No existe en la historia criminal de Córdoba un juicio por asesinatos en serie. No hay antecedentes cercanos de juzgamiento de un exministro y de buena parte de la conducción política de un área de gobierno por encubrimiento.
En muchos sentidos, el juicio por las muertes de bebés en el hospital Materno Neonatal que comienza este lunes en una sala especialmente acondicionada en el subsuelo de Tribunales II en barrio Güemes de la ciudad de Córdoba es histórico.
La principal acusada es la enfermera obstétrica Brenda Agüero, a quien se le atribuyen las muertes de cinco recién nacidos en el hospital Materno Neonatal y las tentativas de homicidio de otros ocho bebés.
También serán juzgados 10 exfuncionarios del Ministerio de Salud de la Provincia, con el exministro Diego Cardozo a la cabeza. Llegan acusados por distintos delitos, desde omisión de deberes de funcionario público al encubrimiento calificado.
Esto también es una singularidad, incluso global. En un caso con similitudes, el de la enfermera británica Lucy Letby, ella es la única acusada, no hay funcionarios ni autoridades hospitalarias bajo proceso penal.
Además de Agüero, la exdirectora del hospital Materno Neonatal Liliana Asís llegará en calidad de detenida al juicio, pero por su edad y su estado de salud, cumple prisión en su domicilio.
Pero no serán las únicas con custodia: dos padres que son querellantes seguirán el juicio con un guardia del Servicio Penitenciario al lado. Matías José Rodríguez y Walter Matías Gigena son padres de bebés lastimados en el hospital y actualmente están detenidos en el Complejo Carcelario de Bouwer, pero asistirán al juicio como querellantes y actores civiles.
El debate está a cargo de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación, con la presidencia de Patricia Soria, que dirigirá las audiencias junto a los camaristas José Daniel Cesano y Laura Huberman. Es un juicio con jurados populares. Hay audiencias programadas por seis meses, lo que llevó a que se designen ocho jurados titulares y 12 suplentes. Todos deben presenciar todas las audiencias.
Además de Cardozo y Asís, la lista de exfuncionarios acusados se completa con Pablo Miguel Carvajal (exsecretario de Salud provincial), Alejandro Tomás Escudero Salama (exsubdirector de Gestión Administrativa del hospital), Alejandro Gabriel Gauto (exjefe del Área Legales del Ministerio de Salud), Claudia Elizabeth Ringhelheim (exsubdirectora médica del Neonatal), Marta Elena Gómez Flores (exjefa de Neonatología), Alicia Beatriz Ariza (exjefa de Enfermería), y las médicas María Alejandra Luján y Adriana Luisa Moralez.
El Ministerio Público Fiscal estará representado por los fiscales de cámara Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini. En tanto, 14 personas damnificadas se constituyeron como querellantes particulares y 29 iniciaron acciones civiles contra los imputados y contra el Estado provincial.
El primer día
En la primera jornada del juicio se resolverán, si existen, incidentes y nulidades planteadas por las partes. Luego, la secretaria de la Cámara leerá la acusación: una descripción de los hechos y las figuras penales que se atribuyen a cada uno de los 11 imputados. Esto podría insumir unos 45 minutos.
Inmediatamente después, cada una de las partes tendrá 15 minutos para hacer su “presentación del caso” a los jurados populares. Habitualmente, en ese speech cada uno expone lo que cree que pasó y promete que podrá probarlo. Los primeros en hablar serán Ruiz Moreno y Ballestrini, quienes tomarán siete minutos y medio cada uno para plantear a los jurados populares qué se debatirá en este proceso.
Les seguirán los abogados que representan a los querellantes. Entre ellos, está el abogado Carlos Nayi, quien aboga por tres madres que perdieron a sus bebés en el hospital, y Daniela Morales Leanza, que representa a otras cuatro querellantes.
El turno de los acusados se abrirá con Gustavo Nievas y Juan Manuel Riveros, los abogados de Brenda Agüero. Más tarde hablarán Felipe Trucco (defensor de Asís) y Germán Matheu (abogado de Cardozo). En este grupo, también se destaca la participación de Justiniano Martínez, otro penalista peso pesado, que interviene como defensor de Carvajal. Claudio Orosz, de destacada trayectoria en causas de derechos humanos, hablará por Alejandro Escudero Salama.
Una vez completada la ronda de intervenciones de “teorías del caso”, se tiene que retirar la prensa de la sala y ya no se puede televisar en vivo el juicio, por disposición de la Cámara.
A continuación, será el turno de la palabra de los acusados, que es un derecho, no una obligación. En principio, Brenda Agüero hablará, pero no hará una presentación extensa como había previsto originalmente su equipo de defensa, sino una declaración general, inicial, en la que planteará su inocencia y cuestionará sin entrar en mayores detalles la investigación preparatoria.
Los abogados de los exfuncionarios definen por estas horas si aconsejan remitirse a lo declarado en la instrucción y dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento del juicio o hacerlo ahora. Adriana Moralez, la médica que tenía a su cargo el Cuidado del Paciente en el hospital y que ya hizo declaraciones públicas, en una nota que publicó hace dos meses La Voz, ya definió que declarará, por consejo de su abogado Ezequiel Elletore. También lo haría la médica Luján, asistida por Leonardo Monti.
Cuando terminen los imputados, empezarán a declarar las madres. Ellas además de víctimas, son testigos y en esa calidad no podrían presenciar los testimonios de otros testigos antes de dar su testimonio. Es por esto que, en orden cronológico de los casos, registrados entre marzo y junio de 2022 en el hospital, hablarán las 13 madres, los padres y los familiares de los bebés muertos o heridos en el Neonatal.
Es probable que al menos la primera semana del juicio se vaya en esto.
Tras las declaraciones de las madres y otros querellantes, comenzará la revisión de las pruebas y la recepción de otros testimonios. Hablarán los testigos, se proyectará material audiovisual, se escucharán los audios de las intervenciones telefónicas y van a concurrir los peritos, tanto los oficiales como los de parte.
Cuánto durará el juicio
La Cámara ya agendó 78 audiencias hasta el 30 de junio. En enero se harán 16, de lunes a jueves, entre las 9 y las 14.30. En febrero se prevén 12 audiencias. Además de pasar a tres audiencias por semana, las jornadas se acortarán media hora: de 9 a 14. En marzo habrá 10, en abril 13 audiencias, en mayo 12 y en junio otras 13. Lo que apura al tribunal es que la principal acusada, Brenda Agüero, llega detenida, con prisión preventiva, desde agosto de 2022. La última prórroga posible para esta situación se vencería en agosto de este año, cuando se cumpla el tercer año de su detención sin condena.
En las audiencias preliminares se conformó un listado de 280 testigos. Las partes se comprometieron a renunciar a algunos de ellos cuando consideren que su aporte ya no es relevante o que esté suficientemente probado lo que quieren demostrar. Pero también pueden surgir pedidos de nuevos testigos, careos o pruebas nuevas.
La cantidad de actores que tiene la causa, 13 familias querellantes y 11 imputados, puede llevar a que se hagan eternos los interrogatorios a los testigos. El tribunal pidió que no se redunde en las preguntas. Los camaristas pueden preguntar, pero es costumbre de la Cámara Séptima limitarse al rito de los datos personales y dejar el interrogatorio a las partes.
Hay un actor más que puede preguntar: son los abogados del Gobierno provincial, que está demandado en acciones civiles. La Provincia intentó ser querellante en la causa, pero esto fue denegado ya en la etapa de instrucción.
Un juicio civil dentro de otro penal
Además de querellantes, los damnificados por las muertes y los ataques a bebés en el Neonatal son actores civiles que demandan a la Provincia. La parte penal es decisiva en ese planteo de resarcimiento: si los acusados salen absueltos, el Gobierno resulta eximido de pagar por responsabilidad civil y reparación del daño. Aunque puede caer antipático, esta simultaneidad puede ser aprovechada por las defensas, como sugiere ya el abogado de Brenda Agüero, Gustavo Nievas: “Hay unas cifras millonarias en contra de la provincia de demandas que son legítimas, pero es algo que está ahí medio escondido y nadie habla de eso. Hay que tener en cuenta que si los absuelven a todos, los querellantes tienen que litigar con un juicio con una sede civil. Y si no, si condenan a los funcionarios o eventualmente a Brenda, cobran rápidamente. No es lo más relevante, pero es un dato para tener en cuenta, sobre todo por el nivel de credibilidad de los testigos”, dice.
Una sala presencial, cuatro “en espejo” y una guardería
La sala “presencial” se reservará fundamentalmente para la concurrencia del tribunal (jueces técnicos y jurados populares), las partes y sus representantes legales, los familiares y allegados de las personas imputadas como así también de las víctimas. El recinto está equipado con pantallas de televisión, parlantes, aire acondicionado y mesas de trabajo.
Además, se habilitarán cuatro salas “espejo”, destinadas a la prensa, a representantes de instituciones acreditadas y al público en general, con pantallas y equipos de sonido que transmitirán de manera sincrónica el desarrollo de las audiencias.
Asimismo, habrá una sala especialmente acondicionada para que, durante las audiencias de debate, puedan permanecer las hijas y los hijos de quienes participarán en el juicio como querellantes particulares. Este espacio que estará ubicado cerca de la sala presencial contará con el mobiliario necesario para niñas y niños de corta edad. Hay mesitas y sillitas bajas, juegos didácticos y habrá bebidas y alimentos.
Un jurado difícil de conformar
Para conseguir 20 jurados populares, 8 titulares y 12 suplentes, hubo que convocar a más de 70 ciudadanos incluidos en el padrón sorteado por la Justicia para los debates de 2025. El requisito que plantea la ley es tener un nivel educativo mínimo de tercer año de la secundaria aprobado. Los jurados populares en Córdoba nacieron con paridad de género: la mitad de los miembros titulares y la mitad de los suplentes son mujeres. Muchos convocados se excusaron por la duración de la “carga pública”, por problemas de salud o familiares, tener personas a cargo de su cuidado u otros motivos. Otros fueron descartados por las partes en los interrogatorios que se hicieron tres audiencias convocadas por la Cámara por tener algún tipo de vinculación con alguno de los involucrados o evidenciar que tenían una posición tomada sobre el caso. Hubo dos personas convocadas que eran familiares de empleados actuales del Neonatal, que fueron recurridos. Y un hombre que no había planteado ninguna objeción a tomar la tarea tuvo que ser descartado cuando reveló que uno de los imputados, el exministro de Salud Diego Cardozo, lo asistió en una emergencia, en una historia que tiene ribetes desopilantes.
Se les pagará 31 mil pesos por día (2 mil pesos más por jornada que a los últimos jurados de 2024), más los traslados y se les asegurarán las comidas y bebidas en los horarios del juicio. Ninguno de ellos puede hacer declaraciones ni revelar datos del juicio ni siquiera de manera privada, algo que es difícil de controlar pero que de todos modos figura entre las indicaciones de la Cámara.
Traslados diarios para Brenda
Brenda Agüero será llevada por el Servicio Penitenciario todos los días desde Bouwer y al término de cada audiencia tendrá una hora de entrevista a solas con sus defensores. El viernes pasado, para preparar su declaración, fue llevada a Tribunales 2, donde se entrevistó con Gustavo Nievas y Juan Manuel Riveros. Los abogados habían planteado dificultades para hacerle llegar documentación en papel a Brenda en su encierro carcelario y pidieron que se le provea de un Kindle. El Servicio Penitenciario le limitó el uso a una hora y media por día, pero eso fue revocado de inmediato por la Cámara que le autorizó a usarlo todo el tiempo que lo necesite para leer el expediente y los materiales que le enviaron sus defensores para prepararla para el juicio.
