El fiscal de instrucción Raúl Garzón tiene tres cuestiones importantes que resolver esta semana en la causa que investiga la muerte de bebés en el hospital Neonatal. Una de ellas es la declaración de los dos nuevos imputados: el exministro de Salud provincial, Diego Cardozo, y el exsubdirector administrativo, Alejandro Escudero Salama. Ambos están imputados por el delito de omisión de deberes de funcionario público.
Después que tome las últimas declaraciones, Garzón puede decidir levantar el secreto de sumario, algo que todas las partes están esperando porque se conocerán las pruebas que tiene para sostener o no las imputaciones. En esta instancia de investigación previa, el fiscal debe reunir pruebas (testimonios, historias clínicas, documentos) para poder fijar el hecho. Cuanto más claras sean esas pruebas, más contundente será la decisión judicial.
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El artículo 312 del Código Procesal Penal establece que, hasta que no declaren todos los imputados en la causa, no se levantará el secreto de sumario. “Al sumarse dos nuevas imputaciones, el fiscal con muy buen tino decidió mantener ese secreto porque es lo que la ley establece. Cuando tenga las suficientes pruebas, lo abrirá. Eso puede suceder esta semana o la próxima, dependiendo de su criterio”, explicó uno de los abogados defensores que interviene en la investigación.
Dos nuevas declaraciones
Para la semana que viene también están previstas dos nuevas declaraciones. Escudero Salama ya designó a Claudio Orosz como abogado defensor.
“Va a demostrar su inocencia. En realidad, debería ser la Justicia la que debería hacer eso porque todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Además, vamos a demostrar quiénes son los verdaderos responsables de lo que ha sucedido ahí”, explicó Orosz a La Voz.
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“Lo que tenemos ante nuestra vista es que no hay ninguna omisión, sino todo lo contrario y lo vamos a acompañar con abundante prueba”, remarcó el letrado quien aclaró que Escudero Salama asumió en diciembre de 2021 como subdirector administrativo, no subdirector médico.
Todavía falta que se defina quien defenderá al exministro de Salud provincial, Diego Cardozo.
Qué pasará con Brenda
Otro aspecto que puede llegar a definirse esta semana es la situación procesal de Brenda Agüero, imputada y detenida por homicidio.
La enfermera declaró el 7 de septiembre. A partir de esa fecha, el fiscal tiene 10 días hábiles para decidir si la libera o dicta su prisión preventiva. El plazo venció el 21.
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“Ya se vencieron todos los plazos”, explicó Luis Pareja, abogado defensor de Brenda. Sobre el secreto de sumario, el letrado agregó: “Estamos muy preocupados porque es eterno, no se termina de levantar nunca. Hicimos una presentación en Fiscalía General pero tampoco hemos tenido respuesta”.
Pareja cuestionó que la causa que investiga las muertes de bebés en el Neonatal “está siendo tramitada en forma secreta, a espaldas de la defensa”.
El abogado indicó que la pericia interdisciplinaria a la enfermera se va a extender hasta las primeras semanas de octubre.
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Información sobre los sobrevivientes
Otra cuestión que puede resolver Garzón en estos próximos días es qué hará con los bebés que sobrevivieron. Los abogados que representan a las familias informaron que todavía no fueron notificados de que se harán pericias. En caso de solicitar un control médico o chequeo sobre los cuerpitos, el fiscal debe solicitarlo a la querella. Los familiares deben autorizarlo. Hasta el viernes pasado, eso no había sucedido.
“No hemos recibido ninguna notificación. En caso de que se ordene alguna pericia sobre los bebés sobrevivientes, nosotros pediremos un perito de parte para que pueda controlar”, agregó Daniela Morales Leanza, abogada defensora de María, madre de una de las bebés que sobrevivió al 6 de junio.
El fiscal puede obtener información de historias clínicas y fotos de los sobrevivientes. Pero para peritar sus cuerpos debe notificar a la querella, quienes lo ven poco factible por no querer revictimizar a los niños.
Las últimas novedades
Esta semana que termina fue intensa en cuanto a las novedades de la causa judicial. Garzón amplió las imputaciones a tres médicas del hospital Neonatal. Además de acusarlas de haber omitido deberes de funcionario público (denunciar las muertes a tiempo), también las imputó por falsedad ideológica, un delito que prevé penas de uno a seis años.
La falsedad ideológica se da cuando se adultera dolosamente un documento público, como puede ser un certificado de defunción o una partida de nacimiento.
Las tres decidieron abstenerse de declarar por sugerencia de sus abogados. La exdirectora del Neonatal, Liliana Asís, designó como defensor a Franco Vitozzi. La exjefa de Neonatología, Martha Gómez Flores es defendida por el letrado Federico Ferrer Vieyra.
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Por su parte, a Adriana Morales –quien coordinaba el área de Seguridad del Paciente– la defiende el abogado Ezequiel Elettore, quien explicó a La Voz: “Existen tres posibilidades procesales: abstenerse a declarar, declarar y no responder preguntas, o declarar y sí responder preguntas. Por sugerencia nuestra, Morales se abstuvo a declarar”.
“Tenemos detalles de los hechos que se le atribuyen porque en eso consiste la declaración indagatoria. Pero no tenemos acceso a la prueba por el secreto de sumario. En su uso de derechos, decidió no declarar”, agregó Elettore.
Consultado sobre el estado anímico de la médica, el abogado contestó: “Está como toda persona sometida a un proceso judicial, angustiada por la incertidumbre que genera un proceso penal. En su momento haremos las declaraciones que creamos oportunas”.
