En el megajuicio por las muertes y descompensaciones de 13 bebés en el hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba, este miércoles tuvo lugar en la Cámara 7ª del Crimen la segunda audiencia de alegatos de la fiscalía.
Los fiscales de cámara Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini alegaron sobre las imputaciones a los 10 exfuncionarios y exdirectivos y médicos del hospital.
Pidió que se condenara a Brenda Agüero a prisión perpetua, la única pena posible para los hechos que se le atribuyen, que son cinco homicidios y ocho intentos de homicidio calificados.
Para los funcionarios, pidió condenas para todos y dividió en tres las responsabilidades: primero, solicitó penas leves y de ejecución condicional o redimibles con multas para las médicas de menor rango del hospital; en segundo término, penas de cuatro años para directivos del hospital y para la jefa de neonatología, y, en un tercer nivel, penas de tres años y ejecución condicional a los exfuncionarios del Ministerio de Salud.
Alegatos en el juicio del Neonatal: qué dijeron los fiscales
En su exposición, Ruiz Moreno dividió los eventos y las responsabilidades funcionales en la serie que va del 18 de marzo de 2022 al 6 de junio de ese año en dos partes: una hasta mayo y otra después del 1° de ese mes, el día del caso de G.H., un bebé atacado y descompensado en forma súbita, el séptimo en la saga.
“Antes de esa fecha se ven movimientos tendientes a averiguar qué estaba pasando, incluso con la participación multitudinaria en la reunión por análisis causa raíz del 28 de abril. Pero después de esa fecha, se pasa al hermetismo y a tratar de que no se sepa qué estaba ocurriendo. Evitando, incluso, dar la alerta al propio personal”, resaltó Ruiz Moreno.
También analizó Ruiz Moreno las responsabilidades desde la guardia fatídica del 6 de junio en adelante, en las que involucra ya a las áreas ministeriales en la voluntad de ocultar los hechos, según la acusación.
En la jornada del martes, los fiscales alegaron sobre la imputación de Brenda Agüero, a quien consideraron responsable de los 13 ataques a los bebés y expusieron un resumen de toda la prueba analizada en la causa.
A quiénes y cuánto pidió la fiscalía:
- Diego Cardozo. Exministro de Salud provincial. Encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público. Fiscalía pidió tres años de ejecución condicional y tres años de inhabilitación.
- Pablo Carvajal. Exsecretario de Salud. Encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público. Se pidieron tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación de tres años.
- Alejandro Gauto. Exsecretario de Coordinación y Gestión Administrativa del Ministerio de Salud provincial. Encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público. Se pidieron tres años de prisión en forma de ejecución condicional e inhabilitación especial por tres años.
- Liliana Asís. Exdirectora del hospital Materno Neonatal. Encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público. Omisión de deberes de funcionario público. Se pidieron cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación de tres años.
- Marta Gómez Flores. Exjefa de neonatología del hospital. Omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal. Encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público en concurso ideal. Falsedad ideológica. La fiscalía pidió cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación especial de tres años.
- Adriana Luisa Moralez. Excoordinadora del comité de seguridad del paciente, del hospital. Omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal. Encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público en concurso ideal. La fiscalía pidió tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación por tres años.
- Claudia Ringelheim. Exjefa de tocoginecología clínica y exsubdirectora del hospital. Omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal. Se pidieron un año de prisión de ejecución condicional, inhabilitación y el máximo de la multa.
- Alejandro Escudero Salama. Exsubdirector de gestión administrativa del hospital Neonatal. Omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal. Encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público. Fiscalía pidió una pena de cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación especial de tres años.
- María Alejandra Luján. Excoordinadora de la unidad de terapia intensiva neonatal, a cargo de la supervisión de neonatología en algunas guardias. Llegó acusada de omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal y falsedad ideológica. El fiscal pidió que se la absolviera de la falsedad ideológica (por la firma de un certificado de defunción) y pidió una pena de un año de prisión condicional e inhabilitación y el máximo de la multa por la omisión de deberes.
- Blanca Alicia Ariza. Exjefa de enfermería del hospital Materno Neonatal. Omisión de deberes de funcionario público. Pidió un año de inhabilitación y el máximo de la multa.
Remisión de antecedentes
El fiscal pidió que se remitieran antecedentes para que investigase una fiscalía a tres testigos por posible comisión de delito en la sala de audiencia durante el juicio, y, aunque no fue especificado, se presume que podría ser por falso testimonio. El pedido lo hizo para tres testigos: Valeria Quiroga, Sergio Lynch y Mariana Figueroa.
Por otra parte, no amplió imputaciones a otras personas que tuvieron conocimiento y acción sobre los casos analizados. Se prevé que las querellas.
Los delitos
En la primera parte de su alocución, el fiscal hizo un marco teórico respecto de las responsabilidades funcionales que se analizaron en la causa.
En ese sentido, se refirió al artículo 317 del Código Procesal Penal, llamado “obligación de denuncia”, en el que se especifica: “Tendrá obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: 1) los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. 2) Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier rama del arte de curar, que conozcan esos hechos al prestar los auxilios de su profesión, salvo que el conocimiento adquirido por ellos esté por la ley bajo el amparo del secreto profesional”.
También mencionó una acordada del Tribunal Superior de Justicia del año 2012, que establece un protocolo que se hizo junto con el Ministerio de Salud de la Provincia para establecer criterios en las muertes cuyas causas no puedan establecerse por distintas razones.
Allí se especifica cómo proceder con muertes de origen criminal, con muertes de sospecha de criminalidad y con las no sospechadas de criminalidad.
Para las muertes sospechadas de criminalidad, se establecen ciertos indicadores. El primero de ellos es el de las “muertes inesperadas de niños menores de 5 años”. El fiscal indicó que ese tipo de muertes inesperadas corresponden a una muerte de sospecha de criminalidad.
Luego se refirió al protocolo de Salud del año 2001, que establece la obligación de denunciar o de comunicar a la Secretaría de Planificación las muertes de los menores de un año.
También se refirió a la ley 26.413, de registro del estado civil y capacidad de las personas, que indica en su artículo 64 cómo se especifica el certificado de defunción. Y en el artículo 71 se señala: “Si del certificado médico o de otras circunstancias surgieran sospechas de que la defunción se hubiera producido como consecuencia de un hecho ilícito, el oficial público deberá dar aviso a la autoridad judicial o policial y no expedirá la licencia respectiva, hasta que la autoridad judicial competente lo disponga”.
Repaso cronológico de casos y de actuaciones
El fiscal luego hizo un repaso caso por caso y de las responsabilidades de los funcionarios al momento de los casos.
Lo que se evaluó fue en cada caso cómo se fue ampliando el panorama del conocimiento de los casos sospechosos, sea por muertes o descompensaciones inesperadas.
Para la fatídica noche del 6 de junio, el fiscal reprochó que se hicieran dos pedidos de autopsia por muerte de etiología dudosa sin mencionar los casos de pinchazos y descompensaciones abruptas que habían ocurrido los meses anteriores.
El fiscal dio por sentado que el ministerio tenía conocimiento de varios casos en mayo por el pedido de cambio del lote de la vitamina K y reprocha que luego de ese 6 de junio, aunque se licenció al personal, ya se tenía conocimiento de que la principal sospechosa era Brenda Agüero y, por ende, de que los casos eran intencionales.
El ministerio intervino con una investigación administrativa que llegó al 28 de junio con una exposición caso por caso, pero nunca se hizo la denuncia.
Recién el 4 de julio, con la denuncia del ingeniero José Luperi (esposo de la médica Virginia Zamora, que trabajaba en el hospital), se activaron las intervenciones judiciales pertinentes.
“Esperaba más”
Vanesa Cáceres, mamá del primer bebé fallecido, Francisco Calderón, valoró luego de los alegatos: “Esperaba más, venimos luchando por una justicia ejemplar y esto no lo es. Ellos podrán ser personas con grandes trayectorias, pero en este caso actuaron mal y eso se llevó la vida de nuestros hijos”.
“Como cualquier persona, deberían pagar lo que corresponde y no tener los privilegios que le da la política”, agregó en diálogo con La Voz.
