El Ministerio de Economía, mediante la Resolución 764/2025 y el Decreto 1018/2024, dispuso el inicio del proceso de liquidación del Fondo Procrear, que en su momento facilitó a miles de familias la posibilidad de acceder a la casa propia mediante líneas de créditos hipotecarios y desarrollos urbanísticos.
Tal como lo anunció en 2024, esta medida se fundamenta en la necesidad de “mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento y transparentar el gasto”, argumentando que el financiamiento de viviendas debe recaer en bancos comerciales y no en la gestión directa del Estado.
Además, la decisión se apoya en informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que detectaron demoras en la entrega de viviendas, falta de condiciones de habitabilidad, desactualización de manuales y dificultades para el control de recursos, además de sobrecostos y una administración poco transparente, según el Gobierno.
¿Qué pasará con los créditos Procrear ya otorgados?
Uno de los principales interrogantes concierne a los créditos hipotecarios y personales ya otorgados bajo las distintas líneas del Procrear. El Ministerio de Economía ha dispuesto que la gestión de estos créditos continúe bajo la administración del Banco Hipotecario S.A.
Para tranquilidad de los beneficiarios, se ha establecido que el contrato con el Estado mantendrá las mismas condiciones de retribución previstas en el fideicomiso original de 2012.
Esto significa que los titulares de los créditos mantendrán sus condiciones contractuales originales, incluyendo el monto, la tasa de interés, el sistema de actualización y el cronograma de pago. La seguridad jurídica de quienes accedieron a estos préstamos se mantendrá inalterada, sin modificaciones unilaterales de sus derechos u obligaciones.

La administración económica y legal de estos créditos, incluyendo el cobro de cuotas, la emisión de deuda y eventuales renegociaciones, permanecerá a cargo del Banco Hipotecario.
Además, la Secretaría Legal del Ministerio de Economía será la responsable de resolver eventuales causas judiciales derivadas de la operatoria del programa.
La Dirección Nacional de Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía supervisará la transferencia de las sumas líquidas recaudadas por el Banco Hipotecario a la Cuenta N° 2510/46 “Recaudación TGN”, previa deducción de su retribución y gastos.
Esta Dirección también podrá instruir la venta de carteras de créditos con bajo rendimiento de cobranza (inferior al 40%). Para los créditos no desembolsados en su totalidad o con dificultades administrativas, se priorizará la continuidad de las obligaciones ya asumidas.
El futuro de las obras sin terminar
La disolución del Procrear impacta en cerca de 17.000 viviendas que se encuentran en desarrollo en distintos puntos del país, con variados grados de avance. El Gobierno nacional ha resuelto que la continuación y finalización de estos desarrollos urbanísticos quedará a cargo de las provincias, los municipios o, en su defecto, del sector privado.
Este procedimiento ya se inició durante 2024, con la transferencia de proyectos habitacionales inconclusos a distritos como Catamarca, Chubut, Corrientes, Mendoza, Río Negro, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. En este último, la gestión de Axel Kicillof ha asumido el compromiso de finalizar y adjudicar viviendas con fondos provinciales.
Los municipios y gobiernos provinciales serán ahora quienes definan el futuro de las obras y la modalidad de adjudicación, que podrá ser a través de programas locales, subastas o alianzas con el sector privado.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) podrá recibir propiedades que no tengan contratos vigentes y gestionar su venta o cesión. En el caso de terrenos o proyectos aportados originalmente por provincias o municipios, se podrán acordar devoluciones totales o parciales de los predios.
Las viviendas que ya estén terminadas pero aún no adjudicadas, posiblemente se incorporen al mercado por medio de ventas directas, un cambio significativo con respecto a la adjudicación vía sorteo que caracterizaba al Procrear. Aún no se ha definido si contarán con financiamiento privado para facilitar el acceso a los compradores.
Los proyectos urbanísticos del Procrear (85 en todo el país, equivalentes a unas 18.500 unidades) que estén en marcha quedarán bajo la órbita provincial o municipal mediante convenios y traspasos. Aquellos proyectos que no hayan avanzado o no cuenten con contratos vigentes podrán ser vendidos o transferidos por el Ministerio de Economía a la AABE u otros organismos públicos.
La Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía ha sido encomendada para adoptar las medidas pertinentes para cumplir con estas disposiciones relacionadas con los bienes muebles e inmuebles.
La política habitacional futura
La eliminación de Procrear se enmarca en una reforma más amplia que busca replegar la intervención estatal directa en materia de vivienda, otorgando un rol protagónico a los bancos privados, empresas constructoras y gobiernos provinciales y municipales. En adelante, el acceso al crédito hipotecario dependerá de las condiciones del mercado financiero, en lugar de programas estatales orientados a sectores medios o trabajadores formales.
El Ministerio de Economía quedará a cargo de la liquidación definitiva del fondo, la administración de los bienes y la garantía del cumplimiento de todas las obligaciones pendientes.