La Cámara de Acusación rechazó el planteo presentado por los defensores del exministro de Salud provincial, Diego Cardozo, y de la exdirectora del Hospital Materno Neonatal, Liliana Asís, para que la investigación de las responsabilidades funcionales en la causa que investiga las muertes de bebés en ese centro de salud entre marzo y junio del año pasado pasen al fuero Penal Económico y Anticorrupción.
Con el voto de los jueces Carlos Zalazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies, la Cámara ratificó, de este modo, que toda la investigación queda en manos del fiscal de instrucción Raúl Garzón, tanto la parte de la autoría material -por la cual está detenida y acusada la enfermera Brenda Agüero- como las responsabilidades de los funcionarios, con nueve imputados y una detenida, Asís, acusada de encubrimiento agravado.
El planteo de los abogados Franco Vitozzi -por Asís-, Germán Matheu y Lucas Filiberti llegó a la Cámara luego de un primer rechazo del juez de control Juan Manuel Fernández López, que fue recurrido a esta instancia superior.
Para la querella, representada por el abogado Carlos Nayi, esta resolución habilita a que Garzón amplíe las imputaciones sobre los funcionarios y detenga a Cardozo. “Esta es una dura derrota para las pretensiones de los funcionarios implicados y esta querella va a insistir en el pedido de ampliación de cargos y detención del exministro de Salud y un agravamiento en la situación de otros funcionarios implicados”, enfatizó Nayi.
Además, la querella -en nombre de las familias de tres de los cinco bebés asesinados en el hospital- pide que se dicte la prisión preventiva contra Asís, que en estos momentos aguarda la decisión de Garzón sobre el pedido de prisión domiciliaria.
Un planteo llegó “desistido de hecho”
La Cámara contestó el planteo de los abogados de Cardozo, porque el recurso de Vitozzi, defensor de Asís, quedó “desistido en forma tácita” al no contestar el emplazamiento del tribunal y presentar el informe con los fundamentos de la impugnación. “Por este motivo corresponde declarar tácitamente desistido este último recurso”, consideran los jueces de Cámara. Este desestimiento tácito es importante porque hace que termine aquí el planteo de Asís y ya no tenga instancia superior donde seguir recurriendo.
Los abogados de Cardozo sí respondieron, la Cámara les rechazó el pedido y ahora sólo les queda el reclamo de cambio de competencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Pero es un recurso que no se considera ni habitual ni conveniente a la defensa, según entienden expertos tribunalicios.
Los argumentos de la Cámara
Para el juez Zalazar, “resulta claro que en el marco de la comisión de hechos delictivos de competencia común que atentan contra la vida e integridad física de las personas (homicidios calificados consumados y en grado de tentativa), se habrían perpetrado ilícitos contra la administración pública (omisión de los deberes de funcionario público), incluidos por razón de materia en la competencia especial del fuero penal económico y anticorrupción. Sin embargo, tal como lo sostiene el Fiscal de Cámara en su dictamen ‘...no se encuentra establecido que los delitos comunes hayan sido cometidos para perpetrar el delito del fuero especial o para procurar a sus autores o partícipes el provecho o la impunidad’”.
De este modo, la Cámara responde al eje de los planteos de los abogados de los exfuncionarios sobre la confusión de “la competencia de la causa principal adjudicada a Agüero, con la omisión de deberes funcionales” y que “no existe conexidad objetiva con el delito principal”. Los defensores de Cardozo -acusado por omisión de deberes de funcionario público, por no denunciar- fueron más allá y dijeron “haber incumplido un deber no implica que realizó esta conducta para facilitar o perpetrar los hechos principales”.
Los jueces ratificaron el criterio del juez de control Fernández López, que al rechazar el planteo consideró que “esulta obvio que los hechos ventilados, pese a la diferente identidad y roles de sus protagonistas, forman parte de un mismo contexto delictivo, cuya comprobación y valoración resulta esencial para determinar la responsabilidad penal que corresponda”.
