Tres directivos de la empresa Petroquímica Río Tercero S.A. fueron imputados por la Justicia Federal por el presunto delito de contaminación ambiental dolosa, por un derrame sobre el río Ctalamochita (o Tercero) ocurrido en 2020.
El hecho investigado por la Justicia, ocurrido hace tres años, generó una mortandad de peces que motivó la denuncia.
La firma fue clausurada en su momento por este hecho por la Secretaría de Ambiente de la Provincia, que le ordenó varias medidas para evitar que se repita. Recientemente, incluso, terminó un plan de remediación que estipuló, entre otras medidas, su apoyo para la resiembra de peces en ese mismo río.
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En un principio, por el caso intervino la Justicia provincial de Río Tercero, pero después se dispuso que debía tratarse en el fuero federal, que por juridiscción corresponde al Juzgado federal de Villa María.
La imputación de esta semana estuvo a cargo de la fiscal federal villamariense, María Schianni.
El problema en la planta industrial habría surgido en una válvula de un tanque de ácido nítrico. La pesquisa indicó que se habría producido una pinchadura y el posterior derrame al río.
La Justicia habría encontrado pruebas para avanzar en que esta situación habría provocado un cambio en el ecosistema del río y la posterior mortandad de peces.
Esa situación habría incidido en que dos técnicos que ocupan cargos en la planta y un gerente fueran ahora imputados.
“Concretamente la Fiscalía Federal solicitó la imputación en contra de personal técnico y la gerencia de Petroquímica Río Tercero por contaminación ambiental dolosa. Está investigación se inicio a raíz de la instalación de una válvula en un tanque que contenía ácido nítrico, la misma no estaba apta desde el punto de vista técnico para cumplir la función en el tanque. El ácido mencionado es una sustancia corrosiva y se produjo una corrosión y una pinchadura y por ende comenzó a verter ácido nítrico en los desagües y en el río”, señaló la fiscal al sitio Villa Maria Vivo.
“Ahora la causa se encuentra con la presentación de la imputación y el juez federal deben convocarlos para hacerles conocer los hechos y ponerles a consideración las pruebas que existen en contra y luego las actuaciones se van a remitir a mi fiscalía para que sigamos con la investigación”, añadió Schianni, sobre la continuación de la causa judicial abierta.
Desde Tribunales se apuntó que las penas previstas por la ley nacional van de tres a 10 años, si se sostuviera esa calificación.
Consultada por La Voz, la fiscal confirmó los argumentos de su resolución, señaló que la causa sigue abierta y en investigación y señaló que no se difunden identidades de imputados hasta tanto no sean indagados.
