La semana que viene, el fiscal de instrucción Raúl Garzón recibirá el informe preliminar de ocho médicos forenses que detalla las características particulares de los cinco bebés que fallecieron y los ocho que sobrevivieron en el hospital Neonatal, desde el 18 de marzo al 6 de junio.
Este informe determinará si existen o no elementos comunes entre los 13 casos. El documento reúne la información recolectada por las únicas dos autopsias que fueron realizadas (el 6 de junio, cuando se efectuaron las dos primeras denuncias judiciales). Esos datos serán cotejados con las historias clínicas de los bebés que fallecieron antes de esa fecha y con la de los demás sobrevivientes.
En definitiva, con el informe el fiscal estará en condiciones de establecer o descartar conexiones, patrones comunes o aspectos relacionados entre las dos autopsias y los 11 casos restantes. Con esa información, Garzón puede llegar a dictar la semana que viene alguna medida extra.
Información adicional
Además de las historias clínicas y de los testimonios de los familiares, el fiscal también puede recabar información por otro lado.
Los abogados que defienden a los tres bebés que fallecieron antes del 6 de junio solicitaron la exhumación de los cuerpos. Se trata de los niños que murieron el 18 de marzo, el 23 de abril y el 23 de mayo.
Los letrados querellantes Carlos Nayi y Eduardo Caeiro solicitaron la exhumación de los cuerpos. Y aunque Garzón todavía no lo decidió, es muy probable que termine aceptando. Aquí la principal prueba que puede aportar este procedimiento es el cotejo del ADN entre la madre y los niños fallecidos. Además, se puede buscar otro tipo de indicios científicos que den cuenta de la causa de la muerte, pero es muy poco probable ya que ha pasado bastante tiempo y los cuerpitos tienden a desintegrarse.
Otro dato que puede ayudar a encontrar un patrón común son las pericias a los bebés sobrevivientes. Hay en total ocho casos que responderían en principio a un mismo patrón. Para esto, se necesita el consentimiento de los familiares. Garzón puede solicitar exámenes clínicos no invasivos, con la asistencia de un equipo interdisciplinario. En cualquier caso, necesita el aval de los padres o tutores.
Situación procesal
Hasta ahora, la enfermera Brenda Agüero es la principal sospechosa de haber provocado dos de las muertes investigadas en el Neonatal. Está imputada por homicidio calificado por los casos del 6 de junio. Se sospecha que inyectó deliberadamente alguna sustancia tóxica.
En el expediente principal figuran 13 hechos, dos de los cuales originaron la detención de la enfermera. Los otros son motivo de investigación. Lo que se busca indagar es si existe una conexión con la línea principal y si tienen aspectos comunes. En principio, la investigación preliminar habría descartado medicamentos adulterados y experimentos con vacunas.
Con el informe preliminar de los ocho médicos forenses, el fiscal puede llegar a ampliar la imputación, abarcando casos anteriores.
Sin embargo, todavía falta definir la situación procesal de la enfermera. Garzón le ha dado 10 días a las partes para que revisen el expediente. Y luego definirá si la libera o le dicta la prisión preventiva.
El extenso expediente que comenzó a ser enviado a los abogados querellantes y defensores tiene a Brenda como principal sospechosa de las muertes del 6 de junio. Mientras que otras personas están imputadas por no haber denunciado a tiempo las muertes o por haber falsificado documentos públicos.
Con el plazo de 10 días para resolver la situación procesal de Brenda Agüero, el fiscal espera que las partes conozcan los motivos por los cuales va a resolver su liberación o su prisión preventiva.
El abogado defensor de la enfermera, Luis Obregón, solicitó este miércoles que Brenda regrese al lugar de aislamiento donde estaba alojada en la penitenciaría de Bouwer. El Servicio Penitenciario de Córdoba ya ha sido instruido para que le preste especial atención y garantice su seguridad dentro del complejo carcelario.
La investigación original partió de la hipótesis de una enfermera asesina. Con el tiempo, Garzón se fue encontrando con otras aristas: funcionarios que no denunciaron a tiempo ante la Justicia y profesionales que adulteraron certificados de defunción.
La semana que viene será clave para el avance de la investigación judicial.
