El juez de Control Juan Manuel Fernández López confirmó la elevación a juicio contra Brenda Agüero, acusada de los asesinatos en serie en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba. Y en una misma resolución, también ratificó la medida contra los exfuncionarios acusados por distintas figuras vinculadas al ocultamiento del caso, con el el exministro de Salud provincial, Diego Cardozo, a la cabeza.
La decisión de Fernández López -que tiene casi mil fojas- rechaza uno a uno todos los planteos de las defensas de los acusados y confirma en su totalidad la acusación del fiscal de instrucción Raúl Garzón.
La enfermera Brenda Agüero irá a juicio por “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, en contexto de serialidad criminal (5 hechos) y homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, en contexto de serialidad criminal en grado de tentativa (8 hechos”).
Es, para la investigación penal preparatoria, la única autora material de las muertes.
Los exfuncionarios llegarán a juicio con estas acusaciones:
- Diego Cardozo, exministro de Salud. Se le atribuye omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.
- Pablo Carvajal, exsecretario de Salud. Se lo acusa de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.
- Liliana Asís, exdirectora del Neonatal. Se la acusa de omisión de los deberes de funcionaria pública, encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público y encubrimiento por ocultamiento y destrucción de pruebas agravado por la calidad de funcionario público. Está detenida con prisión domiciliaria.
- Claudia Ringelheim, exsubdirectora médica del Neonatal. Se la acusa de omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.
- Marta Gómez Flores, exjefa de Neonatología del Neonatal. Se la acusa de omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público. También se le atribuye falsedad ideológica.
- Adriana Moralez, médica del Neonatal. Se le atribuye omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.
- Alicia Ariza, exjefa de Enfermería del Neonatal. Se la acusa de omisión de deberes de funcionaria pública.
- Alejando Escudero Salama, exsubdirector administrativo del Neonatal. Se lo acusa de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público. Tiene otra causa abierta por la reunión secreta con el fiscal Guillermo González y el jefe de la morgue judicial Moisés David Dib que está bajo análisis del fiscal de Cámara Julio Leiva, tras la oposición de la jueza de control Anahí Hampzadourian al desglose de la parte en la que está involucrado Escudero Salama y el archivo en favor de los dos funcionarios judiciales decidido por el fiscal Iván Rodríguez.
- María Alejandra Luján, médica del Neonatal. Se le atribuye omisión de deberes de funcionaria pública y falsedad ideológica.
- Alejando Gauto, exdirector de Legales del Ministerio de Salud. Se lo acusa de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.
Para el abogado querellante que representa a las familias de tres bebés muertos y uno que sufrió ataques en el Neonatal, Carlos Nayi, “se ha alcanzado en la causa Neonatal reunir un caudal probatorio potente, de alta calidad, que se erige como un muro inexpugnable frente al cual ha claudicado estrepitosamente la posición defensiva de Brenda Agüero y los otros 10 imputados. La brutal, despiadada e incomprensible rapiña criminal que terminó con la vida de cinco angelitos y el intento de asesinato de otros ocho se acerca a al juicio oral y público dónde la querella pedirá prisión perpetua para quien está sindicada como la matadora bajo la modalidad serial”.
Los principales argumentos del juez
“Se impone poner de relieve que en la presente investigación se da una luctuosa paradoja: -razona el juez Fernández López- las fallas en los controles internos de un esquema institucional, traducida en imputaciones a los funcionarios, permitió una profusa reiteración homicida (cinco resultados mortales y otros ocho intentos fallidos) que, como contrapartida, nos permite hoy contar con un plexo probatorio indiciario de carácter contundentemente unívoco”.
Este “accionar permisivo y poco expeditivo permitió la continuidad del accionar homicida, mientras ya se barajaba una sospecha concreta, quizás en el afán de avanzar en una investigación interna que, ingenuamente, los funcionarios aquí traídos a proceso entendieron que, por su eventual completitud y contundencia, podría no sólo relevarlos de responsabilidad funcional y penal, sino incluso mostrarlos como profesionales rectos y eficientes”, interpreta el magistrado.
La intención no los libera de responsabilidades penales. “Pasaron por alto cuestiones obvias y fundamentales. De no haberse verificado la contraintuitiva pero lamentablemente real hipótesis aquí verificada, se habrían enfrentado a un escándalo de magnitudes por el solo hecho del acaecimiento de las muertes y las descompensaciones, dado que la aludida ausencia de controles internos habría sido achacada también en caso de demora en el anoticiamiento por supuestos de mala praxis negligente o imprudente. La obligación de denunciar por parte de los funcionarios públicos obedece a una elemental cuestión de roles y competencias específicas gravitantes y no banales. Concretamente, y tan sólo a modo de ejemplo, cabe destacar que la exigencia legal responde a que las funciones de un fiscal exceden ampliamente a las de cualquier otro funcionario: se trata, ante todo, preponderante y prioritariamente, de hacer cesar los efectos del delito, lo que evidentemente los funcionarios investigados no hicieron”.
Sobre Brenda Agüero, la resolución rebate los argumentos de los defensores. Entre los numerosos detalles del proceso, destaca uno, que contribuye a uno de los indicios: la actitud posterior. “Llama la atención la anotación que efectuara la imputada en la historia clínica tras individualizar el presunto diagnóstico que presentaba el recién nacido que consignó en ese documento que, siendo las 11:35, se observó al recién nacido frío y con ‘cianosis peribucal’ aclarando que había permanecido en los brazos de la abuela ‘todo el tiempo’. Este agregado emerge, a todas luces, sospechoso y puede ser interpretado como un intento de la imputada de dejar asentado, en constancias médicas, datos que eventualmente le resultaran favorables”, consigna el juez.
“Téngase presente que la consignación escrita en la respectiva historia clínica de cómo permaneció el bebé durante su estadía en la sala de recuperación (si en la cuna, o en los brazos de la madre o de la abuela) carece de relevancia médica habida cuenta de que no alude a ninguna particularidad con significancia clínica que amerite ser considerada para posteriores diagnósticos y tratamientos”, sigue el razonamiento, que lo lleva a interpretar que “la sorpresiva indicación que efectuara en el documento clínico puede ser interpretada, en lo que aquí interesa, como el infructuoso intento de ‘preparar el terreno’ para poder sobrellevar y/o sobreponerse a las futuras, y razonables, consecuencias penales de su comportamiento. Se trata, en términos sencillos, de una clara ‘manifestación posterior al delito’, direccionada a confundir y desviar las sospechas sobre otras personas (para el caso, hacia la abuela)”.
Luego, el juez Fernández López argumenta que existieron numerosos indicios que deberían haber llevado a que los exfuncionarios llevaran sus sospechas a la Justicia. Cita uno: cuando se tomó la resolución de no dejar nunca a las madres solas, luego de un análisis de causa raíz de una de las muertes inexplicables de bebés. “Se decidióque, a partir de entonces, no debía separarse al binomio madre-hijo, toda vez que lo que se buscaba era que el neonato permaneciera siempre bajo la custodia de un familiar cercano, así como también, que ellos ya no debían ser dejados en la sala de incubadoras, reduciendo con ello las posibilidades de que permanecieran en soledad. Decisiones de esta índole permiten deducir cuál era la real preocupación del equipo médico o, al menos, traslucen que ya por entonces se barajaba la posibilidad de que alguien pudiera estar acometiendo contra los recién nacidos. Y es que, ¿qué otro justificativo, distinto al temor de que alguien estuviera agrediendo a los pacientes, puede tener que se imparta la directiva de evitar, a toda costa, que los niños permanezcan solos?”, plantea el juez.
Otro de los puntos salientes de la resolución de Fernández López es la que entiende que no puede dirimirse más que en un debate oral y público la controversia que introdujeron en sus estrategias defensivas Cardozo y Carvajal. “Nos enfrentamos aquí a dos posiciones evidentemente discordantes. Por un lado, la del imputado Cardozo que refiere insistentemente que le consultó a Carvajal, en varias oportunidades, si junto al área de legales habían hecho la denuncia penal -sosteniendo que su interlocutor respondió de manera afirmativa-; y, por el otro, la de Carvajal que desconoce dicho dato exponiendo la presunta mendaz declaración efectuada por su compañero de causa. La flagrante contradicción entre las dos posiciones defensivas demuestran con meridiana claridad lo necesario que resulta, en la causa de marras, la tramitación del debate, única instancia en la que podrán dirimirse con precisión las inconsistencias puestas de resalto”, expresa el juez.
Y reproduce parte de las declaraciones, que eran desconocidas hasta aquí: “El doctor Cardozo refiere que me dice a mí y al doctor Gauto que hagamos una denuncia penal, lo cual no es cierto; a mí nunca me dice ‘hacé una denuncia por la muerte del Neonatal’”, declara Carvajal.
Para el juez, las omisiones fueron graves. “Recuérdese que sólo se anoticiaron los últimos decesos, los que fueron presentados como muertes aisladas de etiología dudosa, omitiéndose aludir a los anteriores eventos sospechosos que ya eran advertidos por los funcionarios imputados, los que fueron recién puestos en conocimiento mediante la denuncia formulada el 4 de julio de 2022 por un particular ajeno al nosocomio y al ministerio. Ni los imputados que se desempeñaban en el hospital ni aquellos que integraban la cartera ministerial dieron noticia de todos y cada uno de los hechos que estimaban inexplicables, conjunto de individuos dentro del cual se encuentra comprendido el ministro Cardozo”, remarca la resolución del Juzgado de Control 10.
En otro párrafo, Fernández López explica el rol que tiene otro imputado clave en la conducción del ministerio durante la gestión Cardozo: su director de Legales, Alejandro Gauto. “Los testimonios aludidos han permitido conocer la existencia, dentro del Ministerio de Salud, de un protocolo de actuación normalmente implementado cuando se tenía que dar intervención a la Justicia frente a eventuales acontecimientos delictivos que ameritaban investigación. En cada uno de tales sucesos tuvo intervención Gauto, precisamente por ser el representante máximo del área que nuclea las diferentes direcciones de legal y técnica sobre las que pesa la obligación de hacer operativas tales directivas ministeriales”.
Cómo sigue el proceso
Los acusados tienen una instancia recursiva más: apelar a la Cámara de Acusación. De utilizar alguno de los abogados esta opción, se dilataría algunos meses la convocatoria a las audiencias en una Cámara del Crimen. Si, por el contrario, nadie usa esta instancia, el juicio oral y público podría realizarse en la segunda mitad de este año. Por las características del caso, la gran cantidad de testimonios, prueba científica y el número de víctimas y de imputados, se espera que deba llevar varias semanas el debate.
El querellante Nayi anticipó que sólo puede haber una condena para Agüero, por la gravedad de los cargos que enfrenta: la prisión perpetua. Y adelantó que “con respecto a los funcionarios, médicos y enfermeros imputados de gravísimos delitos se solicitará que la condena sea de prisión efectiva”. Para el abogado, en esta causa emblemática “la Justicia debe dar una señal clara para dar respuesta a las familias de las víctimas, satisfacer el interés social y asegurar juicio y castigo”.
Para los casos de Cardozo, Asís, Ringelgheim, Moralez, Escudero Salama y Carvajal, la estimación de la querella es que podrían recibir condenas de 1 a 50 años, más una multa de $ 750 a $ 12.500 e inhabilitación especial de 1 mes a 1 año. Gómez Florez partiría de 3 a 50 años y las mismas multas e inhabilitación. Gauto podría recibir una condena de 1 a 50 años, sin sanciones complementarias. Luján de 3 años a 8 años, multa de $750 a $12.500 e inhabilitación especial de 1 mes a 1 año. Y Ariza multa e inhabilitación, sin pedido de condena.
El eje de la acusación a los funcionarios
El reproche central a los funcionarios es no haber dado participación a la Justicia desde el momento en que se registró que había algo extraño en las muertes y se sospechó, en primera instancia, de la vitamina K. “La no adopción de medidas temporáneas como dar intervención inmediata a la Justicia no solamente terminó frustrando la obtención de pruebas de singular importancia para el descubrimiento de la verdad real, sino que contribuyó de manera peligrosa a sincerar el camino que condujo a la muerte a otros neonatos y comprometió la vida de distintos recién nacidos”, acusó Nayi.
En su resolución de la elevación a juicio, confirmada por el juez de control, el fiscal Garzón le dedicó una atención especial a la conducta de los funcionarios con la tercera muerta de la serie, la de Ibrahim Guardia, ocurrida el 23 de mayo de 2022. Acusa el fiscal: “Asís, Escudero Salama, Ringelgheim, Gómez Flores y Moralez, con el conocimiento ya de Cardozo y Carvajal, habrían ocultado y hecho desaparecer rastros y pruebas concernientes a hechos presuntamente delictivos acaecidos en dicho nosocomio, consistentes en descompensaciones y muertes producto de una conducta humana deliberadamente encaminada a ese fin homicida -a la postre, concretada en la inoculación en los cuerpos de los bebés de potasio, insulina y/u otra sustancia no compatible con la vida-, toda vez que, con su actuación encubridora habrían impedido la realización íntegra de estudios médicos y de laboratorio sobre los neonatos fallecidos, como también de la autopsia judicial de Ibrahim Guardia”.
Y sigue: “Luego, el 24 de mayo de 2022, Asís y Gómez Flores habrían registrado en el ‘Anexo I del Informe de la Muerte de Niño Menor de un (1) año’, como causa de la muerte de Guardia ‘muerte súbita’, rubricando con sus firmas tal circunstancia al pie de dicho documento, a sabiendas que la causa eficiente de dicha afirmación no les constaba. De igual manera, Gómez Flores, el 27 de mayo, habría insertado falsamente en un certificado médico de defunción –documento público- la causa eficiente del fallecimiento Guardia, consignando ‘insuficiencia cardíaca irreversible’, rubricando con su firma tal circunstancia al pie de dicho documento, a sabiendas que la causa eficiente de dicha afirmación no le constaba”.
Para Garzón, había elementos de sobra para llevar las sospechas a la Justicia en mayo, aun sin tener claro aún si se trataba o no de una serialidad criminal, sino porque existían elementos que justificaban una investigación, sin ser necesariamente de tal gravedad.
Garzón, en su resolución, marca repetidas veces las oportunidades que tuvieron los exfuncionarios para llevar el caso a la Justicia y no lo hicieron. Y se detiene especialmente en distintos sucesos que muestran que tenían ya una hipótesis de un hecho criminal y que aún así lo mantuvieron en secreto. “El 7 de junio, inmediatamente de sucedidos los cuatro últimos casos, Asís, Escudero Salama, Carvajal, Cardozo y Gauto habrían mantenido reuniones presenciales en dependencias del Ministerio de Salud donde quedó plasmada la total interrelación de los casos, sospechando ya por esos días, más precisamente desde el 8 de junio de la enfermera Brenda Agüero, y a partir de las cuales, ya en conocimiento de que se trataba de hechos intencionales y con la sospecha sobre su presunta autora, habrían favorecido a ésta no solo omitiendo poner en conocimiento inmediatamente de la justicia, la totalidad y cronología de los hechos acaecidos hasta ese momento y la aludida sospecha; lo que evidentemente les constaba, al desplazarla simuladamente (otorgando licencias) de sus funciones”, acusa el fiscal.
Garzón entiende que parte de la estrategia por ocultar que las primeras denuncias fueran por las dos muertes del 6 y de junio, es que fueran tratadas como hechos aislados.
Para el fiscal, hubo intencionalidad en fragmentar la información. “Esta progresividad en el conocimiento y en la inacción ha tenido una prolongación llamativamente grave, puesto que no solo sucedieron nuevos casos el día 6 de junio sino que también, en pleno conocimiento, los directivos y por esta misma razón también las autoridades ministeriales aludidas e imputadas hicieron la comunicación fragmentada y dividida”.
