Pablo Carlos Molina (54), exsecretario penal del Juzgado Federal de Corrientes, se encuentra a un paso de sumar su segunda condena al ser juzgado por ordenar escuchas telefónicas ilegales a su propia esposa.
El motivo detrás de esta grave acusación: la sospecha de infidelidad con un hombre que había sido novio de su mujer en la década de los 90.
Los fiscales generales Carlos Schaefer y Martín Uriona han solicitado para el exfuncionario judicial una pena de cinco años de prisión y la inhabilitación absoluta y especial por una década.
Molina es acusado de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, en concurso real.
Por su parte, la defensa de Molina solicitó su absolución. El veredicto final se espera para el próximo 29 de julio.
Un caso de celos con abuso de poder
Los hechos que ahora se juzgan ocurrieron a mediados del año 2014.
En aquel entonces, Pablo Molina sospechaba de infidelidades por parte de su esposa en un momento en que el vínculo entre ambos no atravesaba por su mejor etapa.
La situación escaló cuando, el 27 de agosto de 2014, la mujer lo denunció penalmente en Resistencia, Chaco, por amenazas y lesiones.
Apenas dos semanas después de la denuncia, Molina y el entonces juez federal Carlos Vicente Soto Dávila dispusieron la intervención de la línea telefónica de la mujer y de la persona que Molina sospechaba que era su amante.
En su rol de secretario penal, Molina confeccionó y firmó el 11 de septiembre de 2014 un oficio judicial dirigido a la Dirección de Observaciones Judiciales de Zona Corrientes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), solicitando las escuchas a su pareja y al amigo de la infancia.
La trama para espiar: un narco-pretexto
Para justificar las intervenciones telefónicas ilegales, Molina argumentó falsamente que los números de teléfono intervenidos pertenecían a personas que integraban una organización narco que estaba siendo investigada por Gendarmería desde 2013.
Sin embargo, un oficial de Gendarmería señaló que esto le resultó “extraño”, ya que el expediente mencionado había dispuesto el cese de la investigación tras la detención de los sospechosos, y los teléfonos previamente intervenidos eran de Paraguay, la provincia de Buenos Aires y Mendoza.
Otro gendarme involucrado en la investigación por narcotráfico en la que Molina solicitó las intervenciones, fue categórico al afirmar que nunca elevó esos celulares al juzgado y desconocía a quiénes correspondían.
Además, un oficial de la fuerza relató que Molina le comunicó telefónicamente haber ordenado las intervenciones y que los CD con el contenido debían ser remitidos a su oficina “sin abrirlos” para ser “analizados” por el juzgado, lo que le pareció un planteo raro.
Según el fiscal Martín Uriona, Molina “procuró la intervención ilegal de su pareja y de un allegado de ésta en una causa en la que ya se había pedido el cese de la investigación, es decir, que podía lograr el archivo de forma rápida luego de obtener las intervenciones ilegales”.
El fiscal Schaefer añadió que Molina “utilizó a las instituciones del Estado para su fin espurio, ilegal y violento” y “se sirvió de las escuchas para atacar, como quien se sirve de un arma para disparar.
Es decir, usó todos los medios para lograr el objetivo: saber qué decía su mujer y un particular, para atacar”.
Evidencia comprometedora y amenazas personales
El caso salió a la luz en marzo de 2019, después de que Molina fuera relevado de su cargo por beneficiar, junto con Carlos Soto Dávila, a una organización narco en Itatí.
Durante el relevamiento de elementos en la oficina de Molina, empleados judiciales encontraron 28 discos compactos con escuchas realizadas entre el 18 de septiembre y el 1° de octubre de 2014.
En gran parte de estas grabaciones, se escucha al propio Molina insultando y amenazando a su pareja. Incluso, el ex funcionario amenazaba a su mujer con quitarse la vida delante de su casa.
En una de las escuchas, Molina le dice: “¿Vos te pensás que me vas a frenar con una puerta si te quiero arrancar el mate? ¿Vos te pensás que con una orden me vas a frenar a mí? Soy un obsesivo cuando quiero”. Esto se dio en el contexto de la sospecha de Molina de que su esposa había solicitado una restricción perimetral a la Justicia del Chaco.
Las conexiones narcocriminales y condenas previas
Pablo Carlos Molina ya cuenta con una condena previa de cinco años de prisión. Fue considerado integrante de una asociación ilícita que operaba en el Juzgado Federal de Corrientes y era encabezada por el ex juez federal Carlos Soto Dávila, quien fue condenado a seis años por cohecho pasivo y prevaricato.
Esta condena actual de Molina y Soto Dávila se encuentra en revisión, con la Cámara de Casación Penal disponiendo que la pena sea elevada, y la causa está ahora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los fiscales señalaron que el mismo día en que se ordenaron las escuchas ilegales a la esposa de Molina, él y el juez Soto Dávila firmaron “una resolución prevaricante que le otorgó la exención de prisión al narcotraficante, Carlos Alberto Bareiro, alias ‘Cachito’”.
Bareiro fue identificado como el líder de una organización que operó por años en Itatí, traficando grandes cantidades de marihuana a diversas partes del país, y todo esto a cambio de un millón de pesos. Carlos “Cachito” Bareiro ya ha sido condenado por narcotráfico.
El fiscal general Carlos Schaefer también busca que el ex juez Carlos Soto Dávila sea juzgado por estas mismas escuchas ilegales, habiendo presentado un recurso de Casación contra la resolución que dictó su sobreseimiento.
Qué sigue en el juicio
El ex secretario Pablo Carlos Molina tendrá la oportunidad de hablar por última vez antes de que los jueces Manuel Moreira, Fabián Cardozo y Jorge Gallino pasen a deliberar para dictar sentencia.
La decisión final sobre su culpabilidad y la pena a imponerse se dará a conocer el 29 de julio próximo
