En la Legislatura de Córdoba se debate por estos días el proyecto de “Gestión Integrada de Cuencas Hídricas de la Provincia”, elevado por el Ejecutivo, que tiene como finalidad un nuevo enfoque integral de las cuencas hídricas, claves para el mapa del agua en Córdoba.
Se propone integrar el diagnóstico, la planificación, la gestión de recursos, y la ejecución de obras e infraestructura. También incluye planes orientados a la conservación del suelo y el mantenimiento de la infraestructura rural y de caminos, y apunta al “desarrollo sostenible de la producción agropecuaria”.
Uno de los objetivos que plantea la iniciativa es fomentar un cambio cultural en los sistemas de producción agropecuaria, con criterios de sustentabilidad, incluyendo la medición de variables productivas, sociales y ambientales.
La discusión del proyecto también se da fuera del recinto legislativo: organizaciones ambientalistas exponen reparos y reclaman formar parte de la discusión. Desde el Foro Ambiental Córdoba (FAC) y la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam) plantean que no es posible una gestión integrada de cuencas sin proteger la vegetación nativa de las cabeceras en las Sierras y que el proyecto no menciona la cuestión ambiental y la protección de bosques naticvos.
Advierten que solo se enfoca en la producción agropecuaria, el agua y el suelo como recursos, pero que se soslaya la trama natural y ecosistémica.
Protección de cuencas
Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental, afirmó que la protección de las cabeceras de cuencas implica fomentar la reforestación con especies nativas, frenar los desmontes, prevenir los incendios de montes y pastizales serranos, y controlar la proliferación de especies invasoras para proteger los lugares de captación de agua.
“Las sierras funcionan como un gran reservorio de agua, donde absorbe el agua de lluvia. Esta a su vez se incorpora en las napas y se va liberando lentamente. Asimismo, es necesario ampliar las reservas hídricas y brindarles protección efectiva, pero de eso no se habla”, dijo Kopta.
Asimismo, pidió frenar los desarrollos inmobiliarios de gran impacto ambiental para proteger esas cabeceras de cuencas, y la realización de un plan educativo sobre el uso racional del agua que abarque a todos los niveles, además de trabajar sobre un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.
También planteó que desde el Foro realizaron un informe con 23 propuestas que no están contempladas en el proyecto, para el caso de las cuencas de las Sierras Chicas, pero extrapolable a las demás.
A su vez, Raúl Montenegro, de Funam, interpretó que el proyecto de ley “busca garantizar la provisión de agua al agronegocio”. Y afirmó que se pretende aprobarlo con celeridad y regresividad. “Ignora que la Provincia forma parte de ocho comités de cuenca interprovinciales y de 21 comités de cuenca provinciales”, apuntó.
Agregó que el proyecto introduce la figura de “Consorcios de Gestión Integrada de Cuencas” sin referirse a la cuestión ambiental. Y que crea una comisión técnica que ni siquiera menciona a la Secretaría de Ambiente. “Peor aún, desconoce que la Provincia tiene un entramado de leyes vigentes de creación de comités de cuenca , que el gobierno nunca hizo cumplir”, afirmó.
Montenegro advirtió que si se aprueba esa nueva ley la ONG que preside reclamará por vía judicial. “Resulta temerario, en una provincia mayoritariamente semiárida, y donde queda menos del 4% de bosque nativo, que se siga sin manejar social, ambiental y participativamente los comités de cuenca que ya han sido creados por leyes que no se cumplen”, remarcó.
Qué dice la Provincia
El ingeniero Marcos Blanda, secretario de Agricultura de la Provincia, indicó que no se trata de reemplazar un sistema legal por otro sino de mejorar el trabajo que ya se viene haciendo y darle un nuevo encuadre normativo. Y aclaró que el proyecto en debate no es sobre las cuencas de los embalses serranos.
“Estamos definiendo un territorio que hace tiempo lo venimos utilizando en emergencia agropecuaria, cuando es por anegamiento, en la conformación de los consorcios de suelo, en la conformación de los consorcios canaleros, en la conformación de la ley agroforestal”, afirmó.
A la vez, remarcó que la finalidad es sobre “el agua que llueve”, que se infiltra en los campos, que hace los caminos intransitables, para que los excesos hídricos sean conducidos de una forma ordenada, y no a través de los caminos.
De ese modo, negó que tenga impacto sobre las cuencas serranas.
“Son sobre acciones de los predios de los productores rurales, con métodos conservacionistas de producción, con terrazas, con microembalses, y después con obra pública coordinada desde lo público y lo privado con los consorcios”, dijo.
Blanda agregó que, junto a los productores hay consorcios que ya vienen funcionando desde hace años: “Consorcios camineros desde hace 70 años; los de conservación de suelo llevan 30; los canaleros, 20; y hay ahora consorcios de riego”.
