"Estamos haciendo historia" reflejan las remeras de Alejandra Domínguez y Claudia Fontanesi. Ambas junto a María Teresa "Keka" Bosio fueron de las primeras impulsoras del aborto legal en Córdoba.
Provienen de distintas organizaciones sociales y feministas y concluyeron en la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito que se fundó hace 15 años en la provincia. Ayer celebraron la aprobación entre lágrimas y saltos de alegría y se se emocionaron al hablar de sus hijas mujeres y su relación con esta gesta.
Las tres trazan un recorrido histórico por las luchas para que se cumplan los programas de salud sexual y reproductiva en Córdoba durante las décadas de 1990 y 2000 desde las organizaciones “Interhospitalaria” e “Intersectorial” y –recuerdan– frente a las constantes judicializaciones de grupos católicos como Portal de Belén y Mujeres por la Vida que impedían el reparto de anticonceptivos en hospitales y dispensarios.
También cuentan cómo fueron construyendo consensos desde la junta de firmas y reparto de pañuelos en la peatonal de Córdoba hasta capacitaciones al personal de salud, dentro del movimiento de mujeres y entre las estrategias legislativas.
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“Me reconozco como histórica no por iniciadora sino por ser un eslabón en la cadena. Somos parte de lo que otras iniciaron antes, de cinco o seis mujeres que se juntaron hasta llegar a esta marea verde. Nosotras somos la memoria de la historia que vamos a construir. Eso define a quien se para desde el feminismo para pelear hoy por el aborto y mañana será por otro derecho. En esta marea verde soy una NN”, aseguró Claudia Fontanesi.
Católicas por el derecho a decidir
“Hay que desmitificar que todas las católicas estamos en contra del aborto”, reflexiona "Keka" Bosio, quien desde 2001 pertenece a la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Es una de las organizaciones pioneras en el reclamo por el aborto y que participó de la fundación de la Campaña. “Estamos a favor de la legalización del aborto porque entendemos que la moral sexual de la Iglesia no es un dogma, que la moral se construye en un contexto histórico-social, que nadie puede imponer su moral sexual a una población que quiere vivirla de manera diferente”, explicó.
Bosio cuenta que el trabajo comenzó con mesitas en la peatonal juntando firmas y luego con capacitaciones al personal de salud. Recordó los cursos de posgrado que daba Gladys Ponte, médica referente en la temática. También Alejandra recuerda las capacitaciones que brindaron en 1991 y 1992 Dora Coledesky, Safina Newbery, Zulema Palma y Alicia Cacopardo. Desde Córdoba referencian también a las médicas Alicia Pesce y María Inés Mazzioti.
Avances y obstáculos
Alejandra es trabajadora social y docente universitaria, y una de las que primero empezaron a militar en un movimiento de mujeres, desde fines de los años ‘80 en la ONG Acción Popular. “Allí empiezo a vincularme con los temas de género y en el trabajo con mujeres de sectores empobrecidas. Comenzamos a encontrarnos con Gladys (Ponte) porque estaba prohibida la planificación familiar”, explica. Allí ingresó en la Interhospitalaria, organización de profesionales de la salud para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en Córdoba.
La “ley Rezzónico” prohibía entonces en Córdoba la ligadura tubaria y la entrega de anticonceptivos. “En 1996 deja de estar prohibido, cuando se aprueba la ley de salud sexual y procreación responsable, pero Ramón Mestre, que era gobernador, la veta. Con el gobierno de De la Sota (en 1999) nos prometieron tratar la temática y nos convocaron para trabajar en el armado de un programa. Profesionales de la salud estuvimos nueve meses trabajando, pero nunca se aplicó”, recuerda.
Fue recién en 2002 cuando la Nación, con Ginés González García como ministro de Salud, aprueba la ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable. “En esa oportunidad la organización católica Mujeres por la Vida interpuso un recurso de amparo en la Justicia federal de Córdoba que frenó el programa por tres meses. Finalmente la resolución fue favorable al Ministerio de Salud de la Nación”, explica Alejandra.
“Al poco tiempo, el Portal de Belén también judicializó la entrega de la ‘pastilla del día después’, como lo había hecho antes con el DIU”, agrega Claudia.
Alejandra no tiene dudas: “Los sectores que hoy no quieren la aprobación de la ley del aborto legal, seguro y gratuito y que hablan de la necesidad de prevenir son los mismos que se opusieron a la educación sexual integral, a la anticoncepción y al aborto no punible interponiendo recursos judiciales y trabas para que no se apliquen”.
Para Claudia los obstáculos no sólo estaban en la Justicia: ”Córdoba siempre estuvo atrás en todo lo que es derechos sexuales y reproductivos. Hay una connivencia de las estructuras sanitarias de salud, la Justicia y el poder eclesial, que es complejo y que es histórico”, opinó.
Hacia adelante
Tras la aprobación de la nueva ley, las tres creen que hará falta ahora un fuerte trabajo de capacitación con profesionales de la salud.
“Necesitamos también que las facultades incorporen las leyes sobre derechos sexuales en la formación curricular y que todas las mujeres conozcan esos derechos”, concluye Alejandra, mirando hacia adelante.
