El gerente de la prepaga Bramed SRL, Pablo Rodolfo Bayo, acusado en Córdoba de cambiar de obra social a una afiliada con cáncer, acordó pagarle $ 43.285.714 como reparación por el grave daño causado.
El escandaloso caso tuvo su final en el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba capital, luego de que el juez Julián Falcucci hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba (probation) solicitada por los imputados Bayo y su empleada, María Victoria Migliavacca.
Un caso grave en Córdoba
La investigación comenzó por la denuncia de un matrimonio en contra del abogado y empresario Bayo, gerente de Bramed, y Migliavacca.
El fiscal federal N° 1 de Córdoba capital, Enrique Senestrari, acusó a Bayo de haber presuntamente efectuado el cambio de obra social de los afiliados (que tenían la de los Capataces y Estibadores Portuarios, que les brindaba prestaciones mediante Bramed) a la obra social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios (Osmiss) luego de haber obtenido, presuntamente, su clave fiscal bajo engaño.
La situación fue advertida por el matrimonio a partir de la enfermedad que le descubrieron a la esposa. Le diagnosticaron linfoma Hodgkin el 28 de diciembre de 2020. Ese mismo día, la médica tratante de un reconocido centro médico de Córdoba le informó que, debido a su cuadro, quedaría internada y sería intervenida quirúrgicamente de urgencia en su corazón, ya que el tumor había ocasionado que se llenara de líquido el pericardio.
Al día siguiente, y mientras la paciente se encontraba internada, la mujer denunció que recibió una llamada de Bramed en la que le solicitaban la clave fiscal de su esposo para rectificar datos y proveerle la medicación solicitada.
Recién operada e imposibilitada de hablar, les dio el número telefónico de su marido.
Ante el pedido de la clave, el hombre, para quedarse tranquilo, envió un correo institucional a Migliavacca para constatar si ese número telefónico al que lo habían llamado pertenecía a la prepaga. Desde ese mail, según adujo el hombre, Migliavacca le contestó que el número correspondía al área de afiliaciones de Bramed y que se quedara tranquilo.
Con la seguridad de que precisaban su clave para acceder a proveerle la medicación urgente a su esposa, el denunciante les informó por WhatsApp la clave. Para el fiscal, Bayo habría accedido u ordenado acceder al perfil fiscal del denunciante mediante la clave entregada, y registrar la migración de obra social desde la prepaga a la nueva (de Ministros, Secretarios y Subsecretarios) seis días después de que la esposa fuera diagnosticada con el linfoma.
Así, Bayo habría asentado el cambio en la base de datos de la Superintendencia de Servicios de Salud sin el consentimiento del afiliado. La maniobra, según surge del expediente, la habría llevado a cabo con la participación de Migliavacca en las oficinas de Bramed en Córdoba capital, en la calle Obispo Trejo al 650.
Si bien la modificación de obra social se hizo el 4 de enero de 2021 a las 10.14, el cambio entró en vigencia el 1° de abril. El afiliado se enteró de que ya no contaba más con cobertura de Bramed cuando la empresa le informó por teléfono la situación.
Ante la desesperación por la situación de gravedad que atravesaba su esposa, el marido fue a las oficinas de Bramed, donde lo atendió Migliavacca, quien le habría confirmado que ya no poseían cobertura porque se habían cambiado de obra social voluntariamente, utilizando su clave fiscal, que es personal, y que Bramed no tenía acceso a ella.
Entre la fecha del cambio (4 de enero de 2021) y su impacto (1° de abril de 2021), la paciente comenzó su tratamiento oncológico.
Presentó diversos y reiterados problemas administrativos con Bramed porque, según denunciaron, la empresa no le proveía la medicación ni el tratamiento indicado por el equipo médico de oncología del centro médico tratante.
De acuerdo con la denuncia, eso le generó graves complicaciones en su salud, lo que derivó en reiteradas intervenciones quirúrgicas de urgencia y el empeoramiento de su situación. Para el fiscal, Bayo –en “connivencia” con Migliavacca– habría colocado a la paciente en una situación de desamparo, abandonándola a su suerte en un momento de suma gravedad, lo que generó desde el comienzo del tratamiento un grave daño en su salud física y psíquica de carácter irreversible.
Senestrari imputó a Bayo y a Migliavacca como coautores de los delitos de presunta introducción ilegítima de datos en un archivo de datos personales y abandono de persona agravado por haber resultado en un grave deterioro en la salud de la mujer.
Para zafar del juicio
A fin de evitar el juicio, el abogado de Bayo, José D’Antona, pidió al tribunal la concesión de la suspensión del juicio a prueba a favor de su representado. Ofreció ser el único pagador de $ 37 millones repartidos en siete cuotas mensuales y consecutivas.
Luego, el empresario mejoró la propuesta a $ 43.285.714 en ocho cuotas mensuales (la primera, de $ 6.285.714, y las siete restantes, de $ 5.285.714). En tanto, los abogados Carlos Nayi y José Nayi, en representación de Migliavacca, alegaron que el ofrecimiento económico de Bayo, como empleador de la imputada, la comprendía.
El matrimonio querellante (damnificado) no objetó la concesión de la probation porque ya había acordado la reparación con los imputados. El fiscal general federal de Córdoba capital, Carlos Gonella, acompañó el pedido de probation y consideró que la reparación era razonable.
Gonella sí solicitó que el empresario, dada su capacidad económica y debido a las características de los hechos reprochados penalmente, implementara en Bramed un curso de capacitación en perspectiva de género destinado a todo su personal, incluidos él y Migliavacca.
Bayo presentó un programa de capacitación dirigido a todos los empleados y directivos de Bramed llamado “Reeducación y formación en género, cuidado y convivencia responsable”, dictado por una especialista y con certificación.
El juez Falcucci hizo lugar al pedido de probation. Valoró que los imputados no registraban antecedentes penales y consideró que el ofrecimiento era satisfactorio y ajustado a las posibilidades de Bayo y de Migliavacca, como reveló el fiscal.
De esta forma, serán sobreseídos cuando los pagos se hayan completado.
