El fiscal federal Maximiliano Hairabedian inició una investigación penal por presuntos delitos que habrían puesto en peligro la integridad del museo, y comprometerían seriamente la conservación del lugar declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad contra Carlos Alberto Ferreyra, historiador, museólogo y director de la Estancia de Jesús María, y a otros tres empresarios de la región.
El caso se inició tras una denuncia presentada por el fiscal de Estado de Córdoba, Jorge Eduardo Córdoba, y el procurador del Tesoro de la Nación, Mariano Andruet. Hay dos hechos bajo investigación de la Justicia: por un lado, la habilitación de una fiesta electrónica masiva en plena Estancia Jesuítica; y por el otro, la construcción de una cancha de fútbol dentro del área de máxima protección cultural.
El fiscal Hairabedian imputó a Carlos Alberto Ferreyra por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y daño agravado por ejecutarse en un museo (arts. 265 y 184 inc. 5 del Código Penal), todo en concurso real. Además de Ferreyra, fueron imputados como “partícipes necesarios” los empresarios Gustavo Agustín Cadamuro, Mariano Miretti y Carlos Daniel Garrido.
De acuerdo con la investigación judicial, la irregularidad se inició cuando Ferreyra envió a la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos (CNMLBH), que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación, dos pedidos de autorización para la realización de una fiesta privada nocturna en un sector del predio del museo que cuenta con una especial protección. La CNM rechazó el pedido para la realización del evento. Pese a la negativa del organismo nacional, Ferreyra igual autorizó la realización de la fiesta, afirma la acusación. “El evento fue habilitado a pesar de lo establecido en las leyes 12.665 (modificada por la 27.103), 21.836 y 25.743, que exigen la preservación, conservación y resguardo del patrimonio arqueológico, cultural y natural de la Nación para las futuras generaciones”, indicó el fiscal Hairabedian. Para la fiscalía, la fiesta se desarrolló en una denominada “zona roja”, considerada de altísima protección por su valor arqueológico, cultural e histórico.
Según la fiscalía, entre el 19 de diciembre de 2024 y el 4 de enero de 2025, el director del museo, Carlos Ferreyra, autorizó la realización de un evento nocturno llamado “Año Nuevo en el Museo” en el predio histórico de la Estancia Jesús María, ubicado en la calle Pedro de Oñate 246 o 265/Posta de Sinsacate: Camino Real 2819, ciudad de Jesús María.
Si bien Ferreyra no obtuvo el permiso por parte de la Secretaría de Cultura de la Nación, igual autorizó el evento. Por su parte, los empresarios que organizaban la fiesta se encargaron de gestionar los permisos municipales y servicios para la habilitación de dicho fiesta. Cadamuro, Miretti y Garrido consiguieron que la Municipalidad de Jesús María les otorgara la autorización mediante el decreto 663/2024, firmado el 31 de diciembre de 2024.
En su defensa, Ferreyra aportó que la directora de la Comisión Nacional de Museos -su jefa directa- sí autorizó la fiesta y hasta lo felicitó por tratar de procurar recursos en un momento en el que se cortaron todas las partidas.
Para la parte acusada, no es pertinente tomar como válida la objeción de un ente que incluso ya fue disuelto por el Gobierno nacional, la CNMLBH e ignorar la habilitación que hizo la dirección que administra todos los museos del país, la CNM, que por lo menos por ahora no fue disuelta.
Los empresarios también se ocuparon de conseguir el permiso de Bomberos de Jesús María y un informe de medición de puesta a tierra. Siempre según el expediente judicial, Miretti habría contratado, además, los adicionales de la Policía de la Provincia, y Garrido, a la firma SUM como servicio de emergencias médicas. Por último, Cadamuro se habría encargado de contratar el seguro de responsabilidad civil (empresa La Segunda, póliza N° 40.245.055). También se pudo comprobar que comercializaron las entradas publicitando el evento mediante las redes sociales de sus establecimientos comerciales en la red social Instagram: “2025enelmuseo”, “aldea_productora”, “penamariabonita”, “bocaratonsc”.
La fiesta se llevó adelante el 4 de enero del 2025 con una concurrencia estimada de dos mil personas.
Hairabedian no dudó en cuestionar el evento y en advertir sobre las consecuencias gravosas del patrimonio cultural. “Además de beneficiar económicamente a los organizadores, habría puesto en riesgo el patrimonio arqueológico, cultural, histórico y natural del Museo Estancia Jesús María, circunstancia que además haría peligrar su declaración de patrimonio de la humanidad no sólo a la Estancia de Jesús María, sino a todas las estancias y manzanas jesuíticas de la provincia que fueron declaradas patrimonio cultural y natural de la humanidad como un conjunto por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)”, valoró el fiscal federal.
La defensa de Ferreyra asegura que no hubo ningún daño y que por el contrario, los recursos obtenidos sirvieron para hacer reparaciones y mantenimiento, que sin esos fondos ni partidas nacionales sí hubieran generado problemas para el patrimonio.
En el segundo hecho investigado, Ferreyra fue imputado por supuestamente haber permitido la construcción de una cancha de fútbol dentro de la zona roja de la Estancia, considerada de máxima protección patrimonial. Para el fiscal, en su rol de director del Museo Jesuítico Nacional Ferreyra habría incumplido sus obligaciones legales y reglamentarias al permitir la construcción de la cancha. Hairabedian puso un especial énfasis en los antecedentes académicos del responsable del museo, quien no podría alegar desconocimiento en el tema: “Ferreyra fue elegido por concurso y designado a tales fines por sus conocimientos en la materia, y las habría infringido permitiendo la construcción de una cancha de fútbol. Habría dañado la integridad material de dicho patrimonio Nacional y Universal, así declarado por la Organización Unesco”.
Desde la defensa de Ferreyra aportaron a la causa que el convenio por esa cancha de fútbol existe desde el año 2023, fue autorizado por la Comisión Nacional de Museos y no había recibido objeción alguna hasta este momento.
