Una vez que las familias deciden tomar el camino legal para lograr la cobertura de tratamientos de alto costo es cuando acuden a la herramienta del amparo y es ahí también cuando el juez debe poner en balance distintos derechos para tomar una decisión por demás compleja.
Consultada sobre los criterios empleados a la hora de resolver este tipo de casos María Inés Ortiz, jueza de la Cámara Contencioso Administrativa N° 2 del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba explicó a La Voz que el principio es unívoco.
“Usamos el enfoque de derechos humanos. Es muy difícil que un juez rechace ese tipo de prestaciones médicas cuando es la vida o la muerte. Diferentes son los criterios cuando aparecen alternativas terapéuticas que científicamente están probadas pero no están incorporadas al nomenclador de prestaciones de una obra social”, detalló.
Ortiz indica que para que proceda la aprobación en estas situaciones se debe acreditar la evolución del paciente, cómo esa práctica mejorará su calidad de vida y que efectivamente sea un tratamiento indicado para la patología.
“Aunque se comparten marcos normativos, en materia de salud no hay generalidades es la justicia del caso concreto. No hay enfermedades sino enfermos y la jurisprudencia trata cada caso en su particularidad”, señaló Ortiz.
En esa línea también se expresó Lorenzo Barone, doctor en derecho e investigador en jurisprudencia sobre amparos de salud: “El criterio central es la situación particular del paciente. El segundo aspecto es el nivel de certificación médica que tiene la prestación que se quiere conseguir. Si está aprobada por Anmat la terminan otorgando”.
En general, el profesional coincide en que la mayoría de casos son aprobados, más aún si se hacen conocidos. Los rechazos ocurren si no hay suficientes pruebas de la validez científica en los tratamientos. En ese caso varía la mecánica y no hay un solo argumento de declinación sino que suelen acompañarse con otros.
Por otro lado, es importante destacar que no todas las familias que pasan por enfermedades que requieren tratamientos de alto costo acceden a una visibilidad mediática y algunas ni siquiera a una defensa legal.
“Como recomendación para estos casos yo aconsejo que se acerquen a las asesorías civiles de los tribunales provinciales o federales donde se trabaja en la defensa gratuita de los derechos ante la justicia”, señaló Barone.
En ese sentido, la bioeticista María Susana Ciruzzi remarcó que no todos conocen sobre estas asesorías legales gratuitas y por eso en general esas personas no logran los tratamientos o fármacos que necesitan.
“La Justicia hoy ha sido desplazada por los medios porque la gente se ha dado cuenta de que la forma en que logra visibilidad su reclamo no es a través de un juez sino a través de los medios”, agregó.
Y cerró: “Muchas veces la resolución de estos amparos sucede porque ningún juez quiere aparecer en la prensa como un desalmado que denegó una oportunidad a un paciente. Siempre es más sencillo dar lugar a un amparo que rechazarlo”.
