La Municipalidad de Córdoba debe afrontar en el corto plazo una de sus decisiones más relevantes en materia de servicios urbanos: la licitación del sistema de recolección de residuos. El actual contrato, adjudicado en junio de 2018, fue establecido por ocho años y finaliza en 2026. Esta situación obliga a la gestión de Daniel Passerini a comenzar a definir el esquema que regirá, al menos, hasta 2034.
En ese marco, la gran novedad es el cambio conceptual que impulsa el actual gabinete municipal. El intendente encargó al nuevo secretario de Ambiente, Gabriel Martín, la confección de un “pliego ambiental” que prometió en campaña y que debe superar la lógica tradicional de la recolección de residuos.
Martín es un funcionario de extrema confianza del intendente, a quien acompañó cuando Passerini se desempeñaba como ministro de Acción Social en la gobernación de José Manuel de la Sota.
El objetivo no es simplemente mejorar la recolección y el tratamiento de los residuos, sino avanzar hacia una política ambiental integral.
El enfoque apunta a la circularidad, la valorización de materiales, el reciclado y la incorporación de tecnologías para el aprovechamiento energético de los desechos.
También se buscará una mirada metropolitana, en la que uno de los ejes podría ser la incorporación de la Provincia en Cormecor, el ente intermunicipal que gestiona la disposición final.
La recolección aparece, así, como la próxima gran agenda para el Ejecutivo capitalino, tras el relanzamiento de la Guardia Urbana Municipal, la implementación de la tarjeta Sube, la reconfiguración de las prestadoras en el transporte y la ordenanza en debate sobre plataformas de movilidad.
Y no es para menos: el servicio representa aproximadamente el 20 por ciento del presupuesto municipal, estimado en 2025 en 1,31 billones de pesos.
El contrato vigente y su historia
El actual esquema de recolección fue adjudicado en 2018 por el entonces intendente Ramón Mestre, luego de dos licitaciones frustradas entre 2008 y 2016. En esa última ocasión, el municipio resolvió dividir la ciudad en tres zonas. Lusa opera en el sur, Urbacor en el norte y Logística Ambiental Mediterránea (LAM, consorcio Solví-Caputo), en el área central.
El contrato abarcó únicamente la recolección de residuos, sin incluir barrido ni disposición final. El presupuesto original fue de 156,1 millones de pesos mensuales, unos cinco millones de dólares al cambio de noviembre de 2018.
En paralelo, el barrido quedó a cargo del ente municipal Coys y la disposición, bajo la órbita de Cormecor. El contrato final se estableció con una duración de ocho años.
Más allá de los números, el actual esquema presenta deficiencias, especialmente en el área central, donde el municipio apunta a la conducta de comerciantes y consorcistas como responsables de una disposición inadecuada de la basura.
En contrapartida, se destaca que está resuelto el destino final de los residuos, ya que Cormecor habilitó nuevas celdas en Piedra Blanca que permitirán operar durante, al menos, diez años más.
Una larga historia de fracasos y transformaciones
La historia de la recolección de residuos en Córdoba es extensa y está plagada de hitos. Según relata Efraín Bischoff en su libro Historia de los barrios de Córdoba, ya en 1785 el marqués Rafael de Sobremonte prohibía tirar basura en la calle. Desde fines del siglo XIX hasta mediados del XX, el servicio era prestado por la propia Municipalidad con carros tirados por animales. Los operarios eran conocidos como “tiratachos”.
En la década de 1970 comenzó la privatización del servicio. La cooperativa de camiones fue reemplazada por Venturino y, luego, por Aseo, un consorcio entre Waste Management y Sideco, del grupo Macri.
Esta empresa marcó un hito por su calidad, pero también por su alto costo: absorbía hasta el 50 por ciento del presupuesto municipal. El entonces intendente Ramón Mestre padre la calificó como “una mucama onerosa” y le rescindió el contrato.
Después vinieron Guambaré, Chietti y Clima (Grupo Roggio), que ganó la licitación de 1986 y se mantuvo hasta 1998, cuando el mismo grupo volvió a adjudicarse el servicio con Cliba.
En 2009, Cliba se retiró tras una fallida licitación y nació Crese, una empresa municipal que luego tercerizó con Lusa y Cotreco en 2012.
En 2013, Mestre intentó una nueva licitación, pero la descartó en 2016 por su alto costo.
Así, el barrido quedó en manos del entonces Esop (hoy Coys) y la disposición final fue encargada a Cormecor. Recién en 2018 se logró un nuevo contrato, que es el que hoy rige.
En paralelo, en ese periodo se dio la explosión de poder del sindicato de los recolectores Surrbac, liderado por las familias Saillén y Catrambone, cuyos popes deben enfrentar un juicio por lavado de activos en los próximos meses.
La visión de Passerini: hacia un “pliego ambiental”
La nueva etapa será distinta, al menos en su enfoque inicial. El intendente Passerini instruyó al gabinete a diseñar un pliego que considere la gestión de residuos desde una lógica de economía circular.
Esto implica no sólo recolectar, sino también minimizar la generación, fomentar el reciclaje, asegurar una trazabilidad clara del residuo y crear condiciones para el aprovechamiento energético.
Uno de los pilares será garantizar que los residuos reutilizables tengan un mercado sustentable.
La Municipalidad evalúa intervenir con incentivos o precios mínimos para sostener la recolección diferenciada, incluso cuando bajan los valores de mercado, como ocurrió con el cartón.
También se prevé reforzar la política de control. Para ello, se trabaja en una comunicación masiva, sostenida y coherente, que informe sobre los horarios, modos de disposición y sectores asignados.
A cambio de mayor claridad, se aplicarán sanciones más severas a quienes incumplan, especialmente a grandes generadores como consorcios de edificios.
Otro eje importante será la integración metropolitana. La basura ya no es sólo un problema local, y por eso se busca que Cormecor incorpore como accionista a la Provincia.
Actualmente, sólo participan municipios del Gran Córdoba. La idea es que el futuro esquema piense en una escala mayor, no sólo desde lo logístico sino también desde el impacto ambiental.
Lo que viene: pliegos, debate y decisión política
La Municipalidad aún no inició el proceso de consulta con actores del sistema, que se espera que suceda en los próximos meses.
Podrían participar las empresas actuales y potenciales oferentes, universidades como la Nacional y la Tecnológica, y representantes del clúster de economía circular.
El nuevo pliego debería estar terminado antes de que finalice 2025 o para el primer trimestre de 2026, para una transición ordenada.
Passerini encara así una definición clave de su gestión. Tiene a favor una situación menos crítica que la del transporte, lo que habilita mayor planificación.
Pero debe evitar errores de gestiones anteriores: proyectos demasiado ambiciosos que quedaron en el papel, como la contenerización total de la ciudad.
El futuro del servicio dependerá de múltiples factores: el costo de prestación, la capacidad estatal de control, el involucramiento ciudadano y la coordinación interjurisdiccional.
Pero lo que está claro es que, por su peso económico, su visibilidad y su impacto ambiental, la recolección de residuos vuelve a colocarse como un tema central de la agenda municipal.
