todos los casos -anticipado la semana pasada por La Voz. En el análisis de todos los eventos de la serie, se encontraron varios elementos comunes, con la evidencia de que la mayoría de los bebés se descomponían en un rango no mayor a dos horas, en turnos donde estaba presente la enfermera, como rasgo típico. Pero quiere tener en sus manos las conclusiones completas de este peritaje, para avanzar en una eventual ampliación de cargos.
Un adelanto de los resultados del peritaje multidisciplinario psicológico, psiquiátrico y ambiental no sólo le ofrecería al fiscal la certeza de que Brenda Agüero es imputable, sino que establecería un perfil de personalidad con rasgos psicopatológicos. Pero, como en el caso del informe forense, Garzón quiere tener el estudio completo de los peritos oficiales.
Con el juicio a la enfermera británica Lucy Letby en los portales de noticias del mundo, es casi un hecho que Garzón tendrá que decidir si dicta la preventiva contra Agüero con una acusación que es casi idéntica. La conexión pronto va a ser evidente fuera de Córdoba y concitar el interés de las cadenas de noticias mundiales. Neonatal ya no será una historia de cabotaje.
Garzón, además de encontrar elementos para terminar de fundar la sospecha principal, en lo procesal tiene que justificar que permanezca detenida. Para esto se valdría de la evidencia de que Agüero buscó activamente opciones de alquiler en otra provincia cuando se inició la investigación y entendió que estaba siendo objeto de sospechas. Las preventivas se tienen que fundamentar en que los delitos prevean penas de cárcel efectiva, y en el peligro procesal: que la libertad de un acusado puede entorpecer la investigación o que exista riesgo cierto de fuga.
Hay dos categorías de imputados por las responsabilidades funcionales. El exministro de Salud provincial Diego Cardozo, el exsecretario de Salud Pablo Carvajal y el exsubdirector de Gestión Hospitalaria del Neonatal Alejandro Escudero Salama están acusados de “omisión de deberes de funcionario público”. Simple: no denunciar cuando se tiene la obligación de hacerlo.
Pero la exdirectora del Neonatal Liliana Asís, la exjefa de Neonatología Martha Gómez Flores y la preferente de Calidad Adriana Moralez, además de omisión de deberes tienen cargos por “falsedad ideológica”. Esta imputación es por haber firmado los certificados de defunción de los bebés sobre los cuales no había causas claras que expliquen sus muertes y no haber denunciado a la Justicia y pedido las autopsias. Esta figura penal tiene una escala que llega a una pena de hasta seis años de prisión -más severa que la omisión de deberes- y podría desencadenar en pedidos de detención si Garzón encuentra justificativos de riesgo procesal.
¿Qué puede pasar en esta deriva, en una semana que parece de transición hacia el momento de las definiciones? Que se decidan a declarar los funcionarios acusados. En particular, la propia Asís, quien quería hacerlo y por consejo de su abogado Franco Vitozzi aplicó la fórmula de negar los hechos y abstenerse, lo mismo que hicieron todos los demás, con la solitaria excepción de Escudero Salama. También Cardozo quería declarar, ofrecer su propia versión de lo que pasó y responder preguntas, y su abogado Gabriel Matheu se lo impidió.
Todo esto puede ocurrir en las próximas semanas en un caso que estremeció a Córdoba este año y que, por la notable coincidencia con el juicio a la enfermera británica Letby, puede ganar trascendencia internacional.
