La irrupción de la pandemia aceleró la virtualización de muchos servicios que hasta entonces eran básicamente presenciales. Entre ellos, los financieros. Si bien el home banking existía desde antes de que el coronavirus nos complicara la vida a todos, lo cierto es que su utilización “explotó” a partir del aislamiento obligatorio. De hecho, el uso de dinero electrónico y de las operaciones digitales creció 31,5 por ciento en 2020 y otro 33,2 por ciento en 2021, según un informe de la Red Link.
Pero esa mayor utilización de los canales virtuales trajo aparejado un incremento de los delitos y las estafas perpetrados a través de internet. Y los más perjudicados vienen siendo los adultos mayores, mucho menos acostumbrados a relacionarse con la tecnología, en particular con aquella creada para realizar transacciones económicas y financieras. En consecuencia, suelen ser presas fáciles para los delincuentes.
Según el especialista en ciberseguridad Martín Durán, los fraudes virtuales y telefónicos tuvieron un aumento del 500 por ciento en los últimos dos años.
Entre las estafas más comunes en las que caen las personas mayores, está el phishing, ardid cometido a través de correos electrónicos que “invitan” a ingresar a enlaces que instalan programas maliciosos en la computadora o el celular, para terminar robando información valiosa sobre cuentas o claves bancarias.
En otros casos, clonan sus tarjetas de crédito o débito para realizar compras de envergadura o tramitar préstamos por grandes sumas de dinero. Los estafadores también aprovechan para “venderles” servicios inservibles o seguros de todo tipo, que muchas veces se debitan de las cuentas durante meses y meses, sin que ellos lo adviertan.
Asimismo, son comunes los llamados telefónicos o mensajes de WhatsApp que piden que transfieran dinero desde cajeros automáticos para saldar una supuesta deuda que nunca nadie tomó. O haciéndoles creer que ganaron un sorteo y que para recibir el premio deben proporcionar sus datos personales y bancarios.
Otras veces los ciberdelincuentes se hacen pasar por agentes de la Anses o el Pami –dos organismos oficiales muy familiares para los jubilados y los pensionados–, para convencerlos de que entreguen dinero o claves personales.
Mientras todo esto ocurre, bancos y tarjetas de crédito poco hacen para proteger los datos personales y financieros de esta población más expuesta a las estafas. Sus sitios web no suelen ser muy amigables para la navegación de las personas mayores, y los mecanismos para identificar y detener las estafas (stop debit, desconocimientos de compras, denuncias de transferencias, entre otros) no están claros y son muy engorrosos.
Los bancos son los creadores de las plataformas digitales, los que definen los controles de acceso y establecen los niveles de seguridad. Y cuando esas pautas son vulneradas, no pueden pretender que la responsabilidad sea del cliente, invirtiendo la carga de la prueba. Menos aún cuando las víctimas son mayores de edad, con menos competencias tecnológicas que otras más jóvenes.
No debe ser muy difícil establecer grados de seguridad mayores para las operaciones realizadas por personas de cierta edad, sin complejizar aún más los entornos virtuales, para preservar no sólo sus finanzas, sino también su seguridad personal.
Aunque en los últimos tiempos los bancos vienen reforzando sus sistemas en este sentido, las medidas parecen insuficientes y siempre corren por detrás del accionar de los ciberdelincuentes, cada vez más creativos y ensañados con las cuentas bancarias de nuestros “viejos”.
