Por autorizar una visita íntima, $ 180 mil. Habilitar el traslado de un establecimiento a otro, $ 400 mil. Y si es a otra provincia, hasta U$S 25 mil. Permitir el ingreso de un celular, de $ 600 mil a $ 800 mil, dependiendo del modelo. El cargo de “pluma” –jefe del pabellón– pagaba un canon de $ 1,2 millones de pesos los primeros seis meses y luego $ 600 mil por mes.
La confirmación de la prisión preventiva que dictó el fiscal Enrique Gavier contra el exjefe del Servicio Penitenciario de Córdoba durante 15 años, Juan María Bouvier, tiene tal nivel de detalle de la organización corrupta de las cárceles que hasta da cuenta de un tarifario por cada favor a los presos.
La acusación por integrar una asociación ilícita y producir varios hechos de extorsión alcanza a Bouvier y a Guadalupe Barbero, a Darío José Tello Pajón, a Víctor Hugo Vivas, a Diego Martín Ayala y a Héctor Hugo Robledo, todos exjefes penitenciarios, subordinados de Bouvier. A todos, Gavier les dicta la prisión preventiva y recomienda que permanezcan detenidos, aun cuando en su dictamen hace notar que siguen siendo tratados como jefes y sus condiciones de detención tienen numerosos privilegios.
Gavier señala que los jefes penitenciarios “debilitaron deliberadamente la política de seguridad en todo el servicio penitenciario y en particular en los complejos carcelarios; no proveyeron de los dispositivos de seguridad adecuados, como requisas, vigilancia de las cámaras de seguridad y perímetros de los establecimientos, la detección canina de estupefacientes, entre otros, para evitar el ingreso, permanencia y circulación dentro de los establecimientos penitenciarios de teléfonos celulares, marihuana, cocaína y otros estupefacientes de diversa índole, elementos cortantes, y otros elementos prohibidos, los que eran ofrecidos a cambio de dinero a los reclusos propiciando un mercado ilegal dentro de los complejos carcelarios”.
Para el fiscal, existió un ”cogobierno de los establecimientos carcelarios con los reclusos que lideraban cada pabellón, llamados ‘plumas’”.
“Permitieron también la conformación de bandas dedicadas a la comisión de múltiples e indeterminados delitos (estafas, extorsiones, robos, tráfico de estupefacientes, etcétera) integradas por los mismos individuos privados de su libertad, bandas que se servían del irregular ingreso de teléfonos celulares para perpetrar delitos”, agrega Gavier.
Asegura, a su vez, que “informaron falazmente a la Justicia sobre distintos requerimientos que se hacían en el marco de las investigaciones penales cuyo objeto era desbaratar tales organizaciones criminales entorpeciendo la acción de la Justicia; demoraban reiteradamente el ingreso de las comisiones policiales destacadas para diligenciar distintos procedimientos judiciales que debían realizarse en los establecimientos; consolidaron recurrentemente la cohesión de los miembros de la banda criminal, persiguiendo, sancionando y pasando a retiro arbitrariamente a funcionarios y a empleados de la institución no leales con los designios de Bouvier; inmiscuyéndose a su vez en el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario”, enumera el fiscal de Delitos Complejos provincial.
La asociación ilícita promovió un tráfico ilegal en torno a la concesión de visitas, permisos, locutorios, traslados, cambios de pabellón y otros beneficios tales como informes favorables, muchas veces falsos, o certificados apócrifos de cursos de formación para con ello acceder a la reducción de condena o a regímenes de semilibertad.
También Gavier le imputa fraudes a la administración pública, con “el desvío de los recursos destinados al tratamiento penitenciario de los reclusos en provecho propio o de terceros, asignando un trato inadecuado a los reclusos incumpliendo las exigencias mínimas de habitabilidad, descuidando el mantenimiento y la limpieza de los complejos carcelarios, denigrando el alojamiento de los internos, desatendiendo las necesidades nutricionales de estos; predisponiendo al hacinamiento en celdas abarrotadas, e incluso negando atención médica”.
“Bouvier, encumbrando el más alto vértice de la estructurada institución, sentó las bases para el descarrilado manejo de los distintos establecimientos penitenciarios, manteniéndose informado de cada aspecto suscitado en estos, pudiendo interferir activamente ante todo tipo de decisiones, corrompió el Servicio Penitenciario desde sus más altos estratos hasta el más bajo peldaño: ubicó estratégica y discrecionalmente penitenciarios a él allegados en cargos prominentes y obstaculizó el natural ascenso –o incluso la permanencia en la institución– de aquellos agentes ajenos a su círculo de influencia; interfirió en el procedimiento de ingreso a la institución; ordenó la omisión de controles de seguridad que propiciaba a la conformación de un mercado ilegal de elementos prohibidos como teléfonos celulares, droga, elementos cortantes, etcétera, como así también la omisión de sanciones para sus allegados por irregularidades; recibió dinero a cambio de distintos beneficios que eran ofrecidos a los sujetos privados de su libertad, incumplió deliberadamente con la exigencias mínimas de habitabilidad de los individuos privados de su libertad, ordenó a subalternos inmiscuirse en el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario a fin de conocer e interferir en dichas actuaciones; todo presumiblemente con fines de lucro”, enumera, con minuciosidad, el acusador.
De Vivas dice que manipuló –presumiblemente a cuenta de Bouvier– los escalafones jerárquicos. Tello Pajón, el último director general de Seguridad del SPC, exigía dinero a cambio de distintos beneficios a los internos y gestionó visitas a internos de alto poder adquisitivo. Ayala se ocupaba de espiar el curso de las investigaciones judiciales, previniendo a sus cómplices.
Barbero, que era pareja del “Jefe”, era el “filtro” y participaba de todos los asuntos comandados por Bouvier. Y está también involucrada en la extorsión a un preso a quien le pidieron U$S 25 mil para autorizar su traslado a un penal de Tucumán. A otros dos presos que estaban detenidos en el penal de Cruz del Eje le pidieron $ 400 mil para autorizar su traslado a Bouwer. Quisieron cobrar, incluso, un permiso para una cirugía abdominal para un detenido, a quien le firmarían la solicitud por $ 150 mil.
El fiscal consigna, en la misma resolución, que recomienda el análisis del traslado a penales en otras provincias de los detenidos, al quedar probadas transgresiones en el régimen de visitas y comunicaciones de Bouvier. “Queda demostrado que el alojamiento de Bouvier no se condice con el legalmente estipulado para un interno, y que, si bien se pudo corroborar que no se hace respetar el régimen de visitas para él, no se descarta que existan más trasgresiones al tratamiento penal por la influencia que este ejerce sobre la institución que ha manejado por más de 15 años. En este sentido, resulta sumamente difícil inmiscuirse intramuros para controlar que se le dé el tratamiento correspondiente. En efecto, durante cada párrafo de la presente resolución, se ha demostrado que durante la extensa gestión de Bouvier este ha colocado agentes a él anuentes en cada esfera jerárquica. Por ello, se estima necesario considerar la posibilidad de trasladar a los imputados a otro establecimiento penitenciario ajeno a la provincia de Córdoba que pueda alojarlos como a cualquier otro interno”, sugiere el fiscal.
