El único espacio en la Provincia que puede alojar adolescentes en conflicto con la ley penal es el Complejo Esperanza, ubicado en Bouwer, que actualmente tiene una ocupación de un 77 por ciento de su capacidad.
El Complejo tiene una capacidad máxima para alojar a 212 jóvenes en sus actuales instalaciones, sin necesidad de readecuar ningún espacio. Y en el último corte de población realizado el martes 16 de este mes albergaba a 164 jóvenes en conflicto con la ley penal, según datos del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia.
Hay un relevante sesgo de género: de ese total, apenas dos son mujeres.
“El dato es claro: no hay sobrepoblación en el Complejo Esperanza”, remarcaron desde el área de Gobierno que conduce la ministra Liliana Montero.
Eso es cierto, por ahora. Y se vuelve un interrogante si prospera el proyecto de rebaja en la edad de imputabilidad que involucre indicaciones judiciales de encierro para adolescentes a partir de los 13 años, como pretenden el ministro de Justicia nacional, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, que ya fue remitieron la iniciativa para su debate en el Congreso.
Hubo, hasta este momento de 2024, 181 causas con menores de 16 años (no punibles) por la supuesta comisión de delitos. El dato proviene de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que debe realizar en cada uno de estos casos una intervención. De este total, tres casos son por el delito más grave: homicidios.
De tener indicación de encierro en menos de la mitad de esos casos, ya estaría excedida la capacidad del Complejo Esperanza.
Alta rotación y crecimiento
En lo que va de este año, pasaron por el Complejo Esperanza 423 adolescentes, según los registros de la Provincia.
Aunque todavía en un número que no satura la capacidad de alojamiento, la población alojada en el Complejo Esperanza durante este año se incrementó en los primeros cinco meses del año, con picos de hasta casi un 30 por ciento por encima del mismo mes del año pasado, algo que se registró en marzo y en abril.
Según la ley (9944), la estadía en el Complejo es de seis meses como máximo, con la posibilidad de prorrogar excepcionalmente durante seis meses más. Es por esto que el número más que duplica la población actual residente en la institución.
“En todos los casos, siempre, eso lo determina el juez o la jueza a cargo y la Senaf realiza informes técnicos al ingreso y durante la permanencia del o la joven en el complejo socioeducativo. A pedido de los jueces, realiza también un informe previo a su salida”, consignaron desde la secretaría.
Baja incidencia poblacional
Para poner en contexto la relevancia de la delincuencia protagonizada por niños, niñas y adolescentes (NNyA) faltan muchos datos. Pero entre los que existen, se puede verificar que las causas existentes muestran una baja incidencia de esta población en causas penales. Como ya se consignó, este año hubo 181 investigaciones penales con NNyA –no imputables– de entre 13 y 16 años, una franja etaria que tiene 227.919 personas en Córdoba, según los datos del Censo 2022. Esto da una tasa de 0,79 cada mil personas.
A su vez, hubo 423 NNyA de entre 17 y 18 años que pasaron por el Complejo, en una franja etaria que tiene en Córdoba 120.257 personas. Aquí la tasa es de 34 cada mil personas. Un número que tiene mayor relevancia, aunque sigue siendo bajo, como se observa comparando estos datos con el total de delitos que se cometen en la provincia y que dan lugar a causas penales.
El último registro consolidado de causas instruidas por la Justicia con menores de edad involucrados es de 2022 y marca, en relación con el año anterior, un incremento del 37% en estas causas. En ese informe, se consigna que hubo 1.811 NNyA imputados en 1.788 investigaciones penales. 2022 fue el último año procesado por este centro judicial: actualmente se están consolidando datos de 2023. Nada hace pensar que el dato de 2023 revierta esa tendencia al alza. Pero no puede obviarse en la lectura que este es un número ínfimo de procesos en relación con el total de 467.275 causas tramitadas ese año en la Justicia provincial.
Dentro de ese universo, el 52% de los NNyA procesados cometieron delitos contra la propiedad y en un 11% de los casos lo hicieron con la participación (o dirección) de un adulto.
El 28% de los NNyA que llegaron a Penal Juvenil ya habían cometido un hecho con anterioridad: eran recurrentes. Esto se eleva a un 37% en el caso de los jóvenes de 16 a 18 años. La población menor que delinque parece ser una minoría intensa.
Una parte pequeña de estas causas –cerca del 10%– deriva en indicaciones de encierro en institutos que dependen de la Senaf.
En el Complejo Esperanza hay 21 jóvenes alojados por homicidio
El robo calificado se sostiene como la principal causa por la cual los adolescentes terminan recluidos.
Para la construcción de este informe se requirió a la Policía el dato de detenciones discriminado por edades. No está aun disponible porque voceros de la fuerza explicaron que debe construirse consolidando partes del interior y de Capital y que no es algo que esté relevado en forma sistemática.
