Casi superando la grieta política, y con un altísimo nivel de acompañamiento legislativo, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó esta semana la denominada “Ley de Etiquetado Frontal”, que obliga a las empresas productoras de alimentos a incluir sellos negros en los envases de aquellos productos que contengan en exceso ciertas sustancias nocivas para la salud.
La nueva normativa apunta a advertir a la población –de una manera clara y contundente– sobre la calidad nutricional de esos alimentos. En principio, eso debería redundar en una baja en el consumo de los mismos o en un cambio en los procesos de producción de las empresas, para reducir los contenidos elevados de azúcar, sodio o grasas, entre otros elementos.
Eso al menos es lo que sucedió en países que ya implementaron iniciativas similares.
Para poder evitar los famosos octógonos negros, las industrias alimenticias tendrán que modificar no sólo los envases (por ejemplo, ya no podrán incluir figuras infantiles para incentivar el consumo), sino también cambiar la composición nutricional de los productos. Y a partir de allí se dispara una pregunta básica: ¿elaborar alimentos más sanos es también más caro? Y como consecuencia de ello, ¿los consumidores tendremos que pagar más por un producto saludable?
Hoy, los productos elaborados con insumos saludables y prácticas amigables con el medio ambiente tienen en el mercado un valor más alto que aquellos que incluyen ingredientes nocivos para la salud. Si bien se abarataron en los últimos años, siguen siendo productos que todavía apuntan a un nicho de consumidores de mayor poder adquisitivo, más atentos a la calidad de su alimentación. El grueso de la población –más en un país como el nuestro, en el que los alimentos son tan caros– se preocupa más por poder pagarlos.
Por ello, el costo de elaboración con una menor escala de producción y un mayor gasto en estrategias de marketing los convierte en más caros. También puede suceder que ciertos insumos tengan mayor valor. Pero lo cierto es que, en la medida que una empresa elabore una mayor proporción de productos sanos –porque la demanda también suba–, sus precios deberían tender a la baja. Y, en contrapartida, tendrían que aumentar los precios de los alimentos más nocivos.
Pero hay otra cuestión económica, tanto o más importante, derivada de esta ley de etiquetado frontal. Según estadísticas que algunos diputados detallaron durante el debate el martes pasado en la Cámara Baja, el 66 por ciento de la población argentina tiene exceso de peso (entre ellos, cuatro de cada 10 niñas, niños y adolescentes); el 32 por ciento padece obesidad; el 40 por ciento, presión arterial alta, y un 30 por ciento tiene colesterol elevado.
Todas esas condiciones físicas terminan, tarde o temprano, convirtiéndose en enfermedades más o menos graves, que deben ser atendidas por el sistema de salud, ya sea público o privado. Y atenderlas tiene un costo económico elevado. Lo mismo sucede con el cigarrillo, que todos los años demanda millones de pesos para atender a personas con cáncer de pulmón o con Epoc. El azúcar, el sodio, las grasas saturadas no tienen tanta mala “prensa” como el tabaco, pero el impacto que generan sobre la salud de las personas es muy parecido.
Amén de ser una excelente política de salud pública, la reducción en el consumo de estas sustancias por parte de la población no sólo evitará muertes y permitirá ganar años de vida. También posibilitará ahorrar dinero que podría utilizarse para otras cuestiones que, a la larga, son mucho más importantes que comer una hamburguesa con mayonesa o tomar una gaseosa azucarada.
