Durante muchos años las preguntas “¿cuánto les paga el Estado, padre?” o “¿cuánto cobran del Estado?” fueron recurrentes al momento de definir cómo era el financiamiento de la Iglesia Católica y en que medida su funcionamiento dependía de la contribución estatal.
Hoy esa consulta se sigue haciendo, de buena fe, porque persiste una creencia a veces confusa sobre cómo vive económicamente el principal culto religioso en Argentina.
“Es muy común que haya gente que crea que nos sostiene el Estado y nada está más alejado de la realidad que eso”, explicó el sacerdote y vocero arzobispal Munir Bracco. Y agregó: “Cuando uno responde “nada” abren los ojos desconcertados".
Gran parte de esa idea tiene su origen en una asignación mensual –sancionada por una ley nacional en 1979– que recibían obispos, sacerdotes y seminaristas, a la cual la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) renunció en una decisión histórica. Desde 2018 inició un proceso de renuncia progresiva a estos aportes estatales y desde 2024 es directamente nula.
“El sostenimiento de la obra evangelizadora en la Iglesia Católica se hace con el aporte generoso y voluntario de quienes formamos la comunidad religiosa”, advirtió el sacerdote.
“Por ejemplo, en una parroquia, los impuestos, los gastos corrientes, la ayuda de Cáritas, los gastos inherentes a la pastoral, los consumos de energía eléctrica, gas, teléfono, mantenimiento, etcétera, se pueden hacer si la gente ayuda. Y, gracias a Dios, hay colaboración. Pero, ciertamente, no todas las realidades son iguales”, explicó.
Como en una casa
Bracco, al frente de la parroquia Santa María de la Paz, en barrio Poeta Lugones, de la ciudad de Córdoba, contó que el sostenimiento económico es un escollo difícil para un buen número de comunidades eclesiales. “Llegás justo o ante la dificultad tenés que entrar a achicar gastos, como ocurre en las familias”, afirmó.
En la provincia de Córdoba cada una de las casi 300 parroquias administra sus fondos de modo autónomo a través de un consejo de asuntos económicos.
El dinero de la colecta o el aporte de un vecino ingresa en un registro y con eso se afrontan los gastos ordinarios: contribución al sacerdote, estipendios, secretaría, etcétera. Sin embargo, a veces ocurren gastos extraordinarios como puede ser algún arreglo edilicio y el cura, a viva voz, solicita una contribución al finalizar una misa.
Otro factor que incide en la economía de una parroquia es si la misma tiene un colegio parroquial. En la arquidiócesis capitalina son alrededor de 45. Allí si un sacerdote o religioso ejerce un cargo de gestión o educativo puede percibir una retribución económica.
“La elaboración del informe anual con el balance económico que se exhibe al frente del templo sirve para fortalecer la transparencia, el compromiso y la corresponsabilidad”, aseguró Bracco.
Algunas parroquias se sumaron al Programa Fe –desarrollado por la CEA– que es una propuesta concreta para crecer en corresponsabilidad y generar recursos propios para sostener la misión de la Iglesia en todo el país. La iniciativa ya cumplió cinco años, pero aún es minoritaria en nuestra provincia.
Organigrama arquidiocesano
Dentro de la estructura de la Arquidiócesis de Córdoba existe un servicio de contaduría que presta asesoramiento a las parroquias en la rendición de cuentas y los trámites de organismos públicos.
Además recientemente se incorporó una oficina de proyectos que tiene como objetivo gestionar recursos y financiamiento que permitan concretar iniciativas pastorales, sociales y edilicias.
Las líneas de acción prioritarias de esta oficina son las personas en contextos vulnerables, la vicaría de los jóvenes y de los pobres, el cuidado de la casa común, la educación y la formación profesional.
Un mismo destinatario
“También sucede que existen dirigentes o proyectos políticos que, por desconocimiento o por estar mal asesorados, dan a entender que la Iglesia “vive” del Estado; y la verdad es que en muchísimos lugares, ámbitos y realidades es la Iglesia la que subsidia al Estado", advirtió Bracco.
Si bien la Iglesia tiene algunas exenciones fiscales o subsidios mínimos, la institución se hace cargo de muchas áreas sociales que le corresponden al Gobierno: educación, salud, alimentación, entre otras.
“En muchas comunas rurales, por ejemplo, pero también en pueblos y barrios, al primero que llaman los vecinos es al cura (y no al jefe comunal) para que le hagas alguna gestión. Se hace por caridad, pero estrictamente se trata de acciones le corresponden al Estado en primer lugar”, mencionó el sacerdote.
Bienes
Al igual que en otros lugares, la Iglesia posee bienes inmuebles. Son catedrales, templos, edificios históricos, así como terrenos y otras propiedades. Los mismos son gestionados por la Oficina de Propiedades de la Arquidiócesis.
A menudo estos inmuebles tienen un valor cultural, histórico y religioso significativo por lo que su preservación es muy importante.
También cada parroquia tiene el deber de realizar un inventario exacto y detallado de los bienes muebles. Allí se registran las adquisiciones, pérdidas y enajenaciones.
Finalmente Bracco aclaró que, cuando una institución religiosa recibe una donación de un inmueble con cargos o condiciones específicas, el destinatario está obligado a cumplir con esos requisitos.
“Gracias a Dios contamos con personas que brindan su tiempo, dones, aporte económicos y posibilidades. Esto lo valoramos mucho. La obra evangelizadora es posible gracias a la generosidad de tanta gente”, concluyó Bracco.
