Luego de un debate con muchas voces a favor y en contra en 2018, y luego de su aprobación en 2020, la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) no tardó en ganar “enemigos” en los tribunales de justicia de todo el país, que buscaron frenar su aplicación con distintas figuras y argumentos legales.
Un informe de Amnistía Internacional contabilizó en el primer año de la ley un total de 37 judicializaciones, de las cuales cinco fueron presentadas en Córdoba.
El informe indica que ninguna de estas judicializaciones prosperó hasta el momento. “Las pocas medidas cautelares que tenían por objeto suspender su aplicación sólo se sostuvieron por pocos días y no afectaron la plena vigencia de la ley. Excepto en dos casos, el Poder Judicial ha rechazado sistemáticamente las demandas por considerarlas inadmisibles. Dichas decisiones han sido impugnadas y no tuvieron efectos prácticos contra la vigencia e implementación de la norma”, indicaron desde Amnistía Internacional.
Y luego remarcaron: “Hasta el momento, ningún tribunal ha llegado a analizar la constitucionalidad de la ley debido a que ninguna de las acciones superó definitivamente el primer filtro de admisibilidad”.
De las 37 acciones judiciales, 32 buscaron la declaración de inconstitucionalidad ; y otras cuatro buscaron (sin efecto) la responsabilidad penal y civil del presidente de la Nación, diputados y senadores, en tanto autoridades que participaron en la aprobación. La otra acción fue de una persona que acudió a la Justicia alegando su condición de “progenitor de su hijo no nacido” para impedir que su “cónyuge” acceda a la interrupción del embarazo.
Acciones judiciales contra la ley 27.610
Demandantes
La mayoría de las demandas contra la ley 27.610 han sido presentadas por particulares invocando su calidad de “ciudadanos”, “abogados” o “exlegisladores”, indicaron en el informe de Amnistía.
Todas estas acciones pretenden ser colectivas, es decir, buscan tener efecto más allá del caso individual que alegan. Sin embargo, ningún juez, jueza ni tribunal ha declarado en resolución firme que alguna de las acciones hasta ahora iniciadas debe tramitar como acción colectiva. Tampoco ningún planteo llegó hasta ahora a la Corte Suprema de Justicia.
La mayoría de las acciones se interpusieron contra el Estado nacional ante los tribunales federales de distintas provincias y ante los tribunales en lo Contencioso Administrativo federal de la Nación, ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.
El resto de las demandas fueron interpuestas contra los gobiernos de algunas provincias. “Es en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en donde se observó la mayor concentración de litigios contra la ley”, detalla el informe.
Córdoba
En Córdoba una de las presentaciones fue realizada por el representante de Portal de Belén, Rodrigo Agrelo, a través de un amparo ante la Justicia federal. Fue rechazado en primera instancia y es analizado en la Cámara de Apelaciones.
Por su parte, el fundador de esa asociación, el exlegislador Aurelio García Elorrio, hizo una presentación similar en los tribunales provinciales. En este caso, la medida cautelar fue rechazada por el TSJ y el amparo es analizado en una cámara en lo civil.
