En Córdoba es casi imposible quedar inhabilitado para conducir por perder el carné por puntos. Se tienen que constatar faltas graves, como manejar borracho o hacer un adelantamiento en una ruta en un sector demarcado con doble línea amarilla, para perder la mitad del crédito con el que todos “nacen” en el sistema de 20 puntos. Y entre una y otra falta tienen que transcurrir menos de dos años, porque si un contraventor contumaz se cuida de no tener nuevas sanciones en ese lapso, vuelve el contador a cero; o mejor dicho, a 20, porque se reinicia la cuenta con el crédito inicial.
Córdoba es pionera en el carné por puntos, y fue el modelo que tomó la legislación nacional para establecer el scoring en el país. Este no fue pensado como una sanción adicional a las multas que establece la Policía Caminera, sino como una estrategia que apunta al cambio de conductas. Incluso establece distintas maneras de recupero de puntos, con cursos de capacitación, una especie de probation vial.
El problema surge con aquellos infractores con múltiples reincidencias que, por efecto de un espíritu poco severo en la codificación de la pérdida de puntos, no tienen problemas en renovar sus licencias, a pesar de tener muchas infracciones en su historial, algunas de peligro para ellos y para otros.
Estamos hablando de esto, otra vez, por Lucio Ferez, el presunto conductor de la camioneta que fue filmada en una maniobra temeraria en el camino de las Altas Cumbres y a quien la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Municipalidad de Córdoba le suspendieron la validez de su carné. Luego, el Gobierno provincial pidió que se lo identifique de manera fehaciente y se establezca si, en su caso, cometió una contravención o un delito.
Antes se había instalado el mismo tema luego del terrible siniestro vial que protagonizó en el mismo camino el ahora exlegislador Oscar González y que terminó con la muerte de la docente Alejandra Bengoa y graves lesiones para dos adolescentes.
Ferez tiene un historial previo a esta infracción grabada, de otras 13 multas en rutas nacionales y provinciales y tres en la ciudad de Córdoba.
Renovó su licencia en enero de 2020, cuando ya llevaba acumuladas cinco infracciones por exceso de velocidad y otras dos por conducir y hablar por teléfono, al mismo tiempo.
Y a pesar de tener múltiples antecedentes, Ferez logró la renovación de su carné con 20 puntos. La explicación de cómo pudo ocurrir esto es el ejemplo más claro de cómo (no) funciona el sistema. En una de sus primeras infracciones, en 2014, perdió cuatro puntos, pero como no volvió a tener multas hasta 2017, esa sanción se borró.
Luego, entre 2018 y 2019 tuvo cuatro excesos de velocidad, pero todos de tipo 1, que no prevén pérdida de puntos, sino sólo multas. La infracción de tipo 1 es pisar el acelerador a entre 111 y 135 kilómetros por hora en una ruta convencional. Es más fácil perder puntos por no prender las luces o llevar una lamparita quemada.
Eso se ve en el mismo caso de Ferez, quien luego de renovar su licencia sí perdió crédito: en 2020, cuatro puntos por luces apagadas en ruta, otros cuatro por un exceso de velocidad de tipo 2 (más de 135 kilómetros por hora en una ruta convencional) y otros ocho por repetir dos veces más la falta con las luces bajas. Y a pesar de acumular todas estas infracciones, al día de hoy sigue habilitado, aunque apenas con cuatro puntos de los 20.
El caso vuelve a poner en agenda qué hace el Estado con todas las “red flags” (banderas rojas) de advertencia que recibe. Se ve en seguridad vial, pero también en maltrato infantil, donde antes de un episodio grave hay al menos siete ingresos hospitalarios con lesiones menores; o en violencia de género, o en el delito protagonizado por niños y adolescentes, con multi reincidencias antes de un hecho resonante.
“Es una ficción jurídica pensar que el Estado puede controlar todo y prevenir todo”, dice un veterano experto en seguridad vial.
Puede que no, pero llama la atención lo poco que se hace con aquello de lo que sí se enteran.
