Mientras Paula Altamirano, secretaria de la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba, leía el veredicto que lo condenaba, el exmandamás de Protección Civil de la Provincia, Diego Gustavo Concha (53), permaneció casi inmutable, como lo hizo durante todo el juicio. Siguió con el gesto estudiado de colocar ambas manos sobre la mesa, pero no pudo evitar pestañear en demasía.
Cristina Caminos Varela -mamá de la víctima del abuso sexual, Luana Priscila Ludueña Caminos (25)- bajó la cabeza cuando escuchó el comienzo de la frase “autor penalmente responsable del delito de homicidio con motivo de abuso sexual...”. Cuando la secretaria finalizó la lectura de ese punto con la sentencia “...e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación especial perpetua”, la mujer estalló en lágrimas y recibió el consuelo de su abogado, Carlos Nayi.
La siesta de este martes era el final de un largo proceso judicial iniciado cuando Luana se atrevió a denunciar que la máxima autoridad de Protección Civil de la Provincia había abusado de ella, tras llevarla engañada a un hotel alojamiento con la promesa de hacerla ingresar al lugar donde ella quería concretar lo que más deseaba en la vida: ser rescatista junto a su perro Ciro.
En noviembre de 2021 fue abusada sexualmente por Concha en el hotel alojamiento Le Privé. Luego, denunció el ultraje y cosechó varias muestras de repudio de parte de quien era en ese momento su compañero afectivo, Emiliano Conti, que pronto debe ser juzgado por privarla de la libertad cuando la presionaba para que retirara la denuncia en contra del mandamás, que además era su amigo.
También le cerraron las puertas en el cuartel de Pilar, donde residía, y le quitaron la posibilidad de continuar con la capacitación de su perro.
Pronto Luana comprendió que realizar su vocación sería para ella imposible, por el estrés postraumático que sufría y especialmente porque las instituciones donde podía capacitarse estaban al mando de la misma persona que la había violado. Para colmo de males, varios responsables de instituciones bomberiles se solidarizaron con la autoridad y no con la víctima.
Tres fueron los intentos de suicidio que tuvo la joven, que, con 25 años, no pudo manejar el tremendo trauma de que un hombre, al que consideraba la autoridad máxima en su materia, la manoseara, la golpeara y le introdujera sus dedos en su vagina. Nada más parecido a un ataque sexual, que provoca un trauma de difícil resolución. Los suicidios suelen ser un escape a situaciones a las que no se les encuentra salida.
El juicio
El debate oral y público, con jurados populares que en este caso tuvieron un papel protagónico, comenzó el lunes 5 de agosto pasado con acusaciones a Concha por parte de dos víctimas mujeres.
Poco se ha dicho, pero quien era su pareja hasta días antes del ataque sexual a Luana, “ACM” para este diario, residía con él en Punilla, el lugar donde el jefe bomberil se movía con mayor asiduidad.
El ataque sexual a Luana se produjo el mismo día en que Concha había agredido a su ex, después de que ella estaba viviendo con otro hombre y a la par de que él le reclamaba de la peor manera por un vehículo.
Representada por la abogada Laura Pedernera, ACM también sufrió las heridas físicas y especialmente las emocionales que aún arrastra, acaso definitivas, como lo dice su representante legal. El veredicto también dio por probado este tramo de la acusación, por unanimidad y sin discusión para ninguno de los integrantes del jurado popular y del tribunal técnico.
Los vocales Gustavo Ispani (presidente, que no votó pero debe fundamentar el fallo de la mayoría), María de los Ángeles Palacio de Arato y Leandro Quijada integraron el tribunal técnico que “perdió” frente a la mayoría popular (6 a 2).
No son pocos los judiciales que confiaron a este diario que la deliberación de los representantes del pueblo fue muy “elevada” y que ha brindado argumentos de peso para sostener la decisión.
El veredicto
La parte resolutiva de la sentencia, cuyos fundamentos se conocerán en 15 días hábiles, incluye 19 puntos con todo lo decidido por el tribunal.
El primero de ellos hace referencia al rechazo al planteo de inconstitucionalidad que había formulado el fiscal de cámara Fernando López Villagra en cuanto a la incongruencia de este delito con la condena de prisión perpetua, por lo cual solicitó una pena del Código Penal “viejo” (1921-2004) de 20 años de prisión.
El segundo punto tiene que ver con el núcleo de la condena. Señala, textualmente, que “por unanimidad” Concha es responsable de los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso ideal con lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y amenazas calificadas, en concurso real -primer hecho-, amenazas calificadas -segundo hecho- y coacción -cuarto hecho-”. Estos tres episodios tienen que ver con las agresiones sufridas por ACM.
La segunda parte de este punto se refiere a la muerte de Luana, vinculada causalmente al abuso. Por eso, por mayoría de 6 a 4, se declara a Concha “autor penalmente responsable del delito de homicidio con motivo de abuso sexual por medio de actos análogos introduciendo partes del cuerpo vía vaginal” (sic).
Por estos cuatro hechos, el tribunal técnico aplicó la pena de “prisión perpetua e inhabilitación especial perpetua” para cargos públicos.
Lo otro sustancial, en el punto 15, es la condena civil que deben afrontar solidariamente Concha y el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, quienes deben pagar a los padres de Luana -Cristina Caminos y Sergio Ludueña- un total de $ 54,3 millones, más las actualizaciones correspondientes. Además, deben abonar las costas judiciales de este reclamo civil.
Otro de los puntos responde a lo que pidió en su alegato Laura Pedernera para que a ACM se le restituyese la casa que habitaba con Concha. Como víctima de violencia de género, el tribunal hizo cursar el reclamo para que la mujer ejerciera su derecho a recuperar ese hogar, más allá de que el condenado sea el dueño.
Otro aspecto de importancia es el de “informar” a la víctima ACM de que realice tratamiento psicoterapéutico, a la par que se oficia al Servicio Penitenciario para “recomendar” al “imputado la realización de un tratamiento multidisciplinario para abordar su problemática de violencia familiar y de género”. En este caso, no se puede obligar a nadie a hacer psicoterapia y eso depende de la conciencia que el analizante tenga de su problemática.
Otros ítems de relevancia tienen que ver con que Luana y sus padres fueron declarados “víctimas de violencia institucional”, si bien no se admitieron los pedidos de remisión de antecedentes para investigar presuntas irregularidades de Concha, de policías y del jefe del cuartel de bomberos de Pilar, René Carabante.
Siempre haciendo la aclaración de que estas disposiciones tendrán vigor cuando la sentencia quede firme, se ordena que a Concha se le hagan “exámenes pertinentes para su identificación genética y su inscripción en el Registro Nacional de Datos Genéticos en la sección relativa a Delitos contra la Integridad Sexual”. Hay que recordar que alguna vez Concha estuvo vinculado como sospechoso del crimen de Andrea Castana, en el cerro de La Cruz, en Villa Carlos Paz.
Esa cuestión de la firmeza de la sentencia seguramente será motivo de análisis en los próximos años. El Tribunal Superior de Justicia tendrá la última palabra ante una casi segura casación de la defensa. Si el alto cuerpo confirma este fallo, tal vez alguna vez se hable del “precedente de Luana Ludueña” o acaso del “precedente de Diego Concha”.
