Por orden judicial, Gendarmería Nacional y otras fuerzas rescataron a una familia que vivía en un campo del valle de Calamuchita en un contexto de precariedad. También intervino el área de niñez de la Provincia, ya que la pareja supuesta víctima tiene una hija pequeña.
El procedimiento fue ordenando por el fiscal federal Carlos María Casas Nóblega, de la Fiscalía Federal 2 de Córdoba.
La familia vivía en un campo lindero al complejo hidroeléctrico Rio Grande (en el embalse Cerro Pelado) a una distancia aproximada de unos cuatro kilómetros.
El operativo estuvo a cargo de la División Anti Trata de Gendarmería Nacional y participó personal de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y la Trata de Personas y de la Secretaria de Trabajo de la Provincia. Además, tomó intervención la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) que depende también de la Provincia.
El disparador
La situación salió a la luz tras una inspección realizada por personal del Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre), quienes advirtieron de una posible situación de trata de personas con fines de explotación laboral.
Las víctimas, una pareja integrada por un hombre de 43 años y una mujer de 34, son oriundas de la ciudad cordobesa de Marcos Juárez. Convivían junto a una hija de tres años de edad.
Según trascendió, habían sido contratados en julio de 2023 por un familiar de la dueña del lugar. De acuerdo a la inspección que disparó la investigación y sacó a luz el caso, trabajaban en infracción a las leyes laborales vigentes y en jornales diarios de más de 12 horas.
La Secretaría de Trabajo labró las actas sancionatorias correspondientes a las irregularidades laborales con el hombre, que realizaba tareas rurales. La mujer, según trascendió, ni siquiera estaba registrada como trabajadora.
A su vez, vivían en situación precaria, sin agua potable y sin electricidad, sólo con algunas pantallas solares en mal estado, que le permitían encender una heladera para la conservación de alimentos unas pocas horas al día.
Según fuentes ligadas a la investigación en marcha, el matrimonio quería retirarse del lugar, pero no contaba con los medios para hacerlo.
Se encontraban en zona rural, a diez kilómetros de la localidad de Villa Amancay, la población más cercana.
En el procedimiento,concretado a fines de mayo, se trasladó a la familia al Polo Integral de la Mujer de Córdoba para recibir asistencia, contención y el abordaje correspondiente.
“En principio se habrían descartado indicadores de trata en virtud de que, si bien el salario era escaso, uno de ellos se encontraba registrado y se le brindaba alojamiento; la realidad es que la familia quería arreglar el tema económico para regresar a su casa al sureste de la provincia, se los alojó en el Polo de la Mujer y se le gestionaron los pasajes para poder volver”, informaron a La Voz desde la fiscalía federal interviniente.
