Tras la sanción de la ordenanza N° 13.387 que estableció la prohibición de vehículos de tracción a sangre animal dentro del ejido de la ciudad de Córdoba, un grupo numeroso de recicladores y carreros de la Cooperativa La Igualdad se encuentra frente a un dilema: no poder trabajar porque aún no han completado el programa de modernización de medios de trabajo para recuperadores urbanos y ser plausible de multas.
“Nosotros acompañamos la transformación, las autoridades se comprometieron a capacitarnos pero la nueva gestión municipal incumplió los plazos y están en juego nuestras fuente de trabajo”, indicó Ramón Gallardo, uno de los afectados.
Este martes un grupo de trabajadores se movilizó al Palacio 6 de Julio para hacer oír sus reclamos tras infructuosas instancias anteriores. Desde la Municipalidad de Córdoba expresaron a este medio que por el momento no realizarán ninguna declaración al respecto.
Sobre el tramo final de la gestión de Victoria Flores al frente del Coys, el ejecutivo entregó 160 motocargas eléctricas a diferentes cooperativas en el marco de este programa. Sin embargo, según manifestaron desde La Igualdad, eso se frenó en los últimos meses.
El objetivo fue que los recuperadores urbanos de la ciudad entregaran sus caballos y realizaran cursos de alfabetización y oficios, además de que se les entregue una licencia de conducir para manejar los coches. Solo 70 de los 250 trabajadores de la cooperativa pudieron completar el programa en la primera edición.
A fines de septiembre se cumple el plazo de un año de la promulgación de la ordenanza y en estas condiciones los recicladores tienen una profunda incertidumbre sobre lo que pasará con sus fuentes laborales.
“Está muy difícil la situación económica, no queremos nada por fuera de la ley, solo que cumplan con el compromiso”, agregó Gallardo. Además sin motocargas ni capacitación se encuentran frente a la posibilidad de ser multados si circulan sin autorización.
Si bien la ordenanza estableció que hasta fin de septiembre no habrá persecución a quienes usen carros con caballos, desde La Igualdad denunciaron hostigamiento desde organizaciones proteccionistas y fuerzas de seguridad.
La ordenanza tiene como objetivo generar oportunidades de ingreso de dinero genuino como recolectores urbanos u oficios alineadas con la normativa vigente en materia de derecho animal. En la misma norma se establece que el Coys debe garantizar la capacitación y reinserción laboral a los fines de alcanzar la inclusión social.
Originalmente el programa había incluido un censo a los trabajadores para constatar quienes tenían carro y caballo, un convenio con las universidades Nacional y Provincial para el dictado de los cursos, la articulación con la Secretaría de Movilidad Urbana para la enseñanza del manejo y las normas de tránsito y una primera subasta para la compra de los vehículos.
Desde la cooperativa contaron que mantuvieron una reunión en abril con la actual titular del ente, Verónica Bruera, quién les prometió la reanudación de los cursos (herrería, carpintería, auxiliar en instalaciones eléctricas, pintura de obra, jardinería y recuperador urbano), lo que finalmente no ocurrió.
Problemas de mantenimiento
Otro inconveniente que manifestaron desde la cooperativa fue que existen casos de beneficiarios que cuentan con sus motocargas eléctricas pero que por su propio uso se han roto. Si bien el convenio tiene garantizado el mantenimiento por un año, desde la agrupación de trabajadores advirtieron falta de información sobre cómo, dónde y cuándo puede arreglarse y la dificultad de conseguir repuestos para arreglarlas por sus propios medios. “Tenemos compañeros que están parados hace tres meses por este problema”, finalizó Gallardo.
La Cooperativa la Igualdad está presente principalmente en la zona sur oeste de la ciudad que incluye los barrios San Roque, Villa La Tela, Las Violetas, La Pichana, Villa Martínez, Villa Unión, Villa Ávalos, Costa Canal S/N, Santa Ana, Villa Angelelli y Ciudad Parque Las Rosas.
Una ordenanza que fue disruptiva
La ordenanza que prohíbe la tracción a sangre en la ciudad de Córdoba fue sancionada por el Concejo Deliberante el 7 de septiembre del año pasado. Y el Departamento Ejecutivo la promulgó el 29 de septiembre, fecha que marcó la cuenta regresiva de un año en el que se debía trabajar con los carreros para la reconversión.
Se modificó el Código de Convivencia Municipal, que en el artículo 220 permitía que los carros puedan “transportar y dar disposición transitoria respecto de residuos inorgánicos reciclables, resto de poda, obras y demoliciones de menor escala, cartón o papel”.
La normativa establece multas de entre 30 y 50 UEM (Unidades Económicas Municipales, que en junio son $ 8.368), que equivalen a $ 251.040 y $ 418.400, para quienes circulen en vehículos de tracción a sangre animal o los utilicen para transporte de carga o personas en la vía pública. Cuando en el vehículo de tracción a sangre animal hubiere personas menores de edad, la sanción se agravará de 50 a 60 UEM.
Además, la ordenanza establece multas de entre 30 y 50 UEM para quienes contraten, utilicen o aprovechen el transporte de cargas o personas con vehículos de tracción a sangre animal.
Jorge Folloni era el secretario de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba y autoridad de aplicación de la ordenanza. En la actualidad, continúa en ese cargo.
Cuando se sancionó la norma, el funcionario había remarcado que se contemplaba un plan de acompañamiento para los recuperadores urbanos que se vean afectados por la prohibición de la tracción a sangre animal.
Y había asegurado que el actual intendente, Daniel Passerini, profundizaría el trabajo con los carreros. Algo que, según denuncian los dueños de los carros a caballo, no se estaría cumpliendo.
