La ilusión de la casa propia se transformó velozmente en amargura. Una beneficiaria del plan Procrear denunció en la Fiscalía Especializada en Cibercrimen de Córdoba haber sido víctima de una estafa online por la que se “evaporaron” casi 800 mil pesos por una “puerta” delictiva en su cuenta bancaria.
Las distintas modalidades de estafas a través de cuentas bancarias, redes sociales y correos electrónicos se han acentuado durante el encierro pandémico, cuando las operaciones y transacciones físicas se vieron afectadas por las restricciones oficiales/presenciales y, por contraste, aumentaron las digitales.
Términos como phishing (suplantación de identidad), vishing (combinación de una llamada telefónica con información previamente obtenida a través del pishing), smishing (engaño a través de mensajes de texto o WhatsApp) y skimming (se adulteran los cajeros automáticos y se roba la información de las tarjetas), ransomware (secuestro de información de una web) y sextorsión fueron ganando terreno entre damnificados y decenas de expedientes abiertos en la Fiscalía del Cibercrimen, a cargo de Franco Pilnik.
Esta fiscalía de competencia exclusiva investiga esos fraudes informáticos, sabotajes online y falsificación de documentos y firmas electrónicas, entre otros delitos.
El caso de la beneficiaria del Procrear
La mujer y su familia se inscribieron en la “línea Construcción” del Procrear. Esa línea posibilita el acceso al crédito para la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados en un lote propio.
Tras salir sorteados a fines de septiembre de este año, el 4 de noviembre fueron citados por el banco con el que se opera el desembolso para firmar la primera entrega de dinero o anticipo del crédito aprobado y girado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.
“En nuestro caso fue del 40 por ciento del total aprobado del crédito (4.018.100 de pesos). O sea, 1.607.240 de pesos. Pero en la cuenta del banco se depositaron 1.580.736 de pesos, ya que se restan gastos de seguro de vida y de incendio”, comentó la mujer.
De esos 1.580.736, solo se podía usar libremente el 70 por ciento, a través de transferencias bancarias, retiro por caja o cajero automático, mientras que el 30 por ciento restante solo podía utilizarse con tarjeta de débito en el rubro de construcción. “No se puede usar de otra forma que no sea con tarjeta de débito y por un monto máximo de 120 mil pesos por día”, recordó.
Los fondos son destinados para la construcción de su futura vivienda, el deseo mayoritario (y muchas veces, prioritario) de cualquier familia.
Sin embargo, dos semanas después del depósito del anticipo, el 19 de noviembre, entre las 19.15 y las 20 se produjo lo que la mujer denunció como el primer hecho de estafa. Al revisar su cuenta a través del home banking notó un faltante de 640 mil pesos (cifras redondas).
De acuerdo a la denuncia, los fondos “emigraron” a través de cinco operaciones: cuatro de ellas de Debín (un medio de pago que debita un monto de la cuenta -lo cobra online- de manera inmediata solicitando autorización previa al titular) y una quinta, mediante una transferencia a otra cuenta.
Las operatorias no fueron autorizadas por la denunciante (titular de la cuenta), por lo que se presentó ante la Fiscalía de Cibercrimen para denunciar los episodios. Lo hizo luego de un intento errático en una unidad judicial para poder ser asesorada y canalizar adecuadamente la denuncia, según comentó a La Voz su abogado, Facundo Juárez.
“En las unidades judiciales no tienen idea (de los delitos informáticos), de qué se trata. Tienen una leve capacitación. No le querían tomar denuncia, hasta que denunció el caso en Delitos Económicos”, señaló y explicó cómo fue la maniobra, que sería frecuente en otros casos.
“Primero, hacen algún tipo de contacto, sea telefónico, vía mail, u alguna otra maniobra mediante la cual recaban una primera información de la cuenta (suelen inducir de algún modo a la victima a aportar información)”, señaló.
“Con ese dato, luego los estafadores gestionan en la compañía telefónica de la víctima, en este caso Personal, un chip a nombre de ella. Al dar de alta el chip, se bloquea la cuenta de la damnificada, y ellos empiezan a operar desde el celular, accediendo a la app del home banking. Una vez que ingresan al home banking hacen lo que quieren”, completó.
Otra transferencia
La situación empeoró cuando el 17 de este mes, por disposiciones del Procrear, se generó un nuevo desembolso por 1.260.547 de pesos en la cuenta. Pero, llamativamente para la mujer, ese mismo día se realizó una nueva trasferencia por 150 mil pesos (nuevamente, una cifra redonda) desde su home banking, sin su autorización.
La “transferencia de dinero, aparentemente, se encontraba programada para esa fecha, lo cual no fue informado por el banco, aportando dicha entidad solo un detalle de las operaciones realizadas”, según planteó el querellante.
El letrado advirtió a la Fiscalía que, ante la falta de información del banco, podrían realizarse más depósitos nacionales “programados” en la cuenta, por lo que le pidió al instructor que notifique de forma urgente al Ministerio de Desarrollo (como responsables de efectuar los desembolsos de dinero en la cuenta) del presunto “delito continuado”.
De ese modo, le requirió que el organismo sea alertado para que así frene los siguientes desembolsos y/o realice el cambio de banco hasta tanto se resuelva la “desaparición” del dinero acreditado en su momento, vía Debín y transferencias. Con la solicitud, la denunciante busca evitar posibles nuevas estafas como la que denunció.
Asimismo, pidió al fiscal que exija al banco que informe sobre la última transferencia no autorizada de 150 mil pesos a otra cuenta y que la entidad disponga urgentes medidas para evitar futuras transferencia y/o extracciones de los fondos.
Lo extraño de la situación, según comentó Juárez, es que la cuenta fue bloqueada, pero, a pesar de ello, la denunciante puede realizar pagos con débito.
Y añadió que amén de intentar contar con información precisa del banco sobre la serie de situaciones irregulares denunciadas, no pudieron hacerlo de la forma apropiada, ya que en Córdoba la sede de la entidad solo cuenta con oficinas comerciales, pero no legales.
--
Para denunciar: Fiscalía Especializada en Ciberdelitos. 0351 4481000–4481016 (internos 10519/10573). Duarte Quirós 650, piso 13 (edificio del Ministerio Público Fiscal). Correo: cibercrimen@justiciacordoba.gob.ar
