Durante la última semana de julio o a más tardar en la primera de agosto, el Juzgado Federal 2 de Córdoba será el escenario de la declaración indagatoria a nueve acusados que habrían captado con fines de explotación a un número aún no determinado de mujeres en situación de vulnerabilidad para ofrecerlas como gestantes en la técnica de fertilización asistida a cambio de una suma de dinero, aún no determinada.
Hasta el momento la Justicia los investiga por el delito de trata de personas agravada por abuso de vulnerabilidad, por el número de personas intervinientes y de víctimas, y por consumación de la explotación, más falsedad ideológica.
La fiscalía señaló que la conducta configuraría “una explotación equiparable a la reducción a la servidumbre mediante la práctica de gestación por sustitución, a cambio de una contraprestación económica y en algunos casos poniendo en riesgo su salud e incluso abandonando a las víctimas una vez nacido el niño/a”.
El llamado de una pareja a la línea 145, destinada a denunciar casos de trata y explotación de personas, inició una investigación que ya tienen nueve imputados y que a partir de las indagatorias podrían ser más.
Además el juez dictó la inhibición general de bienes de los imputados.
Durante estos días los imputados –que no están detenidos– debieron designar abogados y en los próximos días se fijará la fecha para prestar declaración frente al juez Alejandro Sánchez Freytes.
Lo que se sabe hasta ahora
Los hechos que se investigan habrían ocurrido en dos clínicas de salud reproductiva. Allí, según la acusación hasta ahora, habrían ofrecido el servicio a padres intencionales, abogados llevaban a cabo el ocultamiento de la situación de las víctimas y el aspecto económico del acuerdo que se presentaba ante la Justicia y también existían psicólogos que certificaban la aptitud de las mujeres captadas para estos procedimientos.
La citación a indagatoria fue ordenada luego de un pedido realizado por los fiscales Enrique Senestrari y Carlos Gonella, con el apoyo de la fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano.
De acuerdo con la investigación, difundida en la página web oficial del Ministerio Público Fiscal, los centros de salud estaban en contacto con las víctimas a través de sus “donaciones de óvulos” -práctica que en muchos casos consistió en la primera vía de captación-, o por haber sido captadas por otros imputados, en muchos casos, tomando ventaja de su situación de vulnerabilidad.
La hipótesis de la fiscalía es que los médicos directores de estos establecimientos habrían ofrecido las mujeres víctimas a los padres intencionales que se habrían acercado a la clínica para consultar y, posteriormente realizar, la gestación por subrogación.
Luego, abogados cercanos a estas clínicas habrían tomado participación en la maniobra, gestionando la órbita judicial del tema, especialmente en el ocultamiento de la verdadera situación de las víctimas, su relación con los comitentes y el aspecto económico del acuerdo que presentarían ante los jueces para facilitar su homologación y autorización del procedimiento.
Según confirmó la fiscalía, las 14 víctimas son cordobesas y tienen entre 25 y 42 años, aproximadamente.
Una vez realizado el supuesto acuerdo para la gestación, los imputados habrían contado con la colaboración de especialistas en psicología quienes, ocultando las condiciones y la vulnerabilidad de las víctimas, certificaban su aptitud psicológica para tal procedimiento.
La maniobra se completaba con la intervención de abogados que presentaban en el fuero provincial de la ciudad de Córdoba un supuesto acuerdo de homologación a través del cual relataban una situación de amistad entre las partes, que en los hechos era inexistente, así como describían un supuesto fin altruista y filantrópico como único móvil de la mujer gestante en cuestión.
La investigación también incluye denuncias de hostigamiento por parte de los acusados hacia mujeres que, tras presentar dudas, decidieron no ser parte de estas maniobras.
Finalmente desde la fiscalía se solicitó el allanamiento de las clínicas de fertilidad involucradas a los fines de obtener las historias clínicas de las víctimas que hayan realizado los procedimientos de ovodonación y gestación por subrogación, como también el secuestro de toda documentación que pueda dar cuenta de los ingresos y egresos de dinero de las clínicas en el período investigado.
El marco normativo
La gestación subrogada o por sustitución es una técnica de reproducción humana asistida (TRHA) caracterizada porque la persona que gesta al bebé no será quien tenga el lazo jurídico con esa persona.
En nuestro país existe un vacío legal sobre esta práctica, pues ni la ley N° 26.862 de acceso integral a los procedimientos y técnicas médico asistenciales de reproducción médicamente asistida, ni el Código Civil y Comercial de la Nación regulan la gestación por sustitución como una TRHA. Se diseñaron proyectos para incorporar la gestación por sustitución al Código, pero hasta a la fecha no se logró incluir este punto.
En el proyecto de reforma de 2012 estaban establecidos los requisitos, las condiciones y los procedimientos de este tipo de prácticas con el objetivo de brindar seguridad jurídica a la TRHA.
El artículo que se había propuesto para regular esta figura requería que “el consentimiento previo, informado y libre de todas las partes intervinientes en el proceso de gestación por sustitución debe ajustarse a lo previsto por este Código y la ley especial”. Asimismo, establecía que el juez debía homologar sólo si se acreditaba, entre otras, que se había tenido en miras el interés superior del niño; que la gestante tuviera plena capacidad y buena salud física y psíquica; que los comitentes posean imposibilidad de concebir o de llevar un embarazo a término; y que la gestante no recibiera una retribución.
Pese a que este artículo finalmente no fue incorporado al cuerpo legal, su redacción constituyó una herramienta doctrinaria para resolver algunos casos, tomando en consideración la enumeración de requisitos que efectuaba para obtener la autorización judicial.
